La Justicia de San Isidro condenó a la fiduciaria de un desarrollo inmobiliario de zona norte del Gran Buenos Aires a indemnizar con $21.925.000 a una mujer que sufrió una fractura en su brazo izquierdo tras caer en una escalera del edificio al que había acudido para una consulta médica. La sentencia, de primera instancia, también declaró inaplicables al caso normas que impedían la actualización monetaria de los créditos.
La demandante sostuvo que el episodio ocurrió el 22 de noviembre de 2018, cerca de las 13. Había asistido a un consultorio ubicado en el edificio y, al retirarse, llegó a un sector de escaleras de cemento alisado. Según su relato, el lugar no contaba con barandas ni elementos de prevención de caídas.
De acuerdo con la presentación inicial, la mujer —de 32 años al momento del hecho— apoyó primero el pie derecho, resbaló antes de bajar el izquierdo y cayó de espaldas sobre un escalón. Para protegerse la cabeza, colocó la mano izquierda contra el suelo. El peso del cuerpo impactó sobre su muñeca y antebrazo, lo que le provocó lesiones que luego requirieron atención médica.
La reclamante afirmó que perdió el conocimiento a causa del dolor y que recibió asistencia de trabajadoras de un local cercano. También indicó que obreros que realizaban tareas en las inmediaciones la trasladaron a un centro médico de la zona. Allí, según la demanda, los estudios detectaron fracturas de cúbito y radio en el brazo izquierdo.
El cuadro derivó en una primera reducción y luego en dos intervenciones quirúrgicas, una el 29 de noviembre de 2018 y otra el 6 de junio de 2019. La mujer señaló que, pese a los tratamientos de rehabilitación, mantuvo limitaciones en la movilidad y la fuerza de la mano. La acción judicial se inició el 18 de noviembre de 2021, pocos días antes de cumplirse tres años del accidente denunciado.
En un primer tramo, la demanda se dirigió contra la administradora del complejo, el fideicomiso y cualquier otra persona o entidad que pudiera resultar responsable. También se pidió citar a la compañía aseguradora. Más adelante, la reclamante amplió la acción contra la sociedad fiduciaria, que administra los bienes involucrados en el fideicomiso.
La sentencia, del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 15 de San Isidro, analizó primero los planteos previos de las partes demandadas. La fiduciaria y el consorcio habían sostenido que el reclamo estaba prescripto porque no habían sido incluidos de forma expresa al momento de la presentación inicial. El juzgado rechazó esa defensa porque la demanda ya había alcanzado a quienes resultaran civilmente responsables por el hecho.
El fallo consideró que, ante una obligación solidaria, la interrupción del plazo de prescripción iniciada con la demanda puede extenderse a los restantes responsables. En términos simples, el tribunal entendió que la reclamante había accionado dentro del plazo legal y que luego pudo precisar contra quiénes dirigía su reclamo sin que ello extinguiera su derecho.
El juez sí aceptó la falta de legitimación pasiva del fideicomiso y del consorcio de propietarios. Respecto del fideicomiso, explicó que no es una persona jurídica y que, por esa razón, no puede ser demandado directamente. La responsabilidad debía recaer, en todo caso, sobre la fiduciaria, que es quien representa y administra ese patrimonio.
En cuanto al consorcio, la resolución indicó que fue constituido recién en 2022, cuando se inscribió el reglamento de propiedad correspondiente. Como el accidente había ocurrido en 2018, el juzgado concluyó que esa entidad no existía jurídicamente al momento del hecho. Por ello, quedó fuera de la condena.
La responsabilidad por el accidente recayó sobre la fiduciaria. El juez dio por acreditada la caída a partir de la declaración de un testigo que se encontraba en el predio y que describió una escalera sin barandas, con escalones largos y bajos y una superficie de cemento alisado. Esa versión coincidió, según el fallo, con las fotografías incorporadas al expediente.
La decisión encuadró el caso dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. El tribunal entendió que el deber de seguridad no se limita al consultorio o al servicio contratado, sino que también alcanza los accesos y espacios de circulación del establecimiento. Bajo ese criterio, la fiduciaria debía acreditar que la escalera reunía condiciones adecuadas para el tránsito de quienes concurrían al lugar.
Como la demandada no aportó prueba suficiente sobre el diseño, las medidas de seguridad, la señalización, la adherencia del piso o la existencia de elementos de protección, el juzgado le atribuyó responsabilidad. La sentencia señaló que circular por el sector no debía representar un riesgo para las personas que ingresaban o salían del edificio.
La indemnización incluyó $12.750.000 por incapacidad psicofísica, a partir de una pericia que estimó una incapacidad parcial y permanente del 19%. El informe médico consignó secuelas por la fractura de muñeca izquierda, reducción de la movilidad, cicatrices y presencia de material de osteosíntesis.
Además, el tribunal fijó $6.375.000 por daño moral, $1.800.000 para un tratamiento psicológico de un año, $500.000 por sesiones de kinesiología y otros $500.000 para gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. Para estos últimos conceptos, el fallo consideró admisible reconocer erogaciones razonables aunque no existieran comprobantes de cada gasto.
Sobre el monto reconocido, se aplicará un interés del 6% anual desde el 22 de noviembre de 2018 hasta la fecha de la sentencia. Desde entonces y hasta el pago efectivo, regirá la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires o el promedio entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables y el Índice de Precios al Consumidor si esa alternativa resulta mayor.
La aseguradora citada en garantía deberá responder por la condena dentro de los límites de la póliza y de las condiciones de cobertura vigentes al momento del pago. Las costas principales quedaron a cargo de la fiduciaria, mientras que la demandante deberá afrontar los gastos derivados de los planteos que prosperaron a favor del fideicomiso y del consorcio.
Fuente: Infobae — Ver noticia original