Malvinas es una de las pocas causas que une a los argentinos por encima de ideologías y posiciones políticas. Nuestra Constitución lo establece en su Disposición Transitoria Primera: recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Javier Milei, que hizo de la ruptura de consensos un método de gobierno, terminó ensuciando también esta causa. El despliegue de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” luego del partido contra Inglaterra, que un hincha les había arrojado a los jugadores de nuestra selección, conmovió casi tanto como la épica remontada del equipo argentino. No era un trapo cualquiera: reflejaba la memoria de varias generaciones y el homenaje a nuestros caídos y veteranos.
El Gobierno debió salir apresuradamente a intentar controlar los daños políticos provocados por la ausencia de la causa Malvinas en la agenda gubernamental y las restricciones al ingreso de banderas con el mapa de nuestras islas al partido, avaladas por el propio Gobierno. Milei, admirador confeso de Margaret Thatcher, había dicho el 2 de abril de 2025 que los isleños algún día podrían elegir ser argentinos, como si se tratara de un caso de autodeterminación. No lo es. Es una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, que debe resolverse negociando con el Reino Unido de Gran Bretaña. Reivindicar nuestra soberanía parecía incomodarlo más que la misma ocupación colonial.
Con la economía estancada y el deterioro social y productivo a la vista, Milei descubrió tarde la causa Malvinas. Dejó por un rato su anglofilia y su pasividad frente al proyecto León Marino (Sea Lion), que busca explotar hidrocarburos en aguas argentinas. Epifanía de por medio, anunció en cadena nacional un proyecto para endurecer las sanciones contra las empresas que saquean nuestros recursos. Compartimos ese objetivo. El problema es que, otra vez, usó una causa nacional para colar reformas de seguridad e inteligencia que nada tienen que ver con la soberanía. Esas reformas despertaron alertas en la oposición, la sociedad civil y las entidades periodísticas por su posible alcance persecutorio. Los funcionarios de mayor rango ni siquiera fueron a las comisiones a explicarlas.
Propusimos algo sencillo: dividir el proyecto y aprobar el Título I, el único que trata sobre Malvinas, para votar unidos contra el saqueo sin convalidar el resto. El oficialismo se negó. Cuesta no preguntarse cuánto de esa agenda responde a Donald Trump y a los intereses de Estados Unidos en la región. La soberanía no puede ser una coartada para recortar libertades ni una herramienta de subordinación.
Desde el peronismo queremos ir más allá de las declaraciones, con una estrategia que combine herramientas jurídicas, sanciones económicas, presión diplomática y cooperación regional. Hay que endurecer las sanciones económicas y penales contra las compañías que extraen recursos en la zona ocupada. También hay que extenderlas a toda la cadena que las sostiene: bancos, aseguradoras, proveedores, operadores logísticos y transportistas. Ninguna empresa que participe del saqueo debería poder hacer negocios en la Argentina como si nada, sin importar su nacionalidad ni el poder que tengan sus accionistas.
Pero Malvinas no es solo una causa argentina, es también latinoamericana. Una potencia nuclear extrarregional ocupa un territorio en el Atlántico Sur y promueve la explotación unilateral de recursos naturales en un área cuya soberanía está en disputa, desoyendo los reiterados llamados de las Naciones Unidas a resolver la controversia por medios pacíficos y negociados. La Resolución 2065 (1965) reconoció la disputa de soberanía, mientras que la 31/49 (1976) pidió a las partes que se abstuvieran de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por la Asamblea General. Cada recurso explotado unilateralmente en el territorio en disputa contradice el espíritu de ese mandato.
Por eso, junto con legisladores de distintas provincias, enviamos una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Les pedimos que los puertos, aeropuertos y servicios logísticos de la región no se usen para explotar ni comercializar los recursos de los territorios usurpados. También les solicitamos que evalúen restringir el abastecimiento de combustible, las reparaciones, el recambio de tripulaciones y la asistencia técnica. No buscamos gestos de solidaridad, sino decisiones concretas. Como antecedente, cabe mencionar que, en 2011, el Mercosur y sus Estados asociados se comprometieron a impedir el ingreso a sus puertos de buques que enarbolaran la bandera ilegal de Malvinas. Ese acuerdo debe ser el punto de partida para compartir información y coordinar controles.
Chile muestra por qué esto es urgente. El gobierno de José Antonio Kast, aliado de Milei, respaldó la reapertura de la ruta marítima entre Punta Arenas y las islas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre, y la presentó como un asunto entre privados. Su ministro de Defensa fue más lejos y reivindicó la “voluntad” de los isleños relativizando el compromiso de cooperación regional asumido por Chile como Estado asociado del Mercosur. Todo esto pasó pocas semanas después de que Kast firmara en La Moneda una declaración conjunta con Milei. Y no se trata de un simple intercambio comercial: Punta Arenas se perfila como base de abastecimiento del ilegal proyecto de León Marino.
El Gobierno debe convocar de forma inmediata al embajador chileno. Pero un gesto diplomático no alcanza. Si no se modifica el accionar trasandino, hay que replantear los aspectos de la relación comercial con Chile que puedan contribuir al sostenimiento de la ocupación y la explotación ilegal de nuestros recursos. La Argentina le provee energía y otros bienes que su economía necesita. Si Santiago elige el negocio con los usurpadores, debemos estar dispuestos a suspender esas exportaciones y a sancionar a las empresas que abastezcan el saqueo. No se trata de castigar al pueblo chileno, con el que compartimos una historia, sino de exigirle coherencia a su gobierno. En el Atlántico Sur no hay lugar para ambigüedades. O se está con la Argentina o se está con los usurpadores.
No podemos hablar de integración latinoamericana mientras nuestros puertos sirvan de plataforma al saqueo. Por su pesca, sus hidrocarburos y su proyección antártica, el Atlántico Sur será cada vez más un espacio de disputa. Si una potencia colonial consolida allí su control, el desarrollo de toda la región queda condicionado. La soberanía se recuperará por medios pacíficos, pero la paz no es resignación. Es imprescindible elevar el costo de la ocupación, ralentizar los proyectos que pretendan desarrollarse y atacar su rentabilidad.
Malvinas exige mucho más que una cadena nacional o un proyecto usado como caballo de Troya. Exige una política de Estado, firmeza económica y unidad regional. Ningún puerto latinoamericano debería estar al servicio del saqueo británico, y ningún gobierno argentino debería usar Malvinas para esconder sus verdaderas prioridades. Las Malvinas son argentinas y su defensa debe ser latinoamericana.
Fuente: Infobae — Ver noticia original