La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió este miércoles anular la resolución que elevaba a juicio la causa contra los médicos anestesistas Hernán Roberto Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, por el caso en que hubo robo de propofol en el Hospital Italiano, porque piden que vuelva a ser investigado.
El camarista Nicolás Grappasonno consideró que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 incurrió en un cierre prematuro de la investigación al dar por agotada la instrucción del caso sin haber reunido pruebas fundamentales para definir la acusación.
En la causa conocida como “Propofest”, se investiga el presunto desvío de ampollas del anestésico propofol e insumos médicos del Hospital Italiano para consumo personal. Un escándalo que se destapó a partir de la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, que fue encontrado sin vida en su departamento de Palermo.
Boveri, médico de planta del servicio de anestesiología, fue procesado en abril como presunto autor del delito de defraudación por administración fraudulenta, mientras que Lanusse, residente de tercer año de la misma especialidad, fue procesada en calidad de partícipe secundaria. El proceso judicial dio inicio en febrero de este año.
La controversia se originó en julio ante la negativa del juez Javier Sánchez, quien postergó el cierre del expediente hasta efectuar el peritaje de los celulares secuestrados a los acusados.
Esta instancia había sido solicitada por el fiscal Lucio Herrera, quien un mes antes había encargado la apertura de los teléfonos al considerar que su contenido resultaba clave para la investigación.
En paralelo, la fiscalía había solicitado al hospital un informe detallado sobre las intervenciones quirúrgicas y sedaciones realizadas por Boveri y Lanusse entre el 1° de enero de 2025 y el 1° de febrero de 2026 (13 meses) en las que se hubiera registrado el uso de dos o más ampollas de propofol.
Sin embargo, el juez argumentó su decisión sosteniendo que la evidencia informática podía incorporarse durante el debate oral.
En agosto, la fiscal María Luz Castany, que representó en la etapa de juicio al Ministerio Público Fiscal, advirtió que la investigación no estaba completa y que, como aún quedaban pendientes medidas de prueba fundamentales, no debía avanzarse con el debate oral. Entre sus argumentos dijo que el peritaje de los celulares “excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria”, apoyando así la postura del fiscal Herrera.
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17, Pablo Vega, coincidió con los fiscales y ordenó devolver la causa a la instancia de investigación.
Sin embargo, Sánchez propuso aceptar las exigencias de forma parcial y enviar a juicio solo a Boveri, lo que llevó al Ministerio Público Fiscal a insistir en la nulidad de la decisión de dar por concluida la investigación.
Ahora, el juez de Casación intervino y dio lugar a este pedido, confirmando así el freno a la elevación a juicio y ordenó que siga vigente la fase de investigación y recolección de pruebas.
BPO
Fuente: Clarín — Ver noticia original