La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de una demanda por daño moral tras una discusión de tránsito en la avenida Santa Fe, en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal consideró que la filmación aportada por el reclamante no alcanzó para reconstruir con precisión cómo ocurrieron los hechos ni para acreditar la conducta atribuida al demandado.
El caso se originó a partir de un episodio ocurrido el 29 de abril de 2021, cerca de las 13.30, entre las calles Junín y Ayacucho. El demandante —de 26 años en ese momento— circulaba en una motocicleta en dirección al centro porteño y llevaba una cámara colocada en el casco, que registró parte de la secuencia. La demanda sostuvo que un automóvil Ford Fiesta cambió de carril sin señalizar e invadió su línea de marcha.
Según la presentación inicial, no hubo choque entre los vehículos, pero el motociclista hizo sonar la bocina y profirió insultos al conductor del automóvil. Siempre de acuerdo con ese relato, el automovilista volvió a cruzarse delante de la moto, le cerró el paso, descendió del vehículo y pateó la motocicleta a la altura del tanque de combustible.
El reclamante afirmó que esa patada provocó su caída y que, una vez en el suelo, recibió golpes y patadas. También indicó que el otro conductor se retiró, pero luego regresó al lugar con intención de retomar la agresión. La intervención de personas que pasaban por la zona habría evitado una nueva confrontación.
Después del hecho, el motociclista radicó una denuncia por lesiones leves en una comisaría vecinal. Al día siguiente amplió su declaración para informar la patente del automóvil, que también podía verse en la filmación. La investigación penal fue archivada porque no se pudo identificar al sospechoso y porque el denunciante no se presentó a instancias previstas para el reconocimiento médico y la individualización del presunto agresor.
En el fuero civil, el demandante reclamó una indemnización de $3 millones por consecuencias no patrimoniales, además de intereses. También pidió que se ordenara al demandado realizar cursos de seguridad vial y de manejo de la ira, como medida destinada a evitar que se repitieran situaciones similares en el futuro.
La demanda planteó que el episodio había tenido consecuencias emocionales que debían ser reparadas. El escrito sostuvo que la eventual existencia de insultos previos no habilitaba al conductor del automóvil a interceptar a la motocicleta ni a ejercer violencia física contra quien la conducía.
El demanado, actualmente de 49 años, reconoció que hubo una discusión en la vía pública, aunque ofreció una versión diferente. Expuso que el motociclista insultó al conductor y le dio una patada a la puerta trasera del vehículo, donde viajaba una menor, lo que habría provocado que el automovilista detuviera la marcha para reprocharle esa conducta.
Según esa versión, durante el intercambio verbal el motociclista arrojó su casco, que impactó en el pecho del demandado. La controversia, por lo tanto, quedó centrada en la forma en que se produjo el conflicto, en la identificación de las conductas de cada parte y en si se habían acreditado los daños invocados.
El juzgado de primera instancia rechazó la demanda en mayo de 2026. La sentencia señaló que, para establecer responsabilidad civil, debían acreditarse un hecho contrario al derecho, un criterio para atribuirlo a una persona, un daño y un vínculo causal entre la conducta y ese perjuicio.
El magistrado de primera instancia sostuvo que la única prueba presentada para respaldar el reclamo era la filmación realizada con la cámara del casco. A su criterio, ese registro no permitía establecer de qué modo había sucedido el episodio ni demostraba el daño moral que el demandante afirmó haber sufrido.
El fallo también recordó que quien reclama una indemnización debe probar los hechos en los que funda su pretensión. La existencia de un posible factor objetivo de responsabilidad, explicó el juez, no exime a la parte reclamante de demostrar el daño ni su relación con el suceso denunciado.
Tras la apelación, la Sala I de la Cámara Civil examinó los agravios presentados contra esa decisión. Los jueces señalaron que una apelación debe formular una crítica concreta y fundada de los argumentos centrales de la sentencia cuestionada, y no limitarse a expresar disconformidad con la solución adoptada.
El demandante sostuvo ante la Cámara que no estaba obligado a probar de modo directo el daño moral, porque este podía presumirse si se acreditaba el hecho ilícito. También cuestionó que la sentencia de primera instancia no hubiera tratado su pedido de medidas preventivas y garantías de no repetición.
La Cámara concluyó que esos planteos no rebatían de forma suficiente el razonamiento del juez de primera instancia. Según el acuerdo, la filmación no permitía determinar, ni siquiera mediante presunciones, cuál había sido la secuencia precisa del episodio ni establecer que la conducta atribuida al demandado hubiera quedado acreditada.
El tribunal declaró desierto el recurso de apelación, confirmó el rechazo de la demanda e impuso las costas de ambas instancias al reclamante. Además, desestimó el pedido de acción preventiva previsto en el Código Civil y Comercial, al considerar que no se demostró una conducta antijurídica ni un riesgo previsible de que el demandado produjera, continuara o agravara un daño.
Fuente: Infobae — Ver noticia original