El dictamen de la Reforma Electoral que el Gobierno consiguió llevar al recinto abona la degradación de la democracia limitando la representación política y la participación popular. El acuerdo se anunció al atardecer del miércoles y se oficializó de noche, cuando la senadora cordobesa Alejandra Vigo, del bloque Provincias Unidas, firmó. Lo hizo por instrucción del gobernador Martín Llaryora, que concedió en el Senado el apoyo que retaceó en Diputados. La razón: un reproche al gobierno por el reparto de sillones en el Consejo de la Magistratura.
Tras dos jornadas de suspenso, firmaron los seis libertarios (Agustín Coto, Patricia Bullrich, Ivana Arrascaeta, Luis Juez, Belén Montes de Oca y Nadia Márquez), los radicales Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Flavio Fama, y los dos senadores de Provincias Unidas, Carlos Espínola y Vigo. Fama, Espínola y Vigo anotaron una disidencia en la hoja. Las negociaciones las cerró el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien afirma que el oficialismo reunirá 40 votos en el recinto, tres más de los 37 necesarios para convertirlo en Ley.
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Sin PASO: suspensión por un año
El artículo 17 suspende durante 2027 las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y todas las obligaciones legales de su organización. El 20 establece que ese año los candidatos nacionales se designen según las cartas orgánicas de cada partido y, en las alianzas, según su reglamento electoral. Sin primarias, la lista la define la conducción. El artículo 23 acota la medida: el Capítulo II rige solo para el proceso electoral de 2027 y caduca al terminar. El Gobierno no deroga las PASO. Las suspende para la elección presidencial, que es la que más le importa.
El artículo 21 reescribe para 2027 los requisitos de oficialización. Cada agrupación presenta una sola lista por categoría y el texto no admite la coexistencia de listas entre una alianza y los partidos que la integran, incluso si son idénticas. Con eso desaparece la colectora que figuraba en el borrador, el esquema que había impulsado la UCR por medio del gobernador mendocino Alfredo Cornejo. El mismo artículo conserva la alternancia de mujeres y varones desde el primer titular hasta el último suplente. La oferta electoral se ordena, pero también se achica.
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Ficha Limpia: la entronización del Lawfare
El nuevo inciso h) del artículo 33 de la ley 23.298 inhabilita a los condenados por delito doloso. El texto no distingue por gravedad ni por tipo de delito. La condena debe estar confirmada en segunda instancia o en revisión antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, y alcanza con que se confirme uno de los delitos de la sentencia de primera instancia, incluso si cambia la pena. Si la confirmación llega después del 1 de enero del año electoral, el efecto se activa cuando termina el proceso.
El artículo 4 agrega el 33 bis y le da a la causal un funcionamiento automático. La Cámara Nacional Electoral llevará un Registro Público de Ficha Limpia, los tribunales deberán notificarle las sentencias en 24 horas y el juez federal con competencia electoral tendrá que controlar de oficio que los candidatos no figuren en ese registro, con facultad de rechazar la oficialización. Cada candidato, titular o suplente, deberá presentar el certificado de antecedentes penales y una declaración jurada, y será responsable directo de ese trámite. El artículo 5 extiende la inhabilidad a las designaciones en el Gabinete, secretarías, organismos descentralizados, el servicio exterior y empresas con participación estatal.
La trampa está en los detalles. La Ficha Limpia convierte una sentencia en un filtro electoral automático: la causal opera de pleno derecho, el registro lo lleva la Cámara Nacional Electoral y el juez de oficialización puede rechazar la candidatura sin debate político alguno. Quien decide quién compite deja de ser el voto y pasa a ser un tribunal. Además, el 33 bis establece que los recursos, ordinarios o extraordinarios, no suspenden la inhabilidad. Una condena todavía recurrible ante la Corte alcanza para dejar a una persona fuera de la boleta.
El texto entrega la llave de la gestión política al Poder Judicial, ariete de los dueños del dinero y el poder. Así las cosas, la Ficha Limpia funciona como un mecanismo de ordenamiento y condicionamiento de la oferta electoral: basta una condena confirmada en segunda instancia, por cualquier delito doloso y sin distinción de gravedad, para depurar candidaturas y diseñar una oferta a medida.
Campaña limitada: menos aire, un solo debate
El artículo 7 fija en 2,5 por ciento del tiempo total de programación lo que los servicios de comunicación audiovisual deben ceder para fines electorales, un recorte del 50 por ciento respecto de la ley vigente. El artículo 10 reescribe el 64 del Código Electoral Nacional y lo titula con precisión: debate presidencial en segunda vuelta. La Cámara Nacional Electoral organiza los encuentros dentro de los diez días previos al balotaje, convoca a los candidatos en los cinco días hábiles posteriores al escrutinio definitivo y, si las partes no acuerdan reglamento, moderadores y temas, decide ella. El artículo 16 deroga los artículos 64 sexies a 64 duodecies. En la primera vuelta, el texto no obliga a nadie a debatir.
El artículo 8 sustituye el 64 ter: deja la publicidad electoral en radio y televisión fuera del alcance del 64 bis y la habilita incluso fuera del plazo del último párrafo de ese artículo, con la misma regla para medios gráficos, vía pública, internet y telefonía. La combinación es la que importa. Con menos tiempo gratuito, sin debate antes de la primera vuelta y con la pauta habilitada fuera de plazo, el acceso a la pantalla queda más cerca de la billetera que del padrón.
Afiliación digital y financiamiento
El artículo 1 reemplaza el 23 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Para afiliarse habrá que acreditar identidad con el DNI o con factores de autenticación biométrica “que se habiliten” por reglamentación, y expresar la voluntad en una ficha de papel o por medios electrónicos, bajo la órbita y administración de la Justicia Electoral. Las fichas en papel las suministra sin cargo la Vicejefatura de Gabinete del Interior. La ley fija el principio y deja el cómo en manos del Ejecutivo y de normas futuras. El texto no precisa quién custodia los datos biométricos ni con qué garantías, y la afiliación a un partido es un dato que la legislación de protección de datos personales trata como sensible.
Sobre el dinero, el dictamen dice poco. El único artículo que modifica la ley 26.215 de financiamiento de los partidos es el 7, el de los espacios gratuitos. El proyecto original eliminaba el financiamiento estatal de las campañas y elevaba del 2 al 35 por ciento el límite de los aportes privados. Ese capítulo no figura en el texto firmado, y en sus 25 artículos no se leen reglas nuevas sobre topes ni sobre rendición de aportes privados. La opacidad del financiamiento de campaña está en el ADN del partido de gobierno, cómo quedó en evidencia con los escándalos de Andis y José Luis Espert.