Gerardo Domínguez, presidente de la cooperativa desalojada la semana pasada, acusó a los tres funcionarios de facturar por servicios que nunca cumplieron. La planta está tomada por los trabajadores.
Nueve millones de pesos en danza que los recicladores de Merlo dicen que se repartieron entre el intendente Leonardo Rodríguez, el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, y el secretario de Gobierno de la municipalidad, Bruno Mini, serían las causales de la apurada decisión municipal de desalojar del predio a los trabajadores de la cooperativa.
Así lo denunció en declaraciones periodísticas Gerardo Domínguez, el presidente de la agrupación, quien dijo que los funcionarios facturaron obras y materiales que nunca hicieron ni compraron. Corrupción en estado puro.
“Nos piden que nos vayamos sin ninguna notificación legal, sin una orden formal, solo porque ya no les conviene que sigamos acá. Es una maniobra para tapar todo lo que no hicieron”, sostuvo el reciclador, quien no paró de hacer acusaciones graves. Una de las más llamativas llegó cuando dijo que el predio que la municipalidad les otorgó está conectado a la electricidad de manera clandestina.
Por lo pronto, los trabajadores tomaron la planta, donde pasan el fin de semana y recibieron el abrazo simbólico de un grupo de vecinos que apoyan su causa. Las expectativas están puestas en ver qué sucede el lunes, cuando la municipalidad salga de su letargo de fin de semana e intente alguna acción sobre el tema.
La situación parece más delicada de lo que se presentó el jueves, cuando el intendente Rodríguez le pidió a Domínguez que se vaya con su gente de la cooperativa del predio municipal, sin más explicaciones.
Las dieron, sí, por escrito, en un comunicado en el que la municipalidad informó que asumirá “el control directo y la gestión integral de la Planta de Reciclado Municipal, tras evidenciarse pérdidas económicas insostenibles derivadas de su administración actual”.
La de recicladores no es la primera cooperativa que el municipio merlino se decide a intervenir, empeñado como está de adueñarse de todos los servicios, hacer uso económico de ellos y dejar a trabajadores en la calle. La otra, más visible, es la de agua.
Un día después de estallado el escándalo, el gobernador Claudio Poggi estuvo en Merlo y omitió hacer declaraciones sobre la situación, aunque se sacó todas las fotos que pudo con los tres acusados en una visita a una obra que demostró la opinión del gobernador sobre la cooperativa de agua.
Uno de los conflictos no resueltos tras la decisión municipal de desalojar a los recolectores de residuos es qué pasará con la maquinaria que hay en la recicladora. Si bien los miembros de la cooperativa reconocen que alguna fue comprada por el estado nacional, hay otra que fue adquirida por ellos. En su orden, Rodríguez pidió que se restituya todo el mobiliario.
Si bien Domínguez atacó con fiereza al intendente y a Alvarez Pinto, quien más castigo recibió fue Mini, un funcionario de bajo perfil pero alto poder de mando que oficia de nexo entre los dos ex jefes comunales, con evidente preferencia del actual ministro, a quien obedece ciegamente, aún a costa de perjudicar la imagen de Rodríguez, su jefe actual.
“Vos sabés que facturaste combustible y nunca nos diste nada”, dijo el presidente de la cooperativa a Mini, quien como siempre se refugió en el silencio.
Otro funcionario merlino que cayó en la crítica de Domínguez fue Aníbal Cattáneo, director de Gestión Ambiental de Residuos y Vinculación, quien creó el proyecto de cooperativa y ahora tuvo que ser parte de la decisión de cerrarla. “Cattáneo firmó un expediente que no cierra porque no saben cómo justificar la plata”, acusó el reciclador, quien trató al intendente de “delincuente”.
