El que tiene plata, hace lo que quiere. El espíritu de los proyectos de reforma electoral del oficialismo —los borradores se suceden, cambian de un día para otro— apunta a que se haga sentir el poder del que más plata tiene. O el que recibe fondos de Elon Musk o del delincuente condenado Fred Machado, el que financiaba al libertario José Luis Espert —ver nota de Agustín Gulman-. Por ejemplo, se podrá hacer publicidad en las redes, internet, medios digitales el mismo día de las elecciones. Se terminó la jornada de reflexión. ¿Quién podrá hacer esa publicidad? El que tiene más acceso a los fondos para pagarla. El gasto más elevado en todos los sistemas electorales son los avisos publicitarios: antes corrían por cuenta del Estado que los financiaba de manera más o menos ecuánime entre todas las fuerzas. Ahora, los espacios cedidos se cortan a la mitad y cada partido deberá pagar la cuenta de la llamada publicidad no tradicional o tendrá que afrontar lo más probable: el que no tiene plata queda en más desventaja que antes. El oficialismo dice que “bueno, la tele ya no es tan importante, porque están las redes”. Nuevamente, se favorece el rico, el que puede contratar en los sitios más visitados, que pueda hacer mejores videos, producciones y servicios.
PASO o no PASO
En el debate público, el acento está puesto en la suspensión de las Primeras Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): el oficialismo quiere complicar todo lo posible al peronismo y su interna. Las PASO proveían la estructura, seguridad y los fondos del Estado para dirimir las candidaturas de los partidos. Hacen todo más fácil y, en especial, menos costoso.
Las PASO no eran una norma sacada de la galera. La Constitución Nacional, artículo 38, dice: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. Y, a continuación, “el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades de la capacitación de sus dirigentes”.
Es cierto que las PASO implicaron desvíos corregibles, como la obligatoriedad en fuerzas que no tenían competencia alguna. Pero se buscaba una legitimación popular de las candidaturas, con el respaldo del Estado, su organización y sus fondos.
Más allá de la normativa, ni el peronismo ni las demás fuerzas deberían temerles a las internas partidarias, que fueron una práctica casi habitual durante muchos años. El choque más trascendente fue aquel de Carlos Menem y Antonio Cafiero y luego Luis Zamora vs. Néstor Vicente o José Octavio Bordón contra Chacho Álvarez o De la Rúa frente a Graciela Fernández Meijide. Se suele decir: “El que no puede hacer una interna, tampoco está capacitado para gobernar”.
De todas maneras, la intencionalidad del proyecto es, en primer lugar, complicar todo lo posible al peronismo y, nuevamente, potenciar al que tiene más dinero para publicidad, movilización, colectivos, redes. En la propia Cámara Nacional Electoral (CNE) admiten que las internas son caras por la logística que requieren, la seguridad, y luego, en los fondos que se necesitan para publicitar a cada uno de los candidatos.
La postal que se hace el gobierno es la de un Javier Milei como único candidato de derecha, guardando los fondos para su campaña presidencial, mientras el peronismo es obligado a hacer un esfuerzo económico y de movilización para elegir su candidato a la Casa Rosada. Sin embargo, hay un tema que repiten los especialistas en campañas electorales: las internas son muchas veces una magnífica forma de instalar y propagandizar un candidato.
Inscribime un candidato
La cuestión de los requisitos para presentar a un candidato a presidente y a vice cobra más importancia porque ya no están las PASO como filtro. En 2023, antes de las PASO se presentaron 27 fórmulas presidenciales y apenas 5 compitieron en la elección presidencial. Sucede que ahora además se agrega la Boleta Única de Papel (BUP), que con 27 candidatos a la Casa Rosada, más toda la tira de diputados, senadores, se convierte en una sábana inmanejable para un ciudadano común.
Pese a varios amagues, el dictamen que parecería se va a votar, no modifica los requisitos para presentar un candidato presidencial: inscribir un partido, con el 4 por mil del padrón de cada distrito, hasta un máximo de 1.000.000 de ciudadanos por ese distrito. O sea, que en las provincias más populosas solo se requieren 4.000 avales. El otro requisito es que el partido que presente el candidato esté legalizado en 5 distritos. Si el candidato X a presidente recurre a legalizarse en las provincias con menos votantes, con presentar, en total, unos 5.000 avales, logra la candidatura. El problema, dicen en la CNE, es que con el requisito únicamente del DNI que figura en el dictamen, aparecen personas fallecidas, de 110 años, afiliados a otros partidos y ciudadanos que ni se enteran de que usaron su identidad.
Como ya anticipó Página/12, en la CNE consideran que el Poder Ejecutivo le tiene que dar una copia en espejo al organismo rector de elecciones del padrón biométrico, para realmente certificar una identidad. Es una tecnología barata, que ya usa Migraciones, y que corresponde a que sirva en las elecciones. Pero no puede quedar la autenticidad en manos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que es un organismo del Ejecutivo. O sea, no puede manejar el padrón el mismo poder que integra el candidato oficialista.
Ficha limpia
El reclamo del PRO de imponer la llamada Ficha Limpia obedece a una lógica muy simple: el macrismo y la alianza mediática-judicial-empresaria, el poder del dinero, controla buena parte de la justicia y, en última instancia, dictamina quién puede ser candidato y quién no.
La situación de Cristina Kirchner la demuestra a las claras. Si en la causa Vialidad, la defensa objetó que el fiscal y un juez del Tribunal Oral jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, la impugnación se rechaza. Si la Cámara de Casación —la condena en segunda instancia es la que saca de competencia— está integrada por un magistrado que iba a jugar al padle con Macri y otro que lo visitaba en secreto, queda sellada la descalificación electoral. Si un Tribunal Oral absolvió a todos los acusados en la causa Hotesur-Los Sauces, los mismos jueces de Casación voltearon la resolución, anulan la absolución y ordenan un nuevo juicio. Sí, por otro lado, dos magistrados dicen que hay que reabrir la causa Libra, que involucra a Milei; empiezan las recusaciones contra esos jueces y funciona el mecanismo implacable: condenas y fichas limpias para opositores, siga-siga para oficialistas.
La mecánica es groseramente tramposa en épocas de lawfare.
¿Espíritu derrotista?
Todo indica que el gobierno decidió que necesita un “ayudín” para reelegir. Transita por los números más bajos de aprobación y por los peores indicadores económicos de su gestión. Requiere de cambiar —urgente— el reglamento del match. Tal vez haya tomado nota de los últimos cinco naufragios de sus aliados de ultraderecha: Trump (USA), Netanyahu (Israel), Bolsonaro (Brasil), Orban (Hungría), Vucic (Serbia).
Aun así, nada está escrito. La oposición tendrá que batallar y, si logran una interna impactante, tendrán las mayores chances. Aunque el cambio de reglamento beneficie a los megaricos, a los respaldados por Peter Thiel o Elon Musk, y hasta a los que recogen fondos de riquezas de origen todavía más dudoso.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original