La reciente media sanción del Senado al proyecto que modifica el régimen de biocombustibles generó un fuerte debate. Entre las razones a favor y en contra aparecen cuestiones que van desde la seguridad energética y el impacto ambiental hasta la controversia de utilizar alimentos para producir energía en un país con un creciente potencial petrolero.
Sin embargo, hay un aspecto menos discutido que antecede a todos estos argumentos. Es que la raíz de esta discusión está, en realidad, en el propio Congreso de la Nación. Cuando las reglas de juego le permiten al Congreso sancionar leyes que no respetan el principio de generalidad, por el cual las normas deben aplicarse a todos por igual y no beneficiar a actores particulares, se produce un cambio de incentivos que termina reduciendo la productividad de toda la economía.
Esto puede entenderse mejor con un caso práctico. Cualquier gerente de una empresa tiene poco tiempo y debe asignarlo de manera eficiente. Cada hora que destina a innovar para mejorar sus productos o reducir sus costos puede aumentar la rentabilidad de su empresa. Pero ¿qué ocurre si, de repente, ese gerente puede obtener una rentabilidad mayor mediante una reunión con un senador nacional para pedir un beneficio regulatorio? Lo racional es que destine cada vez más horas de su atareado día a esta segunda actividad.
Por más marginales que parezcan el tiempo, el dinero y los recursos invertidos en una reunión política, el problema surge cuando se considera que hay otros actores buscando el favor opuesto. En el caso del bioetanol, por ejemplo, sus productores tendrán incentivos para promover un mayor corte obligatorio, mientras que las empresas petroleras seguramente prefieran uno menor. Sin embargo, el favor político a conceder es uno solo. Todo el tiempo, dinero y recursos utilizados por el sector que no gana el favor político se pierden para siempre en un forcejeo sin sentido.
Esto no quiere decir que los culpables de este problema sean los empresarios. Por el contrario, mientras las reglas de juego permitan obtener rentabilidad mediante una decisión política, sería extraño que estos ignoraran esa posibilidad. El problema no está fundamentalmente en quienes buscan el beneficio, sino en el sistema institucional que permite concederlo.
Por ello, es primordial evitar que el Congreso pueda establecer leyes que concentren beneficios en unos pocos y discriminen al resto. Cuando una norma puede mejorar la situación de un grupo particular, la política se transforma en un conflicto continuo por capturar la renta a repartir. Cuando, en cambio, el principio rector es la igualdad ante la ley, ese incentivo desaparece y cada empresa se dedica a lo suyo.
En última instancia, que el Congreso pueda o no repartir favores condiciona el progreso de todo el país. Como explicó Mancur Olson, cuando el sistema político permite obtener beneficios concentrados, los distintos grupos de interés tratarán de organizarse para conseguirlos. Por ende, el incentivo a producir tenderá a reducirse mientras que aumentará el de buscar favores políticos. Este cambio puede transformar gradualmente a toda la sociedad, de una productiva a una buscadora de rentas políticas, con el consecuente desperdicio de recursos en lobby.
El debate sobre el corte de bioetanol es pertinente e incluso saludable. Lo que no es saludable para el país es lo que lo genera: la posibilidad de que el Congreso reparta regulaciones favorables a un grupo en detrimento de otro. Cuanto más generales sean las reglas y menor sea la posibilidad de distribuir beneficios entre sectores particulares, mayores serán los incentivos para que las empresas dediquen sus recursos a aquello que realmente saben hacer: innovar para producir más y mejores productos.
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Profesor de microeconomía y macroeconomía Pontificia en la Universidad Católica Argentina (Rosario)
Fuente: La Nación — Ver noticia original