Javier Iguacel declaró en el juicio Vialidad 2 que durante su gestión al frente de Vialidad Nacional, en el gobierno de Mauricio Macri, una auditoría detectó en la provincia de Santa Cruz entre 60% y 80% de obras inconclusas. Remarcó que varios de esos contratos estaban vinculados con Austral Construcciones, tenían ocho o diez años de ejecución y presentaban anomalías en los pagos y los certificados.
El exfuncionario fue uno de los denunciantes de las maniobras que se analizan en el debate que corresponde al segundo tramo de las presuntas irregularidades en la adjudicación de construcción y mantenimiento de rutas en la provincia de Santa Cruz, por la que resultaron condenados Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez.
Iguacel afirmó que Austral Construcciones contaba con un tratamiento exclusivo que le permitía cobrar facturas antes de su vencimiento, mientras otras compañías tenían deudas pendientes por 1.000 millones.
También sostuvo que la investigación posterior encontró certificados por tareas que no se habían realizado o incluían datos alterados sobre la maquinaria utilizada.
Por otra parte, el testigo cuestionó los excesivos rendimientos declarados por los trabajos. Afirmó que “ni Elon Musk se atrevería a mostrar en su fábrica, porque eran toneladas y toneladas de movimiento de suelo que las mismas máquinas no pueden hacer. Con lo cual, cobraban más de cosas que no se habían hecho”.
También mencionó documentos que consignaban a una misma máquina en obras ubicadas a 300 kilómetros de distancia durante un mismo mes, una situación que consideró imposible por las condiciones geográficas de la Patagonia.
Ante las preguntas sobre obras concretas, Iguacel sostuvo que las presentaciones judiciales incluyeron pruebas de certificaciones incompatibles con la ubicación y la capacidad operativa de los equipos declarados.
Precisó que había ordenado revisar la documentación para determinar el alcance de los problemas ante las demandas por mil trabajadores despedidos. Agregó que el relevamiento no había sido diseñado para impulsar una denuncia penal: “No era una auditoría para hacer una denuncia. De hecho, no buscábamos eso. Quería saber exactamente hasta dónde llegaba”.
Otros testigos
En la audiencia del juicio oral se escuchó el testimonio del abogado Marcelo Alejandro Martínez Bertoa, quien trabajó en el Servicio de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional.
Manifestó que los integrantes de su área contaban con “independencia técnica de criterio” para analizar los expedientes, y señaló que no recordaba haber intervenido de manera específica en una licitación por convenio vinculada con Santa Cruz ni cuál había sido la participación puntual de las distintas gerencias en ese tipo de obras.
Por su parte, Osvaldo Modarelli, exintegrante de la División Contralor, explicó que su sector revisaba las liquidaciones de certificados de obra, consultorías y servicios.
Según describió, el control se concentraba en la correlatividad y los acumulados de los certificados, la identificación del beneficiario y la presencia de las firmas técnicas y del supervisor. Aclaró que su área no analizaba las licitaciones, la competencia entre oferentes ni las adjudicaciones: esos trámites “ya venían” resueltos.
El caso
En Vialidad 2, el Tribunal Oral Federal 2 analiza presuntas irregularidades en licitaciones, controles, homologaciones y pagos de contratos viales adjudicados entre 2003 y 2015 a firmas vinculadas con Lázaro Báez.
Los acusados son Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la Dirección Nacional de Vialidad; Gustavo Marcelo Gentili, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control; y Fernando Norberto Abrate, quien sucedió a Gentili en esa área, todos procesados por presunta administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
Fuente: Infobae — Ver noticia original