Un juez de Staten Island ordenó que la ciudad de Nueva York reinicie la aplicación del recargo a las viviendas pied-à-terre, al concluir que el procedimiento trasladó de forma injusta a los propietarios la obligación de demostrar que residían en sus inmuebles. La resolución, difundida el 29 de septiembre por CBS New York, deja sin efecto las notificaciones enviadas hasta ahora y exige que se emitan nuevas comunicaciones con datos precisos sobre las propiedades alcanzadas. La decisión afecta el mecanismo dispuesto por el Departamento de Finanzas municipal para aplicar el gravamen a segundas residencias de alto valor. Sin embargo, la ciudad solicitó la suspensión de la orden judicial, por lo que el recargo continuará figurando en las facturas fiscales y deberá abonarse el 1 de enero mientras avanza el litigio. El tribunal cuestionó las notificaciones enviadas a propietarios El fallo indicó que la administración municipal “trasladó injustamente la carga a miles de propietarios para que probaran su residencia básica”, de acuerdo con la información publicada por CBS New York. Para el juez, antes de avanzar con la imposición del gravamen, las autoridades debían identificar de manera adecuada cuáles eran los inmuebles sujetos a la medida. Los propietarios que iniciaron la demanda sostuvieron que sus nombres y propiedades fueron incorporados a una lista pública de personas potencialmente alcanzadas por el recargo, aunque esos departamentos o viviendas constituían su residencia principal. Otros afirmaron haber recibido en sus domicilios cartas que advertían sobre una posible obligación tributaria. La orden judicial canceló todas las comunicaciones previas. Además, instruyó a la ciudad a retirar de la página web del Departamento de Finanzas el listado de propietarios e inmuebles divulgado durante el proceso. Las nuevas cartas deberán especificar qué propiedad sería gravada, tal como estableció el tribunal. La demanda apunta al procedimiento del recargo pied-à-terre El abogado Randy Mastro, representante de propietarios que cuestionaron las notificaciones, aseguró que la administración del alcalde Zohran Mamdani no cumplió con los pasos previstos en la ley antes de procurar el cobro del impuesto. “La administración de Mamdani no hizo el trabajo que exige la ley antes de intentar imponer el impuesto”, afirmó Mastro, citado por CBS New York. A su vez, sostuvo que el gobierno local procuró que “miles, incluso cientos de miles de neoyorquinos” consideraran que debían pagar el cargo y demostraran que vivían en sus propias viviendas. El conflicto no se centra, por ahora, en la vigencia del tributo como tal, sino en la forma en que la ciudad identificó a los contribuyentes que podrían estar obligados a abonarlo. El recargo está destinado a propiedades que funcionan como segundas residencias de lujo en Nueva York, y sus defensores lo presentan como una herramienta para que los propietarios de mayor capacidad económica contribuyan al financiamiento de servicios públicos. La ciudad mantendrá el cobro mientras continúa el litigio La administración de Mamdani invocó una suspensión de la medida cautelar dispuesta por el juez. Por ese motivo, el impuesto seguirá incluido en las boletas fiscales y deberá ser pagado el 1 de enero, aunque la disputa judicial sobre su implementación continuará abierta. Matt Rauschenbach, portavoz del alcalde, defendió el recargo y afirmó que responde a “un principio básico de equidad”. “Si se puede pagar una segunda vivienda de lujo en la ciudad de Nueva York, se puede pagar una parte justa por las escuelas, las calles y los parques que hacen que esta ciudad funcione”, declaró al medio estadounidense. El portavoz también cuestionó a los demandantes y señaló que las personas con mayores recursos intentan evitar el pago mediante una serie de acciones judiciales. En otra declaración, aseguró que la decisión del tribunal era errónea y que el Ejecutivo municipal buscaría mantener el programa “de manera justa, eficiente y en pleno cumplimiento de la ley”. Desde la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, una portavoz respaldó la normativa. Al referirse a los empresarios Steve Wynn y Wilbur Ross, indicó que su participación en la controversia reforzaba el argumento a favor del gravamen sobre segundas residencias multimillonarias. Hochul, quien promulgó la legislación, considera que algunos de los propietarios más ricos y los grupos que los representan pueden contribuir al pago de policías, recolección de residuos y remoción de nieve, según la declaración recogida por CBS New York. El estado anticipó que defenderá la norma ante los tribunales.
Fuente: Infobae — Ver noticia original