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Las elecciones que nos esperan

Luego de la experiencia tecnológica en Brasil, el desafío será determinar el efecto y la influencia real de la digitalidad en los comicios argentinos de 2027
Las elecciones que nos esperan

Luego de la experiencia tecnológica en Brasil, el desafío será determinar el efecto y la influencia real de la digitalidad en las elecciones argentinas de 2027. En el país vecino fueron habilitados para votar 158 millones de personas, cifra similar a la cantidad de usuarios que usan WhatsApp diariamente: entre 140 y 170 millones. Allí, el 98% de los celulares tienen la aplicación instalada, lo que consolida a ese territorio como el segundo entre los mercados más grandes del mundo para la app, solo detrás de la India.

Además, Brasil lidera la adopción de WhatsApp Business en América Latina, con alrededor de 10 millones de empresas locales que usan la plataforma para atención al cliente, ventas directas y transacciones financieras. Sin embargo, desde hace algunos años, el control sobre las plataformas digitales se intensificó de manera estructural en dicho país. La red social X, por ejemplo, enfrentó bloqueos y un intenso control regulatorio y, en agosto de 2024, fue completamente suspendida por orden del Tribunal Supremo. Tiempo después, la misma Corte Suprema determinó que plataformas como TikTok o Instagram debían suprimir de forma inmediata publicaciones delictivas.

En la campaña presidencial de 2018, Jair Bolsonaro fue el político con mayor utilización de recursos digitales de la historia de Brasil

En lo que respecta al universo electoral, el control es ejercido por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que mantiene una regulación estricta sobre X y Meta, auditando sus algoritmos ante sospechas de sesgos de visibilidad u obstaculización de campañas políticas. En la campaña presidencial de 2018, Jair Bolsonaro fue el político con mayor utilización de recursos digitales de la historia de Brasil, reemplazando el meeting político tradicional por el contacto a través de WhatsApp. En aquella elección, sobre una base de 150 millones de votantes, unos 120 usaban la app a diario. El 90% de ellos la abría hasta 30 veces por día, mientras que el 66% admitía usarla para consumir información política.

La posibilidad de caer en la trampa de las fakes news siempre existe, pero como la fiscalización de la información es poco probable, la desinformación es usada continuamente para influir en el comportamiento de las personas. La disyuntiva es: ¿quién tiene la botonera para su propalación? Y ¿quién tiene la independencia plena para “auditar” la integridad del contenido de estas plataformas? Los políticos y algunos gobiernos consideran una necesidad sine qua non moderar la opinión pública a través del control de medios. Puntualmente en las últimas elecciones de Brasil, las redes sociales y WhatsApp se convirtieron en un tema central. Meta enfrenta al día de hoy acusaciones de censurar el contenido de Lula y favorecer el de Bolsonaro.

El gasto en publicidad política ha crecido a un ritmo vertiginoso, ascendiendo al doble de lo que recibió durante la contienda presidencial de 2022. Hoy, más allá de un contexto de mensajes amarillistas, provocativos y virales para conectar con los votantes, más del 76% de los votantes brasileños admite informarse a través de internet. Este claro cambio hacia las campañas online deja entrever que los políticos y sus aspiraciones quedan a merced de las grandes corporaciones tecnológicas y sus intereses. La irrupción de la IA suma otro elemento determinante: la ley brasileña prohíbe las representaciones de candidatos electorales generadas por inteligencia artificial y exige que cualquier anuncio político que la utilice incluya una advertencia.

Meta calificó las restricciones impuestas como una posible amenaza a la libertad de expresión. La realidad es que el alcance orgánico de las cuentas en redes sociales puede ser cercenado a través de cuentas eliminadas, alcance restringido o cuentas publicitarias suspendidas. Muchos anuncios que incluían contenido generado por IA que promovía la violencia y la desinformación, etiquetados como no políticos, fueron pagados por empresas fuera del país. La megaempresa negó reiteradamente favorecer a alguno de los candidatos presidenciales de este año en sus plataformas, pero afirmó que existieron fallas técnicas responsables de incidentes como la retirada temporal de los anuncios de la campaña de Lula.

Fuente: La Nación — Ver noticia original