Este lunes continúa el juicio por la causa Hotesur – Los Sauces. En la tercera audiencia, se reanudará la lectura de los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner, por el lavado de dinero proveniente de la corrupción que habrían ejecutado a través de su inmobiliaria en la ciudad de Río Gallegos.
Ambos siguen el debate oral a través de Zoom. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.
Además del lavado, la exmandataria y su hijo, actual diputado nacional, están acusados por los delitos de asociación ilícita, como jefa y organizador, respectivamente.
La firma Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. fue constituida en agosto de 1970 con un objeto social enfocado en la fabricación de productos químicos. A lo largo de los años, su participación accionaria estuvo repartida entre más de un centenar de socios, pero su principal tenedora de acciones fue la firma South Mineral S.A.. En junio de 2010, el 100% del paquete accionario de South Mineral S.A. fue adquirido por Inversora M&S.
En este esquema, se destaca la inserción de Osvaldo José Sanfelice, socio y persona de extrema confianza de la familia Kirchner, quien formó parte de la nómina de empleados de Álcalis de la Patagonia desde 2006 hasta 2016. La permanencia de Sanfelice en la firma química no fue casual, sino que resultó esencial para el proceso de reciclaje de activos, según la versión acusadora. En su rol de apoderado de la firma Los Sauces, Sanfelice se encargaba de cobrar y depositar en la cuenta bancaria de la sociedad presidencial los cheques que transfería su propia empleadora, Álcalis de la Patagonia, actuando simultáneamente “de los dos lados del mostrador” para canalizar los fondos ilícitos.
Como contraprestación por diversos beneficios impositivos y prebendas recibidos del Estado Nacional, Álcalis de la Patagonia -parte del Grupo Indalo- inyectó fondos en Los Sauces entre abril de 2009 y marzo de 2016. Durante este período, la sociedad de la familia Kirchner le facturó a la empresa química un total de $4.658.053.
Para justificar legalmente este flujo constante de dinero, los acusados recurrieron a la formalización de un vínculo contractual ficticio consistente en el alquiler de un departamento en el Edificio Madero Center.
Valle Mitre, la empresa pantalla
Constituida en 2004 por el escribano Ricardo Leandro Albornoz y su socio Máximo Carlos Maratta con un capital de 12.000 pesos, la sociedad mantuvo una larga etapa de pasividad, sin libros contables ni empleados, funcionando como una “shelf company”. Su propósito real no era la actividad comercial inmediata, sino estar disponible para ser implantada rápidamente en un negocio posterior, comenzando a recibir fondos de Lázaro Báez a través de Austral Construcciones para “darle movimiento” antes de pasar a administrar los hoteles de la familia Kirchner, según la fiscalía.
A pesar de su falta de experiencia y capacidad financiera, Valle Mitre fue colocada como la administradora de tres hoteles presidenciales: la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén. En 2009, la firma se transformó en sociedad anónima y se produjo la aparición formal de Lázaro Báez y su hijo Martín como accionistas mayoritarios (con el 46% cada uno). La integración de esta sociedad pantalla se realizó “en espejo” con el órgano de administración de Hotesur, involucrando a personas del círculo de extrema confianza tanto de los expresidentes como de Báez.
La función estratégica de Valle Mitre consistió en operar como nexo o intermediaria para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez hacia los hoteles de la familia Kirchner. Para capitalizar y sostener a la empresa pantalla, se utilizaron diversos mecanismos simulados y falsas contrataciones, tales como el alquiler ficticio de habitaciones en el Hotel Alto Calafate para personal de obras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia, la supuesta contratación de salones para promociones petroleras de YPF, y contratos millonarios de asesoramiento en marketing y construcción de complejos turísticos.
A través de este esquema, Valle Mitre recibió millonarias sumas de diversas firmas del Grupo Báez (como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto) y, a su vez, la firma Los Sauces le facturó un total de $2.836.724 por la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén entre 2009 y 2013. Para justificar estos flujos, se suscribieron contratos de locación y prórrogas sin exigencia de garantías o fiadores. La relación comercial cesó en mayo de 2013 debido a la repercusión pública del vínculo entre Báez y los expresidentes, momento en el cual Valle Mitre entró en declive y fue abandonada, siendo reemplazada por la firma Idea S.A. de Osvaldo Sanfelice.
Austral Construcciones continuó la transferencia de fondos
“Una vez que la firma Loscalzo y Del Curto culminó su vínculo contractual con Los Sauces en diciembre de 2014, Lázaro Báez cambió la empresa desde la que canalizaría los fondos a favor de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, utilizando a la firma Austral Construcciones, que desde el mes de enero de 2015 y hasta el mes de octubre de ese mismo año, se encargó de hacer llegar el dinero ilícito que era defraudado en forma simultánea al Estado Nacional”, estableció la fiscalía.
Cabe recordar que Austral Construcciones recibió entre 2003 y 2015 más de 6 mil millones de pesos del Estado por las obras públicas viales “irregularmente asignadas” en la provincia de Santa Cruz, “luego de ser creada en mayo de 2003 con el capital mínimo de $12.000″, apuntó la acusación.
La empresa de Báez “participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos, aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio”. En los 10 meses que duró el vínculo comercial, Austral Construcciones transfirió $323.915,79 a favor de Los Sauces.
Para justificar el flujo de fondos, Máximo Kirchner, como titular de Los Sauces, y Martín Báez, en representación de la empresa Austral Construcciones, “habrían celebrado un contrato de locación en enero de 2015 a través del cual se habría instrumentado el alquiler del edificio de la calle Moreno N° 882 de la ciudad de Río Gallegos”.
Cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015, “Los Sauces también decidió romper su relación con la empresa Austral Construcciones, al igual que hizo con la sociedad Kank y Costilla, y que le permitió legitimar desde la principal contratista de obra pública beneficiada por el Estado la suma de $323.915,79″.
Según la acusación, Los Sauces alquiló luego las mismas propiedades a personas ajenas al circuito corrupto, con condiciones muy diferentes. De la investigación surgió que lo cobrado a Austral Construcciones conllevaría sobreprecios del 41%.
Loscalzo y Del Curto Construcciones
Esta empresa del Grupo Báez “formó parte de este esquema de blanqueo de activos”. Según la fiscalía, le adjudicaron una de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que forma parte de la causa Vialidad y “resultó subcontratista de Austral Construcciones en otras obras públicas que también se encuentran dentro de la investigación que se lleva a cabo en la causa mencionada”.
Loscalzo y Del Curto fue señalada por inyectar ese dinero proveniente de la corrupción a la firma Los Sauces desde enero de 2009 y hasta diciembre de 2014 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria.
“A su vez, no debe soslayarse que la firma Loscalzo y Del Curto también participó en el reciclaje de fondos ilícitos de la obra pública vial a través de la actividad hotelera, para lo cual, a través de la suscripción de contratos por servicios simulados en el Hotel Alto Calafate, se encargó de canalizar dinero ilícito proveniente de la defraudación al Estado Nacional a la firma Valle Mitre, para que esta luego lo aplicara a la actividad hotelera en beneficio de la firma Hotesur, propiedad de la familia Kirchner”, continuó la acusación.
Luego de “una relación comercial de 6 años”, Loscalzo y Del Curto transfirió un total de $1.691.580 “a favor de la empresa de los ex presidentes y su familia”.
La empresa “decidió alquilar un edificio completo que ella misma había construido y que un mes antes se encontraba con un 60% de avance, y “gastó en alquilar 6 años la propiedad por una suma superior a la que supuestamente demandó su construcción”.
Comenzó la audiencia
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Fuente: Infobae — Ver noticia original