Una empleada doméstica que trabajó durante más de 20 años para un matrimonio fue despedida mientras estaba de vacaciones y terminó recurriendo a la Justicia para reclamar sus derechos laborales. Después de un juicio en el que sus empleadores negaron que hubiera existido una relación de trabajo, la Cámara del Trabajo de Viedma ordenó que le pagaran más de $20 millones.
La historia comenzó a fines del siglo pasado, cuando la mujer empezó a trabajar para la familia en Puerto de San Antonio Oeste, en Río Negro. Durante 18 años vivió en la casa de sus empleadores y trabajó bajo la modalidad conocida como cama adentro. Con el paso del tiempo, incluso los acompañó en dos mudanzas.
Sin embargo, en marzo de 2022 recibió una llamada telefónica mientras estaba de vacaciones en San Antonio Oeste. Del otro lado le comunicaron que estaba despedida. La decisión puso fin a un vínculo laboral de más de dos décadas.
Las dos mudanzas que hizo junto al matrimonio
Durante los primeros 18 años, la trabajadora vivió en la casa de la familia y cumplió tareas domésticas. En 2018, el matrimonio se trasladó a otra vivienda en San Antonio Oeste y ella continuó trabajando, aunque con una modalidad distinta: se retiraba al finalizar su jornada.
La segunda mudanza llegó en mayo de 2021, cuando sus empleadores decidieron instalarse en Posadas, Misiones. La mujer aceptó acompañarlos y siguió trabajando para ellos.
Menos de un año después, mientras pasaba sus vacaciones en San Antonio Oeste, recibió el llamado que le comunicó el despido. Ante la falta de reconocimiento de la relación laboral y el pago de las indemnizaciones, envió intimaciones telegráficas y finalmente se consideró despedida.
Las pruebas que presentó para demostrar que trabajaba para ellos
Durante el juicio, el matrimonio negó que hubiera existido una relación laboral. Sin embargo, la trabajadora logró acreditar su versión con documentación y testimonios de vecinos, exempleados y otras personas que conocían el vínculo.
Entre las tareas que realizaba estaban la limpieza y el mantenimiento de la vivienda, además del cuidado de las mascotas de la familia. Según se detalló en el expediente, también atendía a una mona que pertenecía a sus empleadores.
La Cámara del Trabajo de Viedma consideró que las pruebas permitían confirmar que existía una relación laboral y que los empleadores no habían cumplido con sus obligaciones.
Qué resolvió la Justicia y cuánto deberán pagarle
El tribunal entendió que la falta de registración del vínculo y el incumplimiento de las obligaciones laborales constituían una injuria grave. Por ese motivo, consideró justificado el despido indirecto y ordenó que los empleadores abonaran una indemnización superior a los $20 millones.
El monto contempla diferencias salariales, indemnizaciones por despido, horas extras y multas previstas para el personal de casas particulares. También se incorporaron intereses y se duplicaron algunos conceptos indemnizatorios.
De esta manera, la Justicia reconoció los derechos laborales de una trabajadora que había pasado más de 20 años al servicio de la misma familia y que tuvo que iniciar un juicio para que se reconociera el vínculo.
Fuente: TN — Ver noticia original