El Gobierno de Chile retiró del Congreso su proyecto de reforma de seguridad, que proponía ocho cambios constitucionales, tras recibir escaso respaldo político y cuestionamientos de sectores oficialistas y opositores. La iniciativa del presidente José Antonio Kast incluía la creación de un estado de excepción que podía extenderse hasta 240 días sin autorización parlamentaria y habilitaba restricciones a la libertad de circulación y de reunión ante una amenaza grave contra la seguridad pública. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, anunció el martes por la noche que el Ejecutivo respaldará otra propuesta, elaborada de forma paralela por una comisión del Senado e ingresada el miércoles al Congreso. “Dado ese trabajo (de los senadores) y el respeto a los acuerdos, no vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado”, afirmó Alvarado en un mensaje televisado desde el Parlamento. La propuesta original recibió críticas de legisladores de distintos sectores, incluidos aliados de derecha y miembros de la coalición de Gobierno. La organización Human Rights Watch manifestó preocupación por el estado de excepción propuesto y por otras facultades contempladas, como la interceptación de comunicaciones y la requisa de bienes. En septiembre, cientos de personas marcharon por las calles de Santiago contra las reformas y se registraron enfrentamientos con la policía. “Vamos a enviar al Congreso Nacional una reforma constitucional que consagre sin ambigüedad que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado y que nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”, anunciaba el mandatario en un discurso a la nación chilena el pasado 6 de agosto. Cabe recordar que Chile registró una tasa de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, el doble que una década antes. Los asesinatos y secuestros aumentaron en los últimos años, en un contexto marcado por la llegada de grupos criminales como el Tren de Aragua. Las modificaciones de los legisladores La nueva reforma de seguridad en Chile reúne a legisladores de centro, centroizquierda, centroderecha y ultraderecha, tras el retiro del proyecto original impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa fue promovida por Iván Flores, del Partido Demócrata Cristiano; Karim Bianchi, independiente; Pedro Araya, del Partido por la Democracia; Andrés Longton, de Renovación Nacional; y Arturo Squella, del Partido Republicano. El texto propone equiparar el terrorismo al crimen organizado, establecer la segregación de presos considerados de alta peligrosidad y modificar el estado de excepción constitucional de emergencia. Longton explicó que la propuesta contempla que el presidente pueda decretar el estado de emergencia durante 30 días. “Posterior a los 30 días tiene que pasar por el Congreso y durante el transcurso de esos 30 días, una atribución adicional, el Congreso puede dejarlo sin efecto en cualquier momento”, afirmó. Squella sostuvo que el nuevo proyecto permitió superar las diferencias que surgieron en torno al texto inicial. También señaló que otros parlamentarios expresaron su disposición a sumarse a la tramitación legislativa tras conocer el contenido de la propuesta. “Algo muy positivo que hemos visto dentro de las horas recientes, es que se nos han ido acercando parlamentarios para decirnos que ya con los trascendidos que tienen del contenido de la reforma se sienten parte o de alguna manera representados y van a ser entusiastas colaboradores en la tramitación legislativa”, declaró. Araya afirmó que el acuerdo no representa un triunfo de un bloque político. “Aquí no ha ganado ni el Gobierno ni la oposición, lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado”, sostuvo. (Con información de EFE)
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