Un conflicto por una herencia familiar terminó con una sentencia judicial en Tandil, provincia de Buenos Aires. Un hombre con discapacidad intelectual demandó a su hermano después de haber firmado una escritura que le cedía los derechos sobre una propiedad que pertenecía a su padre fallecido.
La operación se había realizado en enero de 2020 por $1.100.000, pero el demandante aseguró que nunca había recibido ese dinero y que su hermano se había aprovechado de sus dificultades para comprender el acuerdo.
Tras analizar las pruebas y los testimonios, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 3 de Tandil anuló la cesión de derechos hereditarios, al considerar que el demandado había obtenido una ventaja patrimonial injustificada.
Firmó una escritura para cederle la propiedad a su hermano por $1.100.000
El conflicto comenzó con la sucesión de los padres, que incluía propiedades y una camioneta Toyota Hilux.
El 16 de enero de 2020, uno de los hermanos firmó ante escribano una cesión de los derechos sobre una casa a favor del otro y, en el documento, se dejó constancia de que había recibido $1.100.000 antes de la firma.
Sin embargo, años después inició una demanda para anular la operación. Aseguró que no había cobrado el dinero y que, debido a su discapacidad intelectual y sus problemas de salud, no había podido comprender adecuadamente las consecuencias de lo que estaba firmando.
También sostuvo que, después de la operación, su hermano lo había sacado de la vivienda familiar y que terminó viviendo en otra propiedad, en condiciones precarias.
El demandado negó esas acusaciones. Afirmó que ambos habían acordado distribuir los bienes de la herencia y que su hermano había recibido otra casa, el dinero de la venta de una camioneta y la suma consignada en la escritura.
La discapacidad intelectual y los testimonios que resultaron decisivos
Durante el juicio se incorporaron documentos médicos, una evaluación psicopedagógica y declaraciones de personas que conocían a la familia.
Una sentencia dictada en febrero de 2023 había establecido que el demandante tenía capacidad jurídica restringida para realizar actos patrimoniales y necesitaba un sistema de apoyo para esas decisiones.
La pericia señaló que el hombre tenía limitaciones para comprender situaciones complejas, anticipar consecuencias y tomar decisiones patrimoniales sin asistencia.
Varios testigos también describieron la dependencia que había tenido de su padre y las dificultades que enfrentó después de su muerte.
Para el juez Sebastián Manuel Sarde, estos elementos demostraron que el demandado conocía la situación de vulnerabilidad de su hermano y se había aprovechado de ella para obtener los derechos sobre la propiedad.
Por qué la Justicia anuló la operación, pero ordenó devolver $1.100.000
Al resolver el caso, el juez consideró que el demandante no había contado con el discernimiento necesario para comprender las consecuencias de la cesión de derechos.
También señaló que existía un desequilibrio económico que perjudicaba al hombre con discapacidad, según las valuaciones inmobiliarias incorporadas al expediente.
Por esos motivos, el 21 de octubre de 2026 declaró nula la operación de 2020 y ordenó dejar sin efecto su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
Sin embargo, el fallo incluyó otro punto importante. Aunque el demandante aseguró que nunca había cobrado los $1.100.000, no logró demostrar que la declaración de pago incluida en la escritura fuera falsa.
Por eso, al anular el negocio jurídico, el magistrado dispuso que el demandante restituyera esa suma a su hermano, más los intereses calculados desde el 16 de enero de 2020.
Además, el juez impuso las costas del juicio al hermano demandado, que resultó vencido.
De esta manera, la Justicia dejó sin efecto la cesión de derechos sobre la vivienda familiar y reconoció que la discapacidad intelectual del demandante había sido aprovechada en una operación que perjudicó su patrimonio.
Fuente: TN — Ver noticia original