La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se hizo eco de un planteo de las ONGs CIPCE e INECIP, asumió el ejercicio de la acción penal y requirió al juez del caso $LIBRA que reabra la investigación. El escrito recayó en manos del magistrado Daniel Rafecas, quien está subrogando el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi donde tramita el criptoescándalo. El requerimiento de la PIA (que es la Fiscalía Anticorrupción) se realizó este jueves a las 8.26 am. Ese mismo día el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, propuso al presidente Javier Milei –imputado en $LIBRA- que ascienda a Rafecas: envió este jueves el proyecto de mensaje al Senado para que el Presidente considere enviar su pliego para camarista de la Casación Nacional a la Cámara Alta. ¿Mera coincidencia o presión al magistrado? A juzgar por cómo se movió todo el expediente $LIBRA, todo indica que lo segundo.
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“La intervención de la PIA es un paso fundamental para reabrir la investigación del caso $LIBRA. El juzgado y la Cámara Federal deben garantizar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar la impunidad”, afirmó Pedro Biscay, Director Ejecutivo CIPCE, ante la consulta de este medio.
Según pudo reconstruir El Destape, es de esperar que Rafecas corra vista del planteo de la PIA al fiscal Eduardo Taiano la semana próxima y que quien termine definiendo sobre la reapertura o no de $LIBRA sea al regreso de su licencia el mismo juez que dictó el sobreseimiento de todos los acusados: Martínez de Giorgi, cuya esposa Ana Juan fue nombrada magistrada federal de Hurlingham por Milei hace tres meses.
La PIA pide la reapertura del caso
Julián Alfie, en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), y Pedro Biscay, en representación del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) habían solicitado a la PIA la intervención directa en la causa $LIBRA para que apele el escandaloso sobreseimiento que había dictado Martínez de Giorgi en favor de Milei, su hermana Karina y otros 9 acusados involucrados en el criptoescándalo.
Este jueves, la PIA, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se hizo eco del planteo de las dos organizaciones gubernamentales, asumió el ejercicio de la acción penal y pidió al juez a cargo del expediente que reabra el caso. A la par, trasladó el escrito de CIPCE e INECIP al mismo magistrado porque se está cuestionando que en el caso no se respetó la Ley de Víctimas.
A la par, la PIA apeló en subsidio, por si el juez a cargo de la pesquisa, que hoy es Rafecas por una subrogancia, no acepta el pedido de retomar la acción penal.
La PIA es la procuraduría federal especializada en investigar la corrupción. Y tomó el planteo que le realizaron CIPCE e INECIP porque el fiscal del caso desistió de la acusación y los involucrados en la imputación son funcionarios públicos.
“En respuesta a la presentación que realizamos desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto al INECIP, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, nos comunicó que se presentó en la causa $LIBRA, asumió el ejercicio de la acción penal y solicitó su reapertura. Además, interpuso un recurso de apelación en subsidio para el caso de que ese pedido sea rechazado”, informaron las ONGs en un comunicado.
Según comunicaron desde CIPCE e INECIP, “la decisión recoge el reclamo que formulamos ante el sobreseimiento prematuro de Javier Milei, Karina Milei y los demás imputados. La intervención de la PIA constituye un paso fundamental para que los hechos sean investigados por un organismo especializado en corrupción, frente a la decisión del fiscal Eduardo Taiano de abandonar la persecución penal”. Y agregaron: “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”.
Desde las ONGs señalaron que “el cierre del caso dejó sin agotar líneas centrales de investigación: la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con los hechos. También cuestionamos la valoración aislada de indicios que deben examinarse en conjunto para reconstruir una posible trama de corrupción. Las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a pedidos de información exigen profundizar la investigación”.
Un punto central del planteo de CIPCE e INECIP es que no se respetó la Ley de Víctimas. “Denunciamos que el sobreseimiento fue solicitado y dictado sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y pedir la revisión del criterio fiscal, mecanismo establecido por el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal (artículo vigente en todo el país desde el 2019, por la resolución 2/19 de la Comisión Bicameral) y por la Ley de Víctimas . La participación de las víctimas y de la sociedad civil es una garantía indispensable para controlar decisiones que pueden clausurar definitivamente el acceso a la justicia”, afirmaron. Justamente, el damnificado Martín Romeo, a través de su abogado Nicolás Oszust, resaltó este punto y pidió en la apelación de los sobreseimeintos que se dicte la nulidad del dictamen del fiscal Taiano y de la resolución del juez por no haber sido notificados. Romeo era querellante en la causa y terminó desplazado de forma escandalosa por Martínez de Giorgi antes de que se dictaran los sobreseimientos que favorecieron al Presidente.
Así las cosas desde CIPCE e INECIP reclamaron que “el juzgado y la Cámara Federal deben impedir que un cierre prematuro consagre la impunidad”.
La PIA decidió intervenir porque el fiscal del caso desistió de la acción penal. Algo que destacaron desde CIPCE e INECP: “Nos encontramos ante uno de los supuestos en los que la PIA podría ejercer la acción penal en forma autónoma incluso bajo los parámetros de la ‘vieja’ Ley Orgánica del MPF (Ley Nº 24.946), que establece que la PIA (ex FNIA) ‘podrá asumir en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción’”.
Mahiques y el ascenso de Rafecas
A la par que la PIA planteó la reapertura de la investigación sobre el criptoescándalo, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques envió a la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzabal Murphy, que considere su propuesta de ascender a Rafecas como camarista. Justo al juez que tiene en este momento la causa $LIBRA.
“Por instrucción del señor Ministro de Justicia, cumplo en remitir a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, un Proyecto de Mensaje al Honorable Senado de la Nación para solicitar el acuerdo que posibilite la designación del doctor Daniel Eduardo Rafecas en el cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía Nº 7”, se lee en el documento enviado por la cartera de Justicia a Presidencia. “Al respecto, informo que en el trámite han tomado intervención las áreas competentes de este Ministerio”, se agrega. Y cierra que “se giran las presentes actuaciones para su consideración”.
Es decir, Mahiques puso a consideración de Milei el ascenso de Rafecas justo cuando ese magistrado subroga el juzgado a cargo de la causa $LIBRA y recibe un planteo de la PIA para que se reabra la investigación en torno al Presidente.
Rafecas –titular del juzgado federal Nº 3 de los tribunales de Retiro y subrogante del juzgado Nº 6 – había concursado hace años para la Cámara Nacional de Casación Penal y había quedado primero en el orden de mérito. Integraba la primera terna como postulante mejor “rankeado” para uno de los cargos que hay vacantes en la Casación ordinaria junto a Fernando Caunedo y Alberto Huarte Petite. Como publicó este medio en enero de este año en el gobierno lo consideraban “un buen candidato para juez de casación ordinaria”. Mahiques siguió esa línea y justo se lo propuso a Milei en un momento determinante para el futuro del caso $LIBRA.
El escandaloso cierre del caso $LIRBA
El pasado 23 de octubre, el juez Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve involucrados en el caso $LIBRA “en razón de que los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal”. Para cerrar el caso, el magistrado se hizo eco de lo dictaminado por el fiscal Eduardo Taiano, quien esgrimió argumentos más parecidos a los de un defensor que a los de un acusador público. Por ejemplo, juez y fiscal replicaron los argumentos de Milei y sostuvieron que la difusión del token $LIBRA a través de un tuit no puede considerarse una estafa aún incluso si con la inversión que promocionó el Presidente se provocaron pérdidas. ¿La razón? Que $LIBRA era un memecoin y por lo tanto tiene “una elevada volatilidad y un importante componente especulativo”. El juez hasta se refirió a “el error de los adquirentes”.
Además de Milei y su hermana Karina (secretaria general de la Presidencia) también se vieron beneficiados:
- Los acusados de intermediar en la maniobra, los “critpobro” Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Novelli era muy cercano a Milei, a quien había contratado y le pagaba una suma fija en dólares desde su escuela de negocios. Estuvo al teléfono con el Presidente al momento del lanzamiento del token.
- María Alicia Rafaele y María Pia Novelli, madre y hermana de Mauricio Novelli. Ambas vaciaron las cajas de seguridad del trader el 17 de febrero de 2025, el primer día hábil después del escándalo cripto, que se concretó el 14 de febrero luego de que el Presidente promocionara el criptoactivo desde la red social X. Las cajas se habían abierto el 4 de febrero.
- El impulsor del token Hayden Mark Davis, quien visitó a Milei y realizó pagos sospechosos en momento clave de la presunta criptoestafa.
- Chyi Haur Peh (Julian Peh), clave para el lanzamiento del token.
- Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, apuntados como posibles cueveros.
Con el sobreseimiento de todos ellos, el juez, que no tomó ni una declaración indagatoria, apuntó a cerrar la causa que más preocupa en la Casa Rosada.
Esta decisión fue apelada por los damnificados Martín Romeo y Juan Patricio Marchetto, representado por los abogados Juan Grabois -actúa en este caso en calidad de letrado- y Nicolás Rechanik.
Por su parte, INECIP y CIPCE realizaron la mentada presentación ante la PIA, que decidió intervenir ante la inacción del fiscal Taiano y el desamparo en que quedaron las víctimas.