“Para vigilarnos hay plata, y mucha. Para los trabajadores, solo la angustia de no saber si el 31 de diciembre nos van a renovar o no los contratos con salarios congelados”. Las palabras de una trabajadora abocada al reactor Carem resumen el presente del sector nuclear argentino. Tras los despidos masivos de junio, y el vaciamiento “por goteo” de técnicos calificados ante los bajos salarios y la paralización de proyectos, hay incertezas sobre unos 240 puestos profesionales y administrativos: ni una palabra oficial sobre su renovación. Mientras tanto, la sede central la presidencia sigue custodiada por Gendarmería y los trabajadores controlados al entrar y salir, algo inédito en la historia de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). No sólo eso: internamente ya se pidió un refuerzo de seguridad que implicará un gasto extra de 335 millones de pesos al año, solo en gendarmes apostados en la puerta de la presidencia, ante posibles reclamos de los trabajadores.
Ineptos voraces
La intención del gobierno de Javier Milei de privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa que gestiona y opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), tal como quedó expresado el deseo en la Ley Bases, fue chocando con varios obstáculos. El primero, la ineptitud y voracidad de los funcionarios nombrados a cargo, muchos sin conocimiento alguno en el área. El escándalo de las tarjetas corporativas usadas para gastos de lujo en el extranjero y las denuncias por sobreprecios millonarios en licitaciones de áreas como limpieza, durante la gestión de Demián Raidel, quedaron como botón de muestra.
Pero al deseo libertario se opone también el funcionamiento ejemplar de empresas superavitarias y en expansión hasta la llegada de Milei, y proyectos fuertemente simbólicos como el del reactor Carem, que fueron abandonados y están siendo arruinados, de cuya paralización oficial dio cuenta este diario.
“NA-SA aporta, con estándares internacionales de seguridad, cerca del 9% de la electricidad que consumimos a un precio accesible, de manera segura y siempre disponible. Es superavitaria, sostiene trabajo calificado, industria nacional, ciencia, tecnología y capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo”, resumen los trabajadores.
El caso de la planta de agua pesada
Esta semana la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, en una iniciativa que reunió a las dos CTA, diversos espacios gremiales y sociales locales, diputados y senadores de la oposición, realizaron una jornada de lucha en la rotonda de ingreso a las centrales nucleares de Lima, Zárate. El próximo viernes 27 habrá otra actividad en las puertas del Centro Atómico Constituyentes.
Reclaman por los despidos, la persecución laboral, la paralización de proyectos estratégicos. Y sumaron el reclamo específico del abandono de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), que está en Arroyito, Neuquén, y es propiedad de la CNEA.
“La PIAP produjo más de 1.400 toneladas de agua pesada y abasteció la carga inicial de Atucha II. El convenio de conservación con la operadora, Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI) venció hace más de un año. Desde entonces la planta se encuentra en un deterioro constante en sus planteles de personal como material por falta de conservación”, contaron.
Las tres centrales nucleares argentinas usan agua pesada para moderar y refrigerar sus reactores y necesitan reponerla a lo largo de su vida útil. “Con la PIAP paralizada, la reposición queda expuesta a los precios, los plazos y la disponibilidad de un mercado con pocos proveedores. Al mismo tiempo, cada año de parálisis hace más difícil recuperar los equipos de la planta y conservar el conocimiento de quienes saben operarla”, denunciaron los trabajadores.
Inédito
“En los centros atómicos es lógico que haya custodia, allí hay recursos estratégicos y siempre vimos seguridad en los ingresos. Lo que es inédito es que la dispongan en la puerta de presidencia. Y esto pasa desde la represión a los trabajadores que hubo adentro de sede central el 30 de junio, cuando fueron los despidos. Ahora vemos que la refuerzan y refuerzan el gasto en gendarmes para el año que viene. Es palo para los laburantes, y plata para reprimir. Es una vergüenza”, cuenta una trabajadora.
Hay otras situaciones inéditas que se acumulan en la CNEA, además de la escasa o nula formación en el área de los funcionarios nombrados (Felipe Randle, mano derecha del presidente Martín Porro, apenas tiene un título secundario; con 23 años, Ezequiel Acuña pasó de integrar el ejército de tuiteros libertarios a “subgerente de Responsabilidad Social Empresaria”, entre otros ejemplos de nuevos nombramientos que se siguen dando, mientras se despiden técnicos).
Hace unos días se realizó la reunion de la Asociación Argentina de Tecnologia Nuclear (AATT). Es un congreso del área nuclear que se hace todos los años, y del que participan todas las empresas. Este año inventaron una “pre-apertura”, de la que participaron los funcionarios libertarios (el presidente de la CNEA Martín Porro, el secretario de Asuntos Nucleares Federico Ramos Nápoli, entre otros). Fue breve, una hora antes de que abrera el congreso y sin aviso ni inclusión en el programa. ¿El motivo? Las autoridades ya no pueden cruzarse con los trabajadores, ni siquiera en un evento de este tipo.
En la misma semana hubo otro momento límite. Sin explicaciones, cancelaron un evento que se hace históricamente llamado “CAC abierto”. Es una jornada pensada para que los vecinos del Centro Atómico Constituyentes, y la ciudadanía en general, puedan conocer lo que se hace allí. Los trabajadores dan charlas, muestran laboratorios, “abren” el centro atómico.
“Es una cancelación de una instancia en donde podemos contar con orgullo lo que hacemos y mostrar al pueblo por qué es importante tener una CNEA”, lamentan los trabajadores.
Los rumores sobre un próximo cambio de estructura dentro de la CNEA suman preocupación y acción entre los trabajadores para el futuro próximo.
“Argentina supo construir un prestigio internacional reconocido gracias al trabajo conjunto de la CNEA, las empresas tecnológicas nacionales y las universidades públicas, y formó a miles de trabajadores altamente calificados”, destacan desde la Federación de Trabajadores de la Energía. “Eso es patrimonio de todo el pueblo argentino y es lo que estamos defendiendo. Esta lucha tiene que ser causa nacional”, concluye Julio Acosta, secretario general del gremio.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original