El Ministerio Público Fiscal pidió el sobreseimiento de los jueces Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Ambos magistrados, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, enfrentaban una investigación penal por la presunta admisión de dádivas. Los fiscales federales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián consideraron que el viaje que hicieron en avión privado a Punta del Este no encuadra en una figura delictiva, debido a que el traslado y la estadía bajo sospecha ocurrieron en el contexto de una relación de amistad de larga data.
La causa penal comenzó a partir de una denuncia que cuestionó un traslado aéreo con destino a Uruguay. En el inicio de la investigación, la fiscalía no logró identificar a la persona física que pagó el viaje. No obstante, las primeras averiguaciones detectaron que la aeronave poseía vinculaciones con firmas comerciales que tenían intereses económicos en expedientes donde intervenían ambos magistrados.
Con el avance de la causa, el panorama procesal se modificó a partir de diversas pruebas y presentaciones espontáneas. Por un lado, el empresario José Antonio Porta demostró con documentos que su familia se desvinculó de la firma propietaria del avión, Airjet S.A., en agosto de 2021, mucho antes de que dicha empresa adquiriera la aeronave utilizada para el traslado en noviembre de 2023.
Por otra parte, los propios imputados y los particulares involucrados declararon para esclarecer las circunstancias del viaje.
Durante su declaración, la jueza Montesi afirmó que el traslado y el alojamiento en Punta del Este respondieron a una invitación de María Pía Astori, con quien mantiene un vínculo afectivo desde hace muchos años. En sintonía, la defensa del camarista Sánchez Torres ratificó la existencia de ese lazo amistoso.
Los organizadores del convite, Astori y Guillermo Assales, confirmaron de manera voluntaria ante la justicia que ellos ofrecieron el traslado en el avión privado y la estadía en su vivienda particular de Uruguay.
La fiscalía constató la realización del vuelo mediante informes de la Dirección Nacional de Migraciones, que registraron la salida de los cuatro pasajeros desde el aeropuerto de Córdoba el 29 de marzo de 2024 y el regreso el 2 de abril del mismo año. Asimismo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria aportó documentación que corroboró que los magistrados y la pareja anfitriona compartieron el trayecto.
Para certificar la veracidad de la amistad alegada, los investigadores analizaron las comunicaciones telefónicas de los implicados. Los registros de mensajería expusieron conversaciones cotidianas, saludos de cumpleaños, condolencias familiares y felicitaciones por nacimientos ocurridos entre los años 2019 y 2026. Según el dictamen fiscal, al que accedió Infobae, estos elementos permiten demostrar que se trató de un viaje de amigos y no de un caso de corrupción.
A partir de estas evidencias, los fiscales determinaron que el Código Penal no sanciona la recepción de obsequios motivados por lazos de afecto. El artículo 259 exige que la dádiva sea aceptada en consideración al cargo público que ejerce el beneficiario. Al comprobarse que el motivo del viaje fue la relación personal preexistente, la conducta quedó excluida del tipo penal.
De forma complementaria, el Ministerio Público Fiscal indagó si los camaristas omitieron alguna obligación administrativa de declarar el beneficio recibido. Para ello, consultó al Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la vigencia de normativas de registro de viajes financiados por terceros para los miembros del Poder Judicial.
El organismo respondió que los jueces nacionales no están alcanzados por el decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública que rige para el Poder Ejecutivo. La contestación oficial detalló que la Corte Suprema de Justicia es la autoridad de aplicación en su ámbito y que el Consejo de la Magistratura no posee una reglamentación específica sobre la declaración de traslados onerosos costeados por particulares. Esta respuesta técnica descartó la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público u omisión del oficio.
A pesar de descartar el delito penal, los fiscales advirtieron sobre la posible existencia de una falta ética o disciplinaria. El dictamen señaló que Sánchez Torres y Montesi dictaron resoluciones en un expediente civil donde la parte actora es el “Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar”. Este fideicomiso fue constituido por la firma “Astori Estructuras S.A.” para escriturar terrenos de su propiedad. Dicha empresa pertenece al grupo económico liderado por María Pía Astori y estuvo presidida por Guillermo Assales, los mismos particulares que invitaron a los jueces al viaje.
Por este motivo, la fiscalía solicitó al juez federal de la causa que, junto con el sobreseimiento definitivo de los imputados, remita una copia de todo lo actuado al Consejo de la Magistratura para que evalúe la conducta de los magistrados bajo los estándares del Reglamento para la Justicia Nacional y las directrices internacionales de ética judicial.
Cabe recordar que el juez Abel Guillermo Sánchez Torres fue procesado el mes pasado en otra causa por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, a partir de una denuncia iniciada por la secretaria judicial Celina Laje Anaya.
El pedido de sobreseimiento por el viaje a Punta del Este está en manos del magistrado Alejandro Sánchez Freytes, el mismo que dictó el procesamiento en el caso de las agresiones.
Denuncias en el Consejo
En el plano disciplinario, el panorama para los camaristas cordobeses continúa en desarrollo. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analizó las denuncias en su última sesión de este año. El expediente principal, que agrupa cinco acusaciones por supuesta violencia laboral, falsedad ideológica, anomalías en concursos universitarios y el mencionado viaje a Uruguay, no fue desestimado.
Durante el debate en comisión, se presentaron posturas divergentes. El senador Luis Juez propuso enviar de las actuaciones de Sánchez Torres a la Comisión de Acusación para iniciar un proceso de juicio político, mientras que el consejero Hugo Galderisi sugirió desestimar una parte de los cargos y continuar la investigación de los restantes en el área de Disciplina, donde se tratan los casos menos graves.
Finalmente, ante la complejidad del escenario, la Comisión de Disciplina resolvió postergar el tratamiento de los expedientes por una votación de cinco votos contra cuatro. Los consejeros César Grau, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Hugo Galderisi y Alberto Lugones votaron a favor de mantener las causas donde están para seguir recolectando pruebas. En tanto, Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Luis Juez y Alejandra Provítola votaron en contra de la postergación, al considerar que correspondía avanzar de inmediato con el trámite de acusación.
Con esta decisión, los expedientes administrativos contra los magistrados continuarán abiertos, pero entrarán en una meseta, al menos por un tiempo. En noviembre hay recambio en el Consejo y deberán asumir los nuevos legisladores, jueces, abogados y académicos designados para el ciclo 2026-2030.
Fuente: Infobae — Ver noticia original