Después del fallo judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, un gran grupo de estudiantes decidió ingresar al Palacio Pizzurno en la tarde de este miércoles y realizar una sentada en el hall para que se aplique la normativa. En un video que circuló rápidamente en redes sociales, se observa que decenas de jóvenes irrumpieron en el edificio e ingresaron al interior del edificio ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, a pesar de la resistencia de los agentes de la Policía Federal que se encontraban en la puerta. “Vamos a hacer una sentada pacífica”, fue una de las frases que se escuchó desde el inicio. De la medida de fuerza participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como también de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Además del cumplimiento de la ley, reclamaron un aumento de la Beca Progresar y convocaron a la comunidad a concentrarse frente al Palacio para acompañar la medida. Según señalaron, no abandonarían el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, relató que la iniciativa arrancó con una sentada frente al Palacio y derivó en el ingreso “en busca de respuestas”. “Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, sostuvo González Puente, quien también convocó a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA y de la provincia a acercarse al lugar. “Porque lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo”, agregó. La acción se produjo un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declarara inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley. El magistrado ordenó al Gobierno dictar todas las medidas reglamentarias necesarias para poner en marcha la normativa de manera inmediata. El conflicto tiene una historia acumulada. En agosto de 2025, el Congreso de la Nación aprobó la ley 27.795, que busca garantizar el financiamiento de la educación superior. El presidente Javier Milei la vetó, pero ambas cámaras del Parlamento rechazaron el veto con los dos tercios requeridos por la Constitución y obligaron a su promulgación. Al hacerlo, el Ejecutivo incluyó en el decreto de promulgación una salvedad que, en la práctica, suspendió la vigencia efectiva de la norma al condicionar su ejecución a que el Congreso previera las fuentes de financiamiento. Cormick consideró que ese mecanismo funcionó como un veto encubierto no contemplado en la Constitución y lo anuló. Fue ese escenario acumulado —la ley sancionada, el veto rechazado, la cautelar judicial ignorada— el que Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, sintetizó desde adentro del Palacio: “Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció. Tenemos enfrente a un Gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la justicia que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Se nos acabó la paciencia”, concluyó. La sentada en el Palacio Sarmiento ocurrió en el marco de una semana de movilización creciente. El próximo 15 de octubre está prevista la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por estudiantes, docentes y no docentes, con una movilización hacia el Congreso que se fusiona con el reclamo por la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) también anunciaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en distintas facultades e institutos de la casa de altos estudios.
Fuente: Infobae — Ver noticia original