Una movilización de personas con discapacidad, familiares y prestadores de la salud acompañaron desde la mañana en la Plaza Congreso el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La norma ratifica la Ley de Emergencia en Discapacidad de 2025, que vence a fin de año y que el Gobierno se negó a cumplir, e introduce cambios exigidos por el colectivo: las organizaciones celebraron la sanción y advirtieron que velarán por su cumplimiento.

La nueva norma establece modificaciones en el acceso a las pensiones no contributivas, habilita la compatibilidad con el trabajo registrado con un tope máximo de ingresos y fija mecanismos de actualización automática para los aranceles del sector.

La convocatoria para reclamar por los derechos de las personas con discapacidad arrancó a las 11, la hora prevista para el inicio de la sesión en el Senado: “Hoy en día parece que lo que estamos pidiendo es algo de más, pero estamos pidiendo nuestro propio derecho, que tengamos nuestros insumos, que las horas sociales sean bien pagas, que le paguen a las terapeutas y a los transportistas”, explicó Maximiliano Lavorio, de 38 años, militante del colectivo Argentina humana.

La esquina de Rivadavia y Entre Ríos estaba completamente copada desde temprano por cerca de 30 vehículos de transporte estacionados: desde combis y colectivos escolares hasta camionetas pequeñas. La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) fue uno de los actores que convocaron a la movilización. “No podemos esperar más y no queremos ningún cambio en la ley”, advirtieron temprano.

“Soy transportista desde hace 32 años, de personas con discapacidad. La situación actual es terminal prácticamente. El nomenclador, el valor de nuestro trabajo, aumentó apenas una parte mínima en comparación con el aumento del combustible”, denunció Patricia Valls, al lado del camión que albergaba el escenario donde los portavoces hablaban.

Incumplimientos del Gobierno

En esta ocasión, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron en el proyecto las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y previeron compensaciones desde el Tesoro si resultaran insuficientes. Esto sucedió para que no ocurra lo mismo que el año pasado, cuando el gobierno dilató la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, alegando que el Congreso no había especificado el origen de los fondos. Posteriormente, en diciembre, la Justicia ordenó la aplicación inmediata de la Ley, pero muchas personas y organizaciones denuncian deficiencias en su aplicación.

“Venimos para que se cumpla la ley, porque este gobierno no la está cumpliendo. Me parece un gobierno muy perverso. Yo tengo 60 años y jamás vi tanta crueldad en un gobierno”, expresó María Boutet, que acudió junto con su hija Camila, de 21 años, con síndrome Down. “A veces se complica el tema de los traslados y las terapias que ahora le están sacando. Ella tiene obra social privada, pero los chicos del Estado la están pasando muy mal”, agregó María.

Ernesto Lentini, en representación del Centro Terapéutico para la Integración, del barrio de Almagro, apuntaba la importancia de la sanción de “una ley que da una respuesta integral al colectivo de las personas con discapacidad”.

“De esto dependen las personas con discapacidad en relación a sus espacios de atención, a sus ámbitos de tratamiento y los recursos para desplazarse. Y también abarca una cantidad de profesionales, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la inclusión de las personas con discapacidad”, agregó Lentini.

“Lo que el gobierno no cuenta es que no pagaron todo lo adeudado porque se han desactualizado muchísimo los aranceles. El nomenclador ha tenido una desactualización de alrededor de un 35%. Eso que la ley establece que debe sanearse y pagarse, no se ha pagado nunca. Nos manejamos en un plano de precariedad enorme”, cerró Lentini en línea con lo que denuncian también los transportistas.

Madres sostén

Una reciente investigación de La Red de Asistencia Legal y Social (RALS) alerta acerca de que la mayor parte de las tareas de cuidado y apoyo recaen en las familias y, en particular, en las mujeres. Este es el caso de Adriana, quien estaba con su hija Paula, de 36 años y en silla de ruedas. Un poco alejadas del acto central para resguardarse del sol, sobre Rivadavia, Adriana explicó: “La discapacidad de mi hija es de nacimiento, así que son 36 años luchando”.

“Cuesta mucho conseguir traslado porque no se está cumpliendo lo que les deberían pagar a los transportistas”, agregó y al ser consultada si tenía a alguien más que la ayude para el cuidado de su hija respondió de forma cansada: “Estoy yo sola, yo sola”.

El estudio de RALS también explica que las políticas públicas y las investigaciones suelen enfocarse más en el cuidado infantil que en los apoyos que requieren las personas adultas con discapacidad. Al ser consultada al respecto, Adriana, como alegremente sorprendida por escuchar esa distinción, afirmó: “Exactamente. No son solamente los pequeños, sino que también las personas van creciendo. Cada vez tienen más vida y entonces hay mucha gente adulta también que necesita apoyos”.

Mari, por su parte, es madre de Evelyn, de 15 años, que tiene retraso madurativo y síndrome West: “Quiero que me faciliten con el tema de los transportes, de los hospitales, con el tema de las cirugías. Ahorita estoy en un trámite para financiar una cirugía que necesita ella”.

Resaltando el rol y lucha de las familias por la falta de políticas públicas, Alejandro Bianchi agregó: “Somos el colectivo más ajustado aparte de los jubilados, somos una minoría muy atacada. Por cada discapacitado hay un grupo familiar, así que somos casi 5 millones de discapacitados en todo el país y ue la familia atrás”.

Informe: Lucas Cáceres Uthurralt.

Fuente: Página/12 — Ver noticia original