En el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires, la inquietud por el impacto del fenómeno climático del Niño se convirtió en una causa judicial que expone la demanda de transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Dos productores rurales del partido de Carlos Casares interpusieron una acción de amparo por acceso a la información pública contra el gobierno bonaerense y el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
El reclamo busca reconstruir el recorrido administrativo y financiero de los $2,3 billones que el gobernador Axel Kicillof anunció en agosto pasado en el marco del Plan de Gestión del Riesgo Climático.
La iniciativa ante los tribunales se concretó el pasado 22 de octubre, luego de que un pedido de informes formal presentado el 22 de julio en la mesa de entradas de la cartera de Infraestructura quedara sin respuesta.
El 4 de septiembre se configuró la denegatoria tácita estipulada por la normativa vigente, lo que habilitó la presentación en la Justicia.
Los demandantes buscan que el Poder Judicial ordene a la administración provincial la entrega completa, precisa y documentada de los expedientes que respaldan los anuncios económicos y la ejecución de trabajos en la Cuenca del Río Salado, con especial foco en la Subregión A3 y en el territorio de Carlos Casares.
Frente a la repercusión de la medida judicial, desde el ministerio de Infraestructura provincial señalaron de forma escueta que responderán la solicitud de informes a la brevedad.
No obstante, los ruralistas insisten en la urgencia de verificar si los anuncios publicitados cuentan con respaldo administrativo formal, qué actos los aprobaron, cuáles son los estudios técnicos que los fundamentan y cuál es el cronograma financiero previsto para su implementación en las zonas vulnerables a los anegamientos.
Licitaciones, ejecución y la realidad de la red vial
El reclamo de los productores abarca el circuito completo del dinero asignado a la prevención y a la infraestructura.
La demanda exige precisiones sobre las partidas presupuestarias comprometidas, devengadas y pagadas, además de indagar sobre eventuales reasignaciones presupuestarias, créditos o préstamos internacionales destinados a financiar los trabajos.
Asimismo, la presentación judicial requiere la nómina de las empresas contratistas adjudicatarias, los pliegos de licitación, las actas de recepción de obra y los informes de inspección, para determinar la efectividad en la aplicación de los fondos públicos.
En el plano operativo, la preocupación central del sector agropecuario pasa por el estado de las obras hidráulicas y la red vial rural.
El amparo solicita el detalle exacto de las intervenciones proyectadas, iniciadas, paralizadas o concluidas en canales, alcantarillas y drenajes durante los años 2025 y 2026, así como el plan de mantenimiento de las rutas de tierra de la región, fundamentales para garantizar la salida de la producción granaria y ganadera.
La presentación judicial no constituye un hecho aislado en el interior bonaerense.
El planteo de los agricultores de Carlos Casares toma como antecedente reciente el fallo judicial en el caso “Calema contra la Municipalidad de Carlos Casares”, en el que la Justicia ordenó a la comuna brindar datos precisos e integrales sobre las obras de alcantarillado realizadas en la ruta provincial N° 50.
Con la nueva acción impulsada contra la Gobernación, los productores rurales reafirman la vía institucional como una herramienta clave para fiscalizar el destino de las inversiones anunciadas para el campo bonaerense.
Fuente: TN — Ver noticia original