“Yo voy a resistir, a hacer lo posible para que no avance la adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes. Porque es una bomba de tiempo, porque se da en el contexto del desfinanciamiento del sistema científico y las universidades. Yo vivo con VIH; además, estoy hablando de mi salud y la de toda la gente a la que defendemos”, dice Lorena Di Giano, abogada, especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual y agente de la propiedad industrial matriculada en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Desde hace veinte años trabaja sobre la tensión entre las patentes farmacéuticas y el derecho a la salud. El jueves 15 de octubre estuvo en la plenaria de comisiones del Senado para llevar la voz de usuaries del sistema de salud y de personas dependientes de medicamentos de “alto costo” —aunque ella prefiere llamarlos de “alto precio”, que no es para nada lo mismo— como quienes viven con VIH o hepatitis y quienes sobrevivieron a la tuberculosis que se reúnen en torno a la Fundación GEP, de la que Lorena es directora ejecutiva.
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptado en 1970, facilita la presentación de solicitudes de patentes en varios países mediante un trámite internacional. No concede patentes: cada oficina nacional o regional decide si las otorga. Argentina ha resistido durante décadas la adhesión a este sistema y, por otra parte, adoptó sus propias guías de patentabilidad para limitar el evergreening: un “lavado de cara” que busca extender los monopolios mediante pequeños cambios en productos existentes. Lorena se preocupa sobre todo por el acceso a medicamentos vitales y a eso se ha dedicado durante los últimos veinte años. Es integrante de la comisión directiva de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud (RAIIS) y coordinadora de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos (RedLAM).
MÁS INFO
En esta entrevista explica cómo se construyeron las salvaguardas argentinas frente al abuso del sistema de patentes y por qué considera que su desmantelamiento, junto con la eventual adhesión al PCT, que se debate en el Senado, amenaza el acceso a los tratamientos.
¿Cómo se incorporaron las patentes sobre medicamentos al sistema argentino?
—En los años noventa se creó la Organización Mundial del Comercio y se firmó un acuerdo que globalizó el sistema de propiedad intelectual para todos sus países miembros. Es un acuerdo vinculante: a partir de entonces, los países tuvieron que reconocer patentes sobre tecnologías de salud, como medicamentos y vacunas. Nosotros no teníamos esa costumbre, y la mayoría de los países en desarrollo tampoco.
Argentina adoptó la ley de patentes en 1995 e hizo uso de un período de transición hasta el año 2000. Las solicitudes se tienen que examinar y se otorgan o se rechazan según cumplan con los requisitos de patentabilidad. No se puede patentar cualquier cosa: tiene que ser una innovación, algo nuevo y que no resulte obvio para un técnico en la materia. Ese análisis corresponde a la Oficina de Patentes del INPI.
¿Qué implica que un medicamento tenga una patente?
—Se genera un monopolio: solamente el titular puede producir, comercializar o importar lo que está patentado. Una patente otorga derechos de exclusión, es decir, el derecho a impedir que otros lo hagan. Si hay un único proveedor y nadie más puede entrar, ese proveedor pide lo máximo que pueda pagar el mercado.
Por eso nosotros hablamos de medicamentos de «alto precio», y no de «alto costo» cuando nos referimos a tratamientos para VIH, hepatitis, cáncer y otros que no son afrontables por las economías familiares. Pero aun así, hay una diferencia entre lo que cuesta producirlos y el precio al que se venden. El problema es global: también afecta a los países de ingresos altos.
Sin embargo, los monopolios no solo no dejaron de imponerse en la mayoría de los casos, sino que presionan para mantener sus privilegios.
Por eso Argentina estuvo puesta en cuestión por nuestras prácticas soberanas. La mayor parte de las solicitudes que ingresaban, al principio, eran producto de una práctica que se llama evergreening, o reverdecimiento: hacer pequeños cambios a un medicamento que ya existe y pedir otra patente. En 2011, el INPI produjo un informe que señalaba que alrededor del 90 por ciento de las solicitudes no correspondían a verdadera innovación, sino a desarrollos incrementales. Otorgarlas significaba extender monopolios sobre medicamentos que salvan vidas, para cáncer y para muchas otras patologías.
El tema se discutió en el Mercosur. En Brasil, Uruguay y los demás países pasaba lo mismo y se asumió un compromiso de tomar medidas. Argentina fue la que avanzó: en 2012 adoptó las guías de patentabilidad, que establecieron criterios propios para distinguir la verdadera innovación de esas modificaciones. El sistema argentino se convirtió en un modelo para colegas que trabajan en otros países.
¿Cómo se tradujo eso en la producción de medicamentos?
—La industria nacional pudo producir genéricos porque no había monopolios que lo impidieran. También pudo exportarlos: Argentina es una fuente de provisión para países de la región y de otras regiones del mundo. Esto favoreció tanto a la producción privada como a la pública. Además de los criterios de patentabilidad, influyó que Argentina no adhiriera al PCT. Las compañías tenían que presentar sus solicitudes acá, una por una, contratar abogados y hacer el trámite local. Eso desincentivó la presentación. La combinación de ambas cosas favoreció la producción de genéricos.
¿Qué ejemplo permite ver el efecto sobre los precios?
—El sofosbuvir, que cura la hepatitis C. Veníamos de medicamentos muy tóxicos y de baja efectividad. Cuando apareció, los grupos de personas con hepatitis empezaron a reclamarlo. Salió al mercado estadounidense en 2014 a 84.000 dólares por un tratamiento de doce semanas. Si lo iban a vender a ese precio acá, no iba a haber presupuesto para que llegara a las personas que lo necesitaban.
Desde Fundación GEP hacemos oposiciones a solicitudes de patentes, una posibilidad que permite la ley. El acuerdo internacional tiene lo que llaman «flexibilidades»; nosotros las llamamos salvaguardas de salud, porque permiten poner límites al derecho de propiedad para proteger el derecho a la salud.
Encontramos catorce solicitudes sobre sofosbuvir y analizamos cuáles bloqueaban la producción. Presentamos seis oposiciones y logramos que se rechazaran esas solicitudes. Finalmente hubo cuatro registros sanitarios de productores locales.
En la primera compra del Ministerio de Salud de la Nación, a fines de 2015, el tratamiento de doce semanas se consiguió a 1.500 dólares por persona. Había competencia: participaban el proveedor del medicamento original y la producción nacional. Después entraron otros productores y, en otras licitaciones, llegamos a pagar 350 dólares. Fijate el impacto que tiene evitar un monopolio.
¿Qué ocurre con los medicamentos para el VIH?
—El dolutegravir es otro ejemplo. En Argentina no tuvo una solicitud de patente y eso permitió la fabricación local o la compra de genéricos a través de la Organización Panamericana de la Salud. En RedLAM hicimos un estudio comparativo de precios y de la situación de las patentes en la región. Brasil tiene varias patentes sobre dolutegravir y paga ocho veces más que nosotros.
¿Hay otros desarrollos que hayan podido avanzar gracias a las oposiciones?
—Con lenacapavir encontramos seis solicitudes en Argentina. Una ya había sido abandonada y presentamos oposiciones a las otras cinco. Argentina fue el primer país del mundo en rechazar solicitudes de patentes sobre ese medicamento.
Hay un productor nacional que está desarrollándolo y que ya está pidiendo el registro sanitario. Es una medicación inyectable de larga duración. Ese caso muestra lo que puede permitir nuestro sistema.
¿Por qué no alcanza con comprar genéricos fabricados en otros países, como India?
—Porque las multinacionales hacen acuerdos de licencias voluntarias con fabricantes de genéricos y les delimitan los territorios donde pueden vender. Les permiten producir y abastecer a ciertos países, pero a otros no. Los países de Sudamérica quedamos excluidos de esos acuerdos.
Cuando empecé a trabajar en esto, hace veinte años, las multinacionales y los productores de genéricos de India estaban bien diferenciados. Con las licencias, las multinacionales terminaron condicionando quién puede producir y a quién le puede vender.
Y ahora está la presión de Estados Unidos para que finalmente Argentina adhiera al PCT. ¿De qué se trata ese tratado?
—Es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Permite presentar una solicitud internacional para buscar protección en los países que son parte del tratado, en lugar de iniciar todas las presentaciones por separado. Como Argentina hasta ahora no es miembro, las empresas tienen que presentar sus solicitudes directamente acá. Si entra al PCT, se facilita esa vía de presentación. Mi preocupación es que va a aumentar mucho la cantidad de solicitudes que tenga que analizar el INPI, en un momento en que ya tiene pocos examinadores y perdió los criterios que permitían prevenir el abuso.
¿Cuál es la relación con el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos?
—La adhesión al PCT está en el acuerdo de comercio e inversión recíproca entre Argentina y Estados Unidos. Nosotros encontramos el texto en inglés en la página de la representación comercial estadounidense. Lo que menos tiene ese acuerdo es reciprocidad: las obligaciones recaen sobre Argentina. Estados Unidos publica todos los años el Informe 301, con sus reclamos a los países en materia de propiedad intelectual. Pero adherir a este tratado mientras se desmantela el sistema argentino de ciencia y tecnología y se desfinancia a las universidades es muy grave porque lo único que se fortalece es el sistema de las multinacionales. Detrás de muchas de esas empresas hay grandes fondos de inversión, al estilo BlackRock. No estamos hablando de laboratorios, sino de acciones en la bolsa de Wall Street: compran tecnología y hacen un negocio financiero. Nuestra salud termina dependiendo de ese negocio.
¿Las guías de patentabilidad ya fueron derogadas?
—Sí, este año, con la Resolución Conjunta 1/2026, publicada el 18 de marzo. Y eso ocurrió después de que ganáramos en primera instancia el juicio que las multinacionales habían hecho contra el Estado nacional. Cuando se adoptaron las guías, en 2012, la cámara que reúne a los laboratorios multinacionales, CAEMe, las judicializó. Fundación GEP y CILFA, la cámara de laboratorios nacionales, participamos como terceros interesados. El CELS también presentó un amicus curiae. En octubre de 2025 salió una sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de CAEMe. Para nosotros fue un reconocimiento de que esos criterios eran compatibles con los compromisos internacionales de Argentina. Sin embargo, este año los derogaron por una resolución, de un día para otro, sin abrir una instancia de participación para discutir lo que estaba en juego.
¿Cuál es el estado parlamentario del tratado sobre patentes? Porque no está claro que vaya a salir.
—Mirá, la plenaria de comisiones que se realizó el jueves pasado mientras los gases lacrimógenos usados para reprimir la marcha universitaria se colaban por las ventanas parecía un cumpleañitos del oficialismo. Nosotros fuimos a golpear puertas y pudimos exponer ahí, dejar preguntas planteadas que tendría que contestar el Ejecutivo. Entró (Patricia) Bullrich en un momento y a mí la verdad que me temblaron las piernas. Ella fue muy segura a decir que el PCT beneficiaría a las pymes y a quienes investigan en universidades o en el CONICET. ¡Justo! Con el sistema científico cada vez más desfinanciado y las pymes cerrando, no están en condiciones de aprovechar ese supuesto beneficio. No se puede presentar esto como un beneficio sin mirar las condiciones reales en las que van a tener que ejercer esos derechos.
¿Qué consecuencias prevés para la salud de quienes necesitan tratamientos caros?
—Lo que están armando es una bomba de tiempo. En un plazo de dos a cinco años podemos llenarnos de monopolios sobre medicamentos y ver aumentos exorbitantes. No es algo que inventemos: hay evidencia de lo que ocurre en otros países. Esto se suma a los recortes que ya estamos viendo en VIH, hepatitis, tuberculosis y cáncer, a las dificultades de acceso en el PAMI y al desmantelamiento de programas de provisión de medicamentos. Si a esa situación se le agregan monopolios y precios cada vez más altos, no van a alcanzar los presupuestos públicos ni los de las familias. Va a explotar en la salud de la gente y le va a quedar al próximo gobierno, sea este o cualquier otro.
Yo voy a resistir hasta el final. Mi salud y la salud de todas las personas que defendemos está en juego.