De los más de $3000 millones que ingresaron entre 2023 y agosto de 2026 por la tasa vial y el Fondo Compensador en el partido bonaerense de Colón, apenas $18,7 millones fueron destinados al rubro específico de obras viales. El monto representa solo el 0,62% de la recaudación total, según el cálculo de los productores a partir de un informe municipal. Ese es uno de los principales cuestionamientos de quienes impulsan una presentación judicial que, a cuatro meses de haber sido anunciada, es inminente contra el municipio.

El reclamo apunta a que la recaudación por ambos conceptos se destinen efectivamente a la conservación, reparación y mejoramiento de los caminos rurales. Los productores ponen bajo la lupa los gastos indirectos declarados por la administración local, que superaron los $1205 millones en el período analizado.

Según el informe municipal del 21 de septiembre pasado, entre 2023 y el 31 de agosto de 2026 ingresaron $3009 millones por la tasa vial y el Fondo Compensador. De ese total, se declararon unos $1248 millones en gastos directos y otros $1205 millones en gastos indirectos. Sin embargo, la partida identificada específicamente como obras viales sumó apenas $18,7 millones.

La decisión de avanzar a la vía judicial llega en un momento sensible para el sector agropecuario, a pocos días del avance de la cosecha de trigo. Según los productores, de los aproximadamente 700 kilómetros de caminos rurales que tiene el distrito, solo un 35% fue reparado en condiciones razonables. El resto continúa con problemas de transitabilidad. Días atrás, una productora volvió a publicar la fotografía de un pozo en un camino real que, según mostró, permanecía sin solución desde mayo de 2025.

“Estamos con una gran expectativa con la presentación del reclamo ante la Justicia”, señaló a LA NACION José Manfredini, vicepresidente primero de la Sociedad Rural de Colón. El dirigente sostuvo que, desde que comenzaron los reclamos hace cuatro meses, las intervenciones no alcanzaron para resolver el problema: “Del 100% de los caminos rurales han hecho arreglos solo en un 35%”.

El reclamo de los productores no se limita a conservar los trazados existentes

A las dificultades de infraestructura se suma la falta de maquinaria disponible. Manfredini aseguró que actualmente funcionan dos máquinas, cuando el distrito necesitaría alrededor de seis: “El parque automotor vial está roto. Hay dos motoniveladoras viejas andando y una nueva. Para los productores, la escasez de equipos limita la capacidad de respuesta del municipio.

La preocupación inmediata es cómo se podrá sacar la producción cuando comience la trilla. “Estamos a días de la cosecha fina del trigo y los caminos van a colapsar por las condiciones que tienen hoy, peor si llega a llover un poco, ahí es seguro que se va a complicar para sacar la producción”, advirtió. También señaló que el deterioro y el angostamiento de algunos trazados dificultan el paso simultáneo de maquinaria agrícola.

La imagen muestra el mismo pozo en un camino rural del partido bonaerense de Colón, que permanece sin reparar

La evolución anual también forma parte de los cuestionamientos: en 2023 se destinaron $3,1 millones a obras viales; en 2024 y 2025 no se registraron gastos bajo ese concepto, pese a que en esos dos años se recaudaron en conjunto más de $1750 millones. En tanto, durante los primeros ocho meses de 2026, con ingresos por más de $1100 millones, las obras viales específicas sumaron $15,6 millones.

Ante la falta de mantenimiento municipal, son los mismos productores que, con un disco y un rastrón. arreglan los caminos para que estén transitables

Los productores cuestionan los más de $1205 millones imputados a gastos indirectos, que incluyen tareas de recaudación, fiscalización, administración y gestión, además de logística, compras, alquileres y supervisión de obras. Por eso, reclaman que el municipio detalle cómo se compusieron esos costos y qué relación concreta tuvieron con el mantenimiento de los caminos rurales.

En paralelo, el municipio también contabiliza como gastos directos los desembolsos en maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal. Sin embargo, los productores sostienen que esos gastos no explican la escasa inversión en obras viales específicas ni el deterioro de los caminos, y cuestionan si la asignación de los fondos respeta el destino para el que fueron recaudados.

Los productores cuestionan los más de $1205 millones imputados a gastos indirectos, que incluyen tareas de recaudación, fiscalización, administración y gestión, además de logística, compras, alquileres y supervisión de obras

Hay un dato posterior que refuerza el planteo: al 30 de septiembre, la recaudación de la tasa vial ya había superado en casi un 18% lo previsto para todo 2026, cuando todavía faltaban tres meses para cerrar el año. Sin embargo, según señalaron los productores, las obras en la red rural apenas registraban unos $15,7 millones ejecutados y la partida correspondiente no contaba con crédito aprobado.

Manfredini cuestionó además que se hayan utilizado recursos provenientes de la tasa para afrontar gastos que no corresponden a la finalidad del tributo. En particular, mencionó la construcción de una oficina en el nuevo corralón municipal: “Han gastado $25 millones para hacer una oficina del municipio. ¿Por qué el productor tiene que bancar la oficina de Obras Públicas?”.

En 2023 se destinaron $3,1 millones a obras viales; en 2024 y 2025 no se registraron gastos bajo ese concepto, pese a que en esos dos años se recaudaron en conjunto más de $1750 millones

El reclamo de los productores no se limita a conservar los trazados existentes. Sostienen que la tasa contempla también el mejoramiento de la red y que, después de varios años de recaudación, deberían haberse concretado obras de mayor alcance: “Ahora queremos ripio y caminos entoscados. Los caminos principales deben estar entoscados”.

Entre las prioridades mencionó el Camino del Medio, de unos 20 kilómetros, y el acceso a Sarasa, de aproximadamente siete kilómetros. Sobre este último camino, señaló que la obra de enripiado fue prometida durante años y todavía no se concretó: “Durante 20 años, todos los intendentes prometieron el enripiado; se recaudó plata y nunca se hizo el camino”. También mencionó las dificultades de acceso a El Arbolito y al Camino Real a Pearson, en una zona de fuerte actividad agrícola.

El representante legal de los productores, Pablo Torres Barthe, explicó que el planteo judicial busca que el dinero recaudado se utilice para el servicio al que están afectados. Como fundamento, mencionó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene jerarquía constitucional. En particular, hizo referencia a las obligaciones de los Estados de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y de mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos. Para el abogado, la infraestructura rural resulta esencial para que la producción pueda trasladarse y comercializarse.

Torres Barthe también sostuvo que los productores son usuarios de un servicio que presta el municipio y frente al cual no tienen otra alternativa para resolver el mantenimiento de los caminos: “Como usuario de caminos rurales, el productor está frente a una relación monopólica de la municipalidad, que es la única que puede mantener los caminos rurales”. Desde esa perspectiva, el reclamo incluye el derecho a recibir información adecuada sobre el destino de los fondos y a que exista correspondencia entre la tasa que se cobra y el servicio que se presta.

La medida cautelar también solicitará que el municipio no pueda reasignar ni utilizar para otros fines los fondos de la tasa vial y el Fondo Compensador destinados a los caminos rurales, y que preserve toda la documentación contable y financiera de los últimos cuatro años.

También se solicitará que el municipio presente, en 10 días hábiles, un diagnóstico de los caminos rurales y un plan de emergencia para garantizar su transitabilidad, con obras, maquinaria y plazos. Deberá priorizar los accesos a escuelas rurales y centros de salud y acreditar que los fondos recaudados en 2026 se destinen a ese fin.

La presentación, que los productores consideran inminente, no buscará que se les reintegre lo pagado, sino que los recursos se destinen a mejorar la infraestructura rural. “Vamos a reclamar toda la plata que cobraron estos años y que no invirtieron en obras para que la pongan en caminos rurales”, cerró Manfredini.

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Fuente: La Nación — Ver noticia original