El XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, organizado por la Fundación Expoterra y la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, se desarrolló el jueves 22 y el viernes 23 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. Con 450 asistentes llegados de todo el país, el encuentro ratificó su lugar como la gran cita del derecho ambiental argentino.
Uno de los rasgos más destacados de esta edición fue su marcado carácter federal. Juezas y jueces de todo el país, integrantes de cortes y superiores tribunales provinciales, fiscales, funcionarios judiciales, docentes, investigadores, abogados y estudiantes compartieron dos jornadas de intercambio intenso. El altísimo nivel de los temas abordados estuvo acompañado por una participación activa del público en cada panel, taller y espacio de debate.
En la primera jornada, la conferencia de Aída Kemelmajer de Carlucci, exministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, marcó el tono académico del encuentro. Luego, el panel «El paradigma ambiental en el Derecho Civil y Comercial. Un enfoque internacional», dirigido por Edgardo Saux, reunió a José Luis y Javier Pérez-Serrabona (Universidad de Granada), Lorenzo Mezzasoma (Università degli Studi di Perugia) y Arturo Caumont (Uruguay).
El panel «El rol de la abogacía en los conflictos ambientales», dirigido por Carlos Luisoni, analizó la representación adecuada de afectados, ONG, generaciones futuras y empresas, con las exposiciones de Daniel Roque Vitolo, María Valeria Berros y Aníbal Falbo. La jornada incluyó también la presentación de las ponencias seleccionadas, un espacio en el que los asistentes expusieron sus trabajos e ideas.
Los talleres prácticos participativos fueron otro de los grandes aciertos del congreso. Los asistentes trabajaron sobre investigación penal ambiental, junto a la Red Argentina de Fiscalías Ambientales; el procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos estratégicos, con Eduardo Conghos y José Esaín; auditoría y compliance ambiental; y estrategias procesales y prueba en litigios ambientales complejos, con la Comisión de Derecho Ambiental de la Federación Argentina de la Magistratura.
La segunda jornada comenzó con la conferencia «La protección del ambiente en la era de la inteligencia artificial y la innovación», a cargo de Juan Gustavo Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA. El rol del Poder Judicial en la implementación efectiva de la tutela ambiental fue el eje de otro panel central, dirigido por Enrique Muller, con Hilda Kogan, Sergio Barotto, Juan Manuel Díaz y Enrique Peretti.
Los paneles «Herramientas jurídicas para el resarcimiento y sanción de los daños al ambiente», dirigido por Federico Zonis, y «Cambio climático y catástrofes naturales», dirigido por Ezequiel Santagada, profundizaron en dos de los temas más urgentes de la agenda. Expusieron Fernando Sagarna, Rocío Alcalá, Hugo Acciarri, Néstor Cafferatta, Pamela Tolosa, Manuel Pizarro y Maximiliano Moreno.
El panel «El paradigma ambiental en la jurisprudencia de la CSJN y de los Tribunales Superiores», dirigido por Pablo Lorenzetti, reunió a Claudia Sbdar, Emilia María Valle, Ernesto Löffler y Federico De Lorenzo en un diálogo de primer nivel entre máximos tribunales del país.
En el marco del congreso, la fundación organizadora y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) firmaron un convenio de cooperación. El acuerdo formaliza un vínculo que ya se había expresado en el ciclo federal de formación que JUFEJUS organizó como antesala del congreso, y abre una agenda de trabajo conjunto para fortalecer la capacitación en derecho ambiental en los poderes judiciales de todo el país.
El éxito del congreso fue también fruto de una organización cuidada en cada detalle, a cargo de la Fundación, presidida por Luz María Kasperski, y de su comité académico, integrado por Guillermo Marchesi, Pablo Lorenzetti, Gustavo Rinaldi y Federico Zonis.
El cierre estuvo a cargo de Ricardo Luis Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y director de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la UBA.
El juez de la Corte Suprema habló sobre el cambio de paradigma en la protección ambiental, el impacto de la inteligencia artificial sobre el ambiente y la importancia de la participación ciudadana para lograr una mayor eficacia en las acciones judiciales. “Vamos a hablar de tres partes: nuestra concepción de los recursos naturales, especialmente la concepción de la Corte Suprema sobre el agua y la tierra; la segunda es cómo influye todo el ecosistema tecnológico y los costos ambientales de la IA; y la tercera parte dedicada a la eficacia”, explicó Lorenzetti al inicio de su alocución en el Congreso Anual de Fundación Expoterra.
El juez, especialista en derecho ambiental, abordó el cambio de paradigma en la protección del ambiente, la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, el impacto ambiental de las nuevas tecnologías y la importancia de la participación ciudadana para lograr resultados concretos a través de las acciones judiciales.
Hacia el principio de la conferencia, Lorenzetti habló de cómo concebimos los recursos naturales, y reconoció que históricamente se utilizó un modelo antropocéntrico que consideraba tanto al agua como a la tierra como objeto pasivo de la regulación, “entraban en la legislación pero el bien jurídico protegido no eran ni el agua ni la tierra”, explicó.
Según dijo, el bien jurídico era el ser humano y sus intereses económicos y su salud. “Lo que ha cambiado en estos últimos años es que se ha tomado conciencia de que tanto el agua como la tierra son recursos escasos, esto significa que los hemos sobreutilizado para otros fines, y al haber hecho esto hemos llegado a agotarlos, entonces hoy tenemos tanto escasez de agua como escasez de tierra y esto ha cambiado la mirada, porque pasamos de un modelo en el cual el interés central era humano a un modelo que podemos denominar geocéntrico, porque está centrado en la tierra, o sistémico, porque lo que protege es el sistema ambiental”, destacó el juez. “Es fundamental la protección del bien ambiental en sí mismo, como sistema. Y esto ha cambiado todo el modelo de regulación, y por eso decimos que estamos frente a un nuevo paradigma, el paradigma ambiental”, explicó.
A continuación, mencionó varias sentencias de la Corte Suprema en relación a derechos ambientales, como “Mendoza”, “La Picasa”, “Río Atuel”, “Barrick”, y varias más. “La Corte Suprema argentina tiene infinidad de sentencias, como también la tienen casi todos los tribunales del país, hoy realmente es una jurisprudencia consolidada en nuestra región”, aseguró. Luego habló del ecosistema tecnológico y destacó que “la tecnología nos va a ayudar mucho en materia ambiental, sobre todo en materia de predicciones de eventos catastróficos”. “No hay que negar la tecnología”, aseguró, aunque no hay que perder de vista que la tecnología tiene costos. Y en relación a estos habló de la Inteligencia Artificial como un tema que cobra cada vez mayor relevancia ante la expansión de estas herramientas y la creciente demanda de recursos naturales que requiere su funcionamiento. En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar esta dimensión al debate sobre la protección del ambiente y los desafíos regulatorios que presentan las nuevas tecnologías.
En relación a la eficacia, el juez destacó que “ha disminuido la participación ciudadana en los casos judiciales, por eso me permito insistir en esto que muchos han llamado ‘humo digital’: hay mucha inclinación a expresarse en el mundo digital, lo cual está bien, pero lo grave es que es un engaño, porque uno se puede sacar la bronca en el mundo digital, pero eso no cambia el sistema”, y luego agregó que “el sistema lo cambia el Estado de Derecho, lo cambia la participación ciudadana en las acciones”. “Hay muchas instituciones regionales, internacionales y nacionales que permiten la participación ciudadana. Y a veces es cierto que los procesos son largos, o la eficacia es difícil, pero la realidad es que siempre se logra algo. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Piensen en la causa del Riachuelo: podemos decir que demoró mucho tiempo, sí, pero pasaron 100 años sin que hubiera ninguna modificación, y en 10 años se lograron mejoras importantes”, destacó. “Lo que hay que hacer es incentivar a que la participación ciudadana continúe, pero hubo avances importantes. En muchas de las regiones de Argentina, la participación ciudadana en los poderes judiciales ha sido relevante. Entonces no dejemos de participar, no nos engañemos con que basta un tweet, o hacer cualquier manifestación en las redes”, concluyó.
Fuente: Infobae — Ver noticia original