La investigación por la creación y comercialización de imágenes falsas de alumnas desnudas mediante inteligencia artificial (IA) sumó nuevos avances judiciales. En las últimas horas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en las viviendas de los estudiantes involucrados en el caso. Los procedimientos se realizaron por disposición del fiscal que interviene en la causa. Durante los operativos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, computadoras y una PlayStation, entre otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar cómo se produjeron y distribuyeron las imágenes. La causa, que inicialmente tenía dos adolescentes imputados, ahora involucra a cuatro estudiantes de 15 años y 50 alumnas damnificadas. Los menores están acusados de utilizar herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías de sus compañeras y comercializar el contenido falso en plataformas para adultos. Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar si un adulto colaboró con los adolescentes para acceder a la tecnología utilizada en la manipulación de las fotografías. Según las primeras averiguaciones, una persona mayor de edad habría pagado con su tarjeta de crédito la herramienta de inteligencia artificial que los estudiantes utilizaron para generar las imágenes falsas. Los investigadores buscan establecer si su intervención se limitó al financiamiento del servicio o si tuvo algún otro tipo de participación en los hechos denunciados. En paralelo, los peritajes sobre los dispositivos secuestrados serán fundamentales para reconstruir la producción, circulación y presunta comercialización del material. Qué medidas tomó la Justicia y qué pasará con los cuatro alumnos imputados Mientras avanza la causa, la Justicia dispuso una medida de cese de hostigamiento y prohibición de acercamiento al colegio para evitar nuevos episodios y proteger a las estudiantes afectadas. Por su parte, las autoridades de la institución educativa resolvieron que los cuatro adolescentes imputados continúen el ciclo lectivo de manera virtual, a través de Zoom, sin asistir presencialmente al establecimiento. La decisión busca garantizar la continuidad educativa de los alumnos investigados y, al mismo tiempo, evitar el contacto con las compañeras damnificadas. En tanto, las familias de las 50 alumnas afectadas comenzaron a contratar estudios jurídicos para evaluar posibles acciones legales. La respuesta de las autoridades del colegio La institución educativa se encuentra trabajando junto con los inspectores que intervinieron a partir de la denuncia. Las autoridades mantenían reuniones con las familias y analizaban las medidas a implementar frente al caso. Hasta el momento, el establecimiento no difundió públicamente un comunicado con detalles sobre lo ocurrido ni brindó declaraciones sobre la situación. La investigación judicial continúa abierta y se concentra en el análisis del material electrónico secuestrado, la identificación de posibles responsables y el esclarecimiento de la eventual participación de un adulto.
Fuente: A24 — Ver noticia original