Un juez de Colombia ordenó al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella que restituya, en un plazo de 48 horas, la totalidad de las obras que retiró de uno de los museos más importantes del país.
A mediados de octubre, decenas de obras alusivas a la diversidad sexual, feminismo y procesos de paz fueron retiradas del Museo Nacional por decisión del gobierno bajo el argumento de que el recinto no debe “servir como instrumento de adoctrinamiento político”.
El retiro de las piezas del museo ubicado en Bogotá, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, desató protestas en la capital colombiana.
Colectivos culturales y políticos opositores presentaron una demanda para que las obras volvieran a exhibirse.
Los demandantes aseguraron que la decisión del gobierno “es censura” y “vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.
Un juez de Bogotá falló a favor de la solicitud y ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre, en un plazo de 48 horas posteriores a la notificación de la decisión.
Según el fallo, los elementos se retiraron “sin una justificación curatorial acreditada” y “desconoció la protección constitucional de las expresiones culturales y restringió injustificadamente el derecho de los accionantes a conocerlas y apreciarlas”.
“(Es) Una victoria de las víctimas, la diversidad, la paz y la memoria histórica”, reaccionó en X Gabriel Becerra, congresista de izquierda y uno de los autores del recurso. “¡Ningún gobierno es dueño de nuestra historia!”, agregó.
Previo a esta resolución y mientras se tomaba una decisión de fondo, la justicia impuso medidas para proteger las piezas retiradas.
El fallo también precisa que no obliga la exhibición permanente de las obras, ni impide la modificación de las exposiciones, pero sí busca garantizar que las decisiones sobre ellas respondan a criterios técnicos y no exclusivamente al desacuerdo de las autoridades con las ideas o acontecimientos representados.
La medida puede ser apelada en un plazo de tres días.
Sin referirse directamente al museo, De la Espriella afirmó días atrás que el “Estado tiene el deber moral” de “impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores”.
Fuente: AFP
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