El tema de la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses vuelve cada tanto a sacudir la alfombra política con un claro objetivo: hay cerca de 80 jefes comunales a los que se les vence el mandato en 2027 y que no podrán volver a ser candidatos porque la ley lo impide. Aunque hoy ninguna fuerza política cuenta por sí sola con los votos necesarios para modificar la norma, la discusión sigue agitada y no precisamente porque preocupe la grave situación de los habitantes de la amplia mayoría de los distritos.
En los últimos días, las versiones sobre supuestas negociaciones para restablecer las reelecciones indefinidas obligaron a varios dirigentes de La Libertad Avanza y de Pro a desmentir entendimientos con el kiciloffismo en ese sentido. Mauricio Macri y Cristian Ritondo hicieron público el rechazo partidario a modificar la legislación vigente. Voceros del radicalismo también negaron conversaciones con la gobernación, mientras que los libertarios Sebastián Pareja y Diego Santilli insistieron en que no acompañarán una reforma de esas características.
Del lado del oficialismo provincial, que concentra la mayor cantidad de intendentes alcanzados por la restricción, Axel Kicillof no ha podido reunir voluntades propias para avanzar con el proyecto de la senadora Ayelén Durán, que propone eliminarla. La iniciativa, presentada en 2025, permanece sin tratamiento en la Cámara alta.
Es que la cuestión atraviesa a casi todo el arco político. De los intendentes inhabilitados para competir 51 pertenecen al peronismo en sus distintas versiones, 16 a la UCR, siete a Pro, cinco a fuerzas vecinales y uno a La Libertad Avanza. La magnitud de las cifras explica la enorme presión que existe para cambiar las reglas. También deja en evidencia que la tentación de perpetuarse en los cargos no reconoce fronteras partidarias.
En los últimos tiempos, la intención de aferrarse a ellos se ha ido extendiendo a una negociación política de mayor alcance. En el peronismo se habla de redoblar los esfuerzos para alcanzar acuerdos internos poniendo incluso sobre la mesa cuestiones de enorme relevancia institucional, como negociar avales legislativos a cambio de completar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, definir el calendario electoral 2027 o avanzar en el tratamiento del presupuesto, de la ley fiscal y del endeudamiento que reclama el gobernador para la provincia.
El Frente Renovador que, junto con el macrismo impulsó en 2016 la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas, asegura que no está dispuesto a modificarla, pero trascendió que no se opondría si el kicillofismo consigue los votos “por otras vías”. Entre ellas aparece, incluso, la posibilidad de judicializar la cuestión, una desesperada alternativa que ya había sido ensayada en otras oportunidades sin resultados favorables.
Lo que en un principio pudo haber sido un globo de ensayo para tantear voluntades y conseguir mayorías especiales en la Legislatura va camino de transformarse en algo mucho más preocupante. Las distintas maniobras que se fueron pergeñando para sortear la prohibición, desde los cuestionamientos judiciales hasta el impulso de cartas orgánicas municipales que permitan establecer regímenes electorales propios, muestran que el propósito de fondo permanece intacto. El caso de Castelli, cuyo intendente, Francisco Echarren, promueve una reforma de ese tipo, es solo un ejemplo. También lo fueron los fracasados intentos por instalar una ampliación de miembros de la Legislatura como parte de las especulaciones políticas alrededor de la discusión.
El asunto está ingresando ahora en otra etapa, tan inapropiada como las anteriores. Ya no se trata solamente de buscar los votos para modificar la ley, sino de encontrar algún subterfugio que ampare a quienes se encaminan a perder la posibilidad de seguir ejerciendo el poder en sus pagos chicos. La política pasó de discutir cómo conseguir los votos a explorar en qué lugar de una próxima gestión podrían ubicarse esos dirigentes a cambio de respaldos para determinados asuntos. De globo de ensayo, a toma y daca. Una deriva que desnuda hasta qué punto las prioridades de buena parte de la dirigencia se encuentran alejadas de las preocupaciones de la ciudadanía. Más distantes de los problemas cotidianos de los bonaerenses no pueden estar.
Salvo algunas excepciones, los intendentes involucrados mantienen un silencio que difícilmente pueda interpretarse de otra manera que no sea complicidad. No hay pronunciamientos contundentes en defensa de la sana alternancia ni una explicación convincente de por qué deberían tener un derecho especial a permanecer atornillados en sus despachos. La discreción parece ser la mejor estrategia mientras otros hacen el trabajo de instalar el debate.
Conviene recordar, además, que la ley que hoy limita las reelecciones no llegó intacta hasta nuestros días. Sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores y otros cargos electivos. Su espíritu era saludable: poner un límite a la permanencia indefinida en los puestos de poder y favorecer la renovación de la representación política. Sin embargo, la norma comenzó a desnaturalizarse casi desde su nacimiento. Una amañada reglamentación de Vidal estableció que solo debía computarse como mandato completo aquel en el que el funcionario hubiera ejercido más de dos años. Ese criterio abrió la puerta a licencias estratégicas y movimientos administrativos que permitieron a numerosos dirigentes eludir el espíritu de la prohibición sin abandonar realmente el control de sus municipios.
En 2021 llegó otra modificación que alteró el punto de partida para contabilizar los mandatos alcanzados por la restricción y terminó habilitando un período adicional para varios intendentes. La ley fue perdiendo eficacia a fuerza de excepciones, interpretaciones y conveniencias coyunturales.
La alternancia y la periodicidad en los mandatos no constituye un castigo para quienes gobiernan. Constituyen, por el contrario, una garantía para los ciudadanos y una condición indispensable para evitar que el poder termine convertido en patrimonio de quienes lo ejercen.
Las leyes no pueden ser reglas de conveniencia que se respetan cuando favorecen y se buscan eludir cuando incomodan. Quien pretende gobernar debe aceptar también los límites que impone el sistema democrático. La alternancia es uno de ellos. Y ninguna urgencia electoral, interna partidaria o negociación espuria de cargos justifica desnaturalizarla.
Fuente: La Nación — Ver noticia original