Un juzgado de Bahía Blanca ordenó a una plataforma de reservas turísticas devolver 2.170,41 dólares a un usuario que había pagado una estadía familiar en República Dominicana y sostuvo que nunca recibió la confirmación del alojamiento. La sentencia también impuso intereses desde el débito efectuado en abril de 2024, costas a cargo de la empresa y una multa por su ausencia en la instancia de mediación previa.
La demanda fue presentada por un hombre, actualmente de 54 años, que había buscado hospedaje para viajar con su familia al Caribe durante julio de 2024. Según expuso, encontró una opción en un hotel de Cabarete, República Dominicana, y realizó una reserva para alojarse entre el 23 y el 30 de julio de ese año. El pago se hizo con una tarjeta de crédito y ascendió a 2.170,41 dólares.
El reclamante afirmó que la reserva no quedó confirmada, aunque el importe fue debitado de su cuenta. Frente a esa situación, inició gestiones ante la plataforma y ante la emisora de la tarjeta de crédito, bajo la sospecha de que podía tratarse de una operación irregular. La entidad financiera le otorgó inicialmente un crédito provisorio por el monto cuestionado, aunque después lo revirtió y volvió a cargar el importe.
De acuerdo con la presentación judicial, la tarjeta rechazó considerar fraudulenta la operación porque había recibido documentación que vinculaba el cargo con datos legítimos de la cuenta del usuario. El demandante cuestionó que, mientras la plataforma sostenía ante la tarjeta que existía una reserva, su servicio de atención al cliente no le aportaba una solución ni confirmaba que el alojamiento hubiera quedado disponible.
El conflicto llegó a mediación prejudicial en noviembre de 2024. La empresa demandada no se presentó a la audiencia, pese a que había sido notificada, según consta en el acta analizada por el juzgado. Ante la falta de acuerdo, el usuario promovió una acción por daños y perjuicios, reclamó la devolución del dinero, intereses, una actualización del crédito y una multa civil por daño punitivo.
La firma local demandada pidió el rechazo de la acción. Su defensa se centró en que no era la titular ni la administradora del sitio web donde se realizó la operación y que tampoco había percibido el pago cuestionado. Indicó que el dominio, la marca y la gestión de la plataforma correspondían a una sociedad con sede en Ámsterdam, Países Bajos, que no había sido demandada.
También sostuvo que su objeto social se limitaba a vincular hoteles, centros turísticos y otros operadores del sector para generar negocios en Argentina y Sudamérica. Bajo esa postura, negó que existiera una relación de consumo directa con el usuario y afirmó que no comercializaba servicios destinados a clientes finales. Además, planteó que no se habían probado los daños y cuestionó la autenticidad de parte de la documentación presentada.
La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Bahía Blanca, entendió que el caso debía analizarse bajo las normas de defensa del consumidor. Consideró acreditado que el demandante contrató un alojamiento para uso propio y de su grupo familiar, por lo que quedó encuadrado como consumidor. La resolución señaló que la protección legal alcanza a quienes integran la cadena de comercialización de un servicio, aun cuando no hayan intervenido de forma directa en cada reserva.
El fallo reconoció que la empresa argentina no era titular del dominio ni de la marca de la plataforma. Sin embargo, concluyó que esa circunstancia no bastaba para excluirla de responsabilidad frente al usuario. Para la magistrada, la sociedad local formaba parte de la estructura comercial que permite ofrecer servicios turísticos en el mercado argentino y regional, por lo que debía responder de manera solidaria.
La sentencia también valoró la vinculación societaria entre la firma demandada y las compañías extranjeras relacionadas con la plataforma. Según los documentos incorporados al expediente, entre los socios de la sociedad argentina había empresas del mismo grupo empresarial. El juzgado sostuvo que las relaciones internas entre esas compañías no podían trasladarse al consumidor que contrató a través del sitio.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la prueba vinculada con los correos electrónicos intercambiados durante el reclamo. Una pericia informática verificó la autenticidad de tres de los cuatro mensajes aportados por el demandante. Entre ellos, se analizó una comunicación de mayo de 2024 en la que el servicio de atención al cliente informó que no podía encontrar una reserva con las características denunciadas por el usuario.
Para la jueza, ese mensaje entraba en contradicción con la documentación que la plataforma había remitido a la emisora de la tarjeta para respaldar el cargo. Ante la tarjeta, se había informado un número de confirmación y que la reserva había sido realizada con los datos personales del reclamante. El fallo consideró que esa diferencia entre ambas versiones debía resolverse en favor del consumidor, dada su posición más débil para acceder a la prueba.
La resolución destacó que el hotel de República Dominicana no pudo responder el pedido de información enviado desde Argentina. El exhorto diplomático destinado a conocer si el alojamiento había sido confirmado o utilizado fue declarado de imposible cumplimiento. El juzgado señaló que esa falta de respuesta no podía perjudicar al demandante, porque la empresa estaba en mejores condiciones de acreditar que el servicio había estado efectivamente disponible.
La magistrada rechazó, en cambio, el pedido de daño punitivo. Explicó que esa sanción requiere una conducta especialmente grave, con intención de perjudicar o un nivel de negligencia cercano al dolo. Aunque consideró probado que no hubo un reintegro oportuno, sostuvo que en el expediente no aparecieron elementos suficientes para concluir que la empresa hubiera actuado con esa clase de conducta agravada.
Como el reintegro fue fijado en dólares estadounidenses, el juzgado consideró innecesario tratar el planteo de inconstitucionalidad contra las normas que prohíben la indexación de deudas en pesos. La sentencia estableció que los intereses deberán calcularse desde el 2 de abril de 2024, fecha del débito, hasta el pago efectivo, con la tasa pasiva más alta que el Banco de la Provincia de Buenos Aires abone para depósitos en dólares a 30 días.
Además de la condena principal, la firma demandada deberá pagar una multa por no asistir a la mediación prejudicial. El tribunal dispuso que ambos pagos deberán realizarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme. La regulación de honorarios fue diferida hasta que se practique la liquidación correspondiente.
Fuente: Infobae — Ver noticia original