A más de un año de la condena contra la expresidenta, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti afirmó que el tribunal no analizó la constitucionalidad de la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó cubrir las dos vacantes que mantienen al máximo tribunal con tres integrantes.
El magistrado se refirió al expediente contra la expresidenta, al funcionamiento de la Corte y a los límites de los pedidos de juicio político contra magistrados. También explicó el alcance de la decisión vinculada con la Ley de Tierras.
Al ser consultado en el programa Cata de noticias, en radio Con Vos, sobre la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y las discusiones sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, Lorenzetti evitó emitir opinión sobre una decisión del propio tribunal. Sin embargo, precisó cuál fue el alcance de la intervención de la Corte en ese expediente.
Según explicó, la causa llegó al máximo tribunal mediante una queja luego del rechazo de un recurso extraordinario. La Corte desestimó esa presentación por falta de fundamentación y, por ese motivo, no avanzó en una revisión de fondo.
“El tribunal oral resolvió, en el tema de Vialidad, tomó una decisión. Esa decisión después fue respaldada por la Cámara de Casación. Ahí está el doble conforme que se requiere y la Corte recibió un recurso denegado, o sea, solo una queja”, señaló Lorenzetti.
El magistrado remarcó que la decisión de la Corte se limitó a esa presentación. “En esa queja, que es un modo muy estrecho, es decir, no analizamos el fondo, la Corte lo resolvió por falta de fundamentación, es decir, no estaba bien fundado. Eso lo puede leer cualquier persona y hasta ahí llegamos”, sostuvo.
También indicó que la Corte no trató la cuestión de la inhabilitación perpetua, una pena prevista en el Código Penal que fue dispuesta junto con la condena de prisión. “En esas sentencias, lo que llega a la Corte no está planteado ese tema”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Fernández de Kirchner compita en elecciones.
Sobre el debate jurídico alrededor de una eventual inconstitucionalidad de la sanción, agregó: “Lo que se habla es si se plantea la inconstitucionalidad o no de esa inhabilitación perpetua en relación a una pena de prisión más acotada, que no es perpetua. Ese es un tema, pero en la Corte no se trató ese tema”.
Asimismo, frente a las expresiones políticas que definen a la expresidenta como proscripta, Lorenzetti separó el plano político del jurídico. “No me parecen mal las discusiones políticas. Que cada sector tenga sus argumentos y los use y luche por lo que cree que es bueno. Eso está bien en una democracia”, planteó. Sin embargo, aclaró: “Jurídicamente es otra cuestión. Nosotros nos ajustamos a la ley, al derecho, a la Constitución”.
Las vacantes en el máximo tribunal
En la misma entrevista, Lorenzetti reclamó completar la integración de la Corte. La ley fija cinco miembros, pero el tribunal funciona con tres luego de las vacantes que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
“El presidente tiene que enviar esos pliegos, tomar esa decisión y después tiene que haber un Senado con dos tercios que lo apruebe”, dijo. Consideró que la falta de acuerdos para cubrir los cargos es un déficit que se mantuvo durante distintos gobiernos.
El ministro planteó que la actual conformación exige mayor esfuerzo para alcanzar decisiones, dado que la mayoría requerida también es de tres votos. Aclaró que su preocupación central no está en el volumen de trabajo, sino en la concentración de atribuciones.
“Tres personas que decidimos de todo es demasiado poder para tres personas y tiene que haber diversidad también”, señaló. “Yo nunca me quejo de trabajo porque siempre trabajé y los temas salen. Pero tres personas que decidimos de todo, es demasiado poder para tres personas”, agregó.
Lorenzetti consideró positiva la incorporación de mujeres a la Corte. “Dentro de esa diversidad, la diversidad de género es buena. Por supuesto que sería bueno que incorporen mujeres”, afirmó, aunque aclaró que la decisión sobre las candidaturas corresponde al Poder Ejecutivo y su aprobación al Senado.
El juez se mostró cauto ante la posibilidad de ampliar el número de integrantes del tribunal. Advirtió que una modificación de ese tipo podría generar incertidumbre sobre los criterios judiciales. “Si la Corte fija un criterio y se dicta una ley para ampliarla y después demora lo que está demorando para cumplirlo, vamos a estar un año, dos años, tres años sin saber cuál es la jurisprudencia de la Corte”, sostuvo.
La Ley de Tierras y el límite de los juicios políticos por sentencias
Sobre la decisión vinculada con la Ley de Tierras, Lorenzetti rechazó que la Corte se haya pronunciado sobre la validez de esa norma, sobre el decreto de necesidad y urgencia cuestionado o sobre la venta de recursos naturales.
Explicó que el expediente llegó al tribunal dentro de procesos colectivos que discutían medidas cautelares. En una de las causas, la Corte rechazó una presentación de excombatientes de Malvinas por falta de legitimación, al concluir que no habían acreditado una representación jurídica directa para impulsar el reclamo.
“Primero, la Corte no opinó sobre la Ley de Tierras”, afirmó. “Acá todo es precario. No estamos hablando ni de la Ley de Tierras, que no llegó a la Corte, no estamos hablando del DNU ni de una ley. Estamos hablando de una medida cautelar, que es algo muy precario, y de un DNU, que también lo es”.
El juez explicó que el tribunal resolvió primero la situación de la asociación de excombatientes. “Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas, porque toda la sociedad los respeta. Pero en este caso dijimos que no tiene una relación directa de representación jurídica respecto a este tema. Entonces, se rechazó por falta de legitimación. Punto, ninguna otra valoración”, sostuvo.
Lorenzetti indicó que luego se trató una segunda causa, que había quedado sin resolución de fondo porque se había acumulado al primer expediente. En ese caso, él y Horacio Rosatti votaron por dictar una cautelar, con el argumento de que existía una cuestión ambiental y que la acción no había tenido tratamiento previo. Carlos Rosenkrantz mantuvo una posición distinta.
“La Corte nunca puede ser pensada como alguien que vende tierras o que está en contra de los recursos naturales, porque nosotros hemos defendido los recursos naturales siempre”, afirmó. Como antecedentes, mencionó las decisiones sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Ley de Glaciares y otros fallos ambientales.
Por otra parte, Lorenzetti cuestionó los pedidos de juicio político contra jueces que se originan en desacuerdos con el contenido de sus sentencias. El planteo surgió al hablar del debate por la baja de la edad de imputabilidad y de los reclamos contra una magistrada que cuestionó una norma.
“La ley prohíbe hacer un juicio político a un juez por la sentencia”, afirmó. “Si hay otras conductas, sí, pero por la sentencia, no. Porque además la sentencia de un tribunal se apela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se apela y otro tribunal la corrige, que es lo que pasó”.
Para el ministro, utilizar el juicio político como respuesta a una decisión jurisdiccional afecta la independencia judicial y la división de poderes. “No es que cada cosa que no nos parece bien tenemos que tumbar el sistema”, sostuvo.
Fuente: Infobae — Ver noticia original