En el marco de la aprobación de la Ley de Salud Mental en el Senado que obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra, el representante de la Cámara Alta Gerardo Zamora advirtió por la falta de recursos provinciales para dar respuesta a las nuevas demandas por la posible y futura normativa nacional. “No es posible asignar nuevas obligaciones a las provincias sin los recursos para cumplirlas, es una forma cada vez más reiterativa en desmedro del federalismo”, advirtió el senador nacional por Santiago del Estero en sus redes sociales.
Tras un debate centrado en las internaciones involuntarias, el financiamiento del sistema y el alcance de la atención a pacientes, Zamora afirmo que el proyecto tiene un “error de enfoque”, sosteniendo que el texto aprobado desarticula los equipos interdisciplinarios en favor de una “supuesta preeminencia psiquiátrica”.
Zamora recordó además que él presentó un proyecto alternativo que no fue tenido en cuenta durante el tratamiento legislativo y que, a su entender, era superador al propuesto por el Poder Ejecutivo nacional. Tras la aprobación, el legislador ratificó su compromiso de seguir trabajando por una normativa superadora.
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En la misma sesión, también se trataron otros proyectos relacionados al Régimen de Incentivo a las Inversiones, la regulación de los mercados de carbono y la incorporación de la educación emocional.
Qué dice la reforma de la ley de Salud Mental
Entre las principales modificaciones que contempla la iniciativa, la regulación de la internación involuntaria ocupa un lugar central. El texto establece que “se reemplaza el criterio de ‘riesgo cierto e inminente’ por riesgo grave para la salud propia o de terceros, permitiendo considerar antecedentes del paciente”.
A su vez, se dispone que “en urgencias, la decisión podrá ser tomada por un médico con formación en salud mental junto a otro profesional, sin requerir obligatoriamente la firma inicial de un psiquiatra”, debiendo revalidarse en un plazo de 48 horas mediante un equipo interdisciplinario y habilitando la teleconsulta en caso de falta de especialistas en la zona.
En lo relativo al control institucional y administrativo, el proyecto fija que “las medidas se comunican a la Justicia para su control en lugar de requerir autorización judicial previa”. Asimismo, la propuesta determina que “se exige un plan de egreso desde el diagnóstico y se delimita la intervención familiar a círculo cercano“, con el objetivo de agilizar los procedimientos sanitarios.
Por último, en cuanto a los enfoques específicos de la atención, la reforma “incorpora perspectiva de autonomía progresiva para menores en espacios separados de adultos y se suman los consumos problemáticos y la ludopatía“. En materia de infraestructura y recursos, la norma señala que “se mantiene la prohibición de nuevos manicomios, permitiéndolos de forma excepcional, y se prevé cooperación presupuestaria entre Nación y provincias”.