Más de 4000 empresarios y trabajadores se unieron ante la crisis industrial y de consumo para marchar conjuntamente a la secretaría de Industria con una batería de reclamos. Son quienes integran la cadena de producción de calzado nacional que atraviesan un presente de emergencia. “Exigimos medidas urgentes que permitan sostener las fábricas y el empleo”, reclaman.

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El diagnóstico de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) es de situación terminal con una caída de producción del 22,6% solo en el último año, capacidad instalada del sector debajo del 40% desde 2023, 240 plantas cerradas y 10.000 puestos de trabajo menos, una caída del 55% desde la llegada de Javier Milei.

En un hecho inédito, las cámaras patronales y los sindicatos marcharon juntos desde Belgrano y Tacuarí hasta la sede de Industria, acompañados de talleristas y comerciantes. Entregaron un petitorio para que las conversaciones que han mantenido con el titular del área Pablo Lavigne se traduzcan en medidas concretas.

La más urgente es renovar la resolución ex MDP N.º 915/2021 antidumping, que vence en diciembre y es la última barrera que les queda para frenar la competencia desleal del calzado importado de China. “Estamos así por el aumento de las importaciones, del contrabando, del puerta a puerta sin aranceles ni controles y sobre todo por la enorme caída del consumo”, asegura a El Destape Horacio Moschetto, titular de la CIC.

Reclaman además dar marcha atrás con la desregulación y mejorar los controles aduanero y de fronteras, reincorporar valores criterio y observadores especializados en Aduana, restituir el etiquetado obligatorio y la Declaración Jurada de Composición de Productos (DJCP), y combatir el contrabando en pasos fronterizos, comercios y redes sociales.

Sostienen que están en condiciones desiguales con las plataformas digitales cómo Shein y Temu porque las condiciones tributarias y aduaneras no son equivalentes para los envíos directos al consumidor mediante comercio electrónico internacional.

Afirman que no hay antecedentes de una catástrofe así. “Una caída de esta dimensión tan grande y abrupta no tenemos registro en la historia del calzado. Esto es de toda la cadena y marchamos con los trabajadores y gracias a los trabajadores con el sindicato, los fabricantes, con los talleristas y los comerciantes”, completa.

“Defender la industria nacional no significa impedir las importaciones, sino garantizar condiciones razonables para competir. Sin medidas urgentes, se seguirá perdiendo empleo, empresas y un saber productivo nacional”, advirtieron. Ya no quedan grandes plantas industriales dedicadas al calzado. Las que tenían más de 1000 empleados cerraron. “Alpargatas en Tucumán, en El dorado con 1400, en Coronel Suárez con 4000, en Chivilcoy con 500”, enumera Moschetto. Las que sobreviven son empresas de 100 o 150 trabajadores o pymes más chicas.

Otro de los paquetes de medidas solicitados incluye alivio fiscal, mejoras para el consumo y financiamiento. Piden levantar embargos a PyMEs (80% de las empresas del sector), extender la suspensión de ejecuciones fiscales (RG 5923/2026) hasta fin de 2027, lanzar una moratoria con ARCA, habilitar créditos a tasas subsidiadas y conformar una mesa de trabajo sectorial.

Fuente: El Destape — Ver noticia original