El Gobierno nacional formalizó la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a través del Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La medida, aprobada con la firma del presidente Javier Milei y los ministros del Gabinete nacional, dispone “el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del IOSFA a cargo del Administrador que designe el Ministerio de Defensa”.
De acuerdo con la normativa oficial, el procedimiento contempla una reorganización operativa hacia la obra social. En ese sentido, la resolución establece que “el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determinará, conforme su estructura vigente y las necesidades operativas del organismo, los puestos de trabajo requeridos y su dotación necesaria”.
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A partir de dicha evaluación, el organismo identificará al personal de la entidad que resulte indispensable “con el fin de formalizar su transferencia, conforme el régimen jurídico aplicable a la situación de revista del personal”. En relación con los agentes que no sean absorbidos por la OSFA, la norma encomienda al administrador del IOSFA analizar “la situación de revista de su personal que no resulte transferido a la OSFA y dispondrá las medidas que correspondan, conforme el régimen jurídico aplicable en el ámbito de su competencia”.
Respecto del personal de las fuerzas de seguridad adscripto a la entidad, la disposición fija que “el personal perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Prefectura Naval Argentina que revista en comisión de servicios o se encontrare adscripto prestando servicios en el IOSFA deberá reincorporarse a su respectivo organismo de origen”.
Deuda millonaria, parálisis prestacional y el traspaso al Ministerio de Defensa
La medida gubernamental se concretó en el marco de una profunda crisis económica e institucional que afectó de forma directa la atención médica de los afiliados. A comienzos de octubre, el Poder Ejecutivo había anunciado el destino de fondos del Tesoro nacional para hacer frente a una deuda acumulada de $210.000 millones.
El déficit de la entidad involucra acuerdos con aproximadamente 2.000 proveedores y prestadores en todo el país. Si bien la estructura de deuda concentra unos 30 grandes acreedores, la interrupción de giros impactó sobre clínicas, sanatorios, cadenas de farmacias, laboratorios, colegios profesionales y prestadores de insumos y prótesis. Esta falta de pagos derivó en la parálisis casi total de las prestaciones de salud de los beneficiarios.
Las dificultades financieras impactaron también en la conducción de la estructura residual. En septiembre pasado, presentó su renuncia el administrador del organismo, el coronel retirado Ariel Guzmán, quien se encontraba al frente de las tareas de liquidación.