El Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana procesó con prisión preventiva a tres ciudadanos de origen chino y taiwanés por trata de personas con fines de explotación laboral en un establecimiento rural de Pilar, donde cuatro trabajadores santafesinos fueron rescatados a mediados de octubre.
La resolución del juez Adrián González Charvay alcanzó a Lin Jike, dueño del campo; Chen Lung Sen, conocido como “Agustín” y señalado como reclutador; y Chen Lin Qin, encargado del predio. Los tres continuarán detenidos mientras avanza la investigación.
En cambio, el juez dictó la falta de mérito para Wang Biao, quien recuperó la libertad con la obligación de fijar domicilio y de informar al tribunal si se ausenta por más de 24 horas.
La investigación había comenzado el 9 de octubre tras una denuncia recibida en la Línea 145, el canal nacional para reportar casos de trata de personas. El 14 de octubre, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó el campo de Pilar y una vivienda de San Antonio de Obligado, Santa Fe, desde donde presuntamente se captaba a los trabajadores.
En el operativo fueron rescatados cuatro hombres argentinos, mayores de edad y oriundos del departamento General Obligado: F.M.A., J.A.G., H.O.C. y J.I.G. La pesquisa apunta a determinar si fueron trasladados desde Santa Fe mediante una oferta de trabajo que difería de las condiciones que encontraron al llegar a Buenos Aires.
De acuerdo con la resolución, Chen Lung Sen contactó a las víctimas en Santa Fe y les ofreció $ 25.000 por jornada. También les habría cobrado el traslado a Pilar por medio de descuentos en sus salarios.
Una vez en el establecimiento, Lin Jike les informó que percibirían $ 20.000 por día. Según el expediente, los empleadores también descontaban los gastos de comida y transporte sin comunicar previamente los montos.
Uno de los elementos considerados por el juzgado fue la referencia de Lin Jike a que los trabajadores podían recibir “80 o 100 por semana”, de acuerdo con su propia declaración.
La figura de trata de personas con fines de explotación laboral contempla penas de entre ocho y 12 años de prisión en su modalidad agravada.
Vivían en una construcción sin terminar dentro del predio
Los trabajadores residían dentro del campo, en una construcción de ladrillo que no estaba finalizada. El informe incorporado a la causa describió filtraciones, cables eléctricos expuestos, una cocina con garrafa en el interior y un baño externo, ubicado a unos cinco metros de la vivienda, sin puerta.
La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano constató incumplimientos vinculados con seguridad e higiene. Además, verificó que los cuatro trabajadores no estaban registrados.
Las víctimas cumplían jornadas de ocho horas, de lunes a sábado. En una de las declaraciones incorporadas al expediente, un trabajador afirmó que tenía restricciones para usar el teléfono y que no podía comunicarse con su familia durante el horario laboral. También relató que debía realizar horas extras.
La salida del establecimiento requería autorización de personas de confianza del dueño del campo, según surge de la resolución. La Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Ministerio de Justicia señaló que los cuatro trabajadores atravesaban situaciones socioeconómicas deficitarias, habían comenzado a trabajar a edades tempranas y no habían completado la educación primaria.
Durante los procedimientos, de los que participaron la PFA, la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se secuestraron $ 22.751.000, USD 21.000, siete teléfonos celulares y tres armas de fuego.
También fueron incautados dos revólveres, una escopeta, 260 gramos de una sustancia que dio resultado positivo para marihuana en un test orientativo y una camioneta Iveco Daily, dominio AD-516-UC, registrada a nombre de Lin Jike.
Al momento del ingreso policial al campo, cuatro personas intentaron escapar y fueron detenidas en las inmediaciones. La cobertura inicial indicó que el operativo dejó nueve detenidos: siete ciudadanos chinos, un taiwanés y un argentino.
La Dirección Nacional de Migraciones informó que la mayoría de los extranjeros identificados en el predio tenía una situación migratoria irregular.
Embargos por hasta $ 300 millones
Como medida cautelar, el magistrado ordenó embargar bienes de Lin Jike por hasta $ 300 millones. Para Chen Lung Sen y Chen Lin Qin, el embargo fue fijado en $ 200 millones para cada uno.
La medida busca cubrir eventuales costas judiciales y una posible reparación civil para las víctimas.
El juzgado federal también se declaró incompetente para investigar la tenencia de las armas y la sustancia estupefaciente incautadas. Esos expedientes fueron remitidos al Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en Pilar, al considerar que se trata de delitos bajo jurisdicción provincial.
Fuente: Infobae — Ver noticia original