Una jubilada de 75 años caminaba por la cuando un dogo argentino se abalanzó sobre ella y la tiró al asfalto. La caída le provocó graves lesiones y cambió su vida: una pericia médica determinó que quedó con una incapacidad física permanente superior al 40%.
El episodio ocurrió en febrero de 2022, pero la resolución judicial llegó años después. La Justicia condenó a la heredera del dueño del perro y a una aseguradora a afrontar una indemnización de $20.480.000, más los intereses correspondientes, por los daños físicos y psicológicos que sufrió la mujer.
La caída, las lesiones y una batalla judicial
Tras el episodio, la jubilada responsabilizó al propietario del animal y reclamó una reparación por las consecuencias del accidente. Sin embargo, la defensa del dueño y la aseguradora cuestionaron su versión de los hechos.
Según el planteo de los demandados, el dogo llevaba correa y bozal, y la mujer -que utilizaba un bastón- se habría caído por un tropiezo propio, sin que el animal tuviera intervención directa.
Pero las pruebas incorporadas al expediente apuntaron en otra dirección. Las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios respaldaron el relato de la jubilada y permitieron reconstruir lo ocurrido.
La evaluación médica determinó que las lesiones le provocaron una incapacidad física parcial y permanente superior al 40%, con compromiso de cadera. También se registraron síntomas psicológicos relacionados con el episodio.
La defensa cuestionó la pericia y planteó que podían existir problemas óseos previos. Sin embargo, la evaluación concluyó que el accidente había provocado o agravado una condición que hasta entonces no se había manifestado clínicamente.
Murió el dueño del perro, pero la demanda siguió
La causa penal contra el propietario se cerró en 2024 tras su fallecimiento. No obstante, el reclamo civil continuó contra su legataria, mientras que la compañía de seguros fue citada en garantía por la cobertura vinculada con el animal.
El juzgado consideró que las pruebas reunidas permitían atribuirle al dogo la caída de la jubilada y que no se había acreditado una causa que liberara de responsabilidad a los demandados.
La sentencia aplicó el régimen de responsabilidad objetiva por los daños causados por animales. Bajo este criterio, no es necesario demostrar una conducta negligente del dueño para reclamar una reparación: deben acreditarse el daño y su relación con el animal, salvo que se pruebe una causa que permita eximir de responsabilidad.
La indemnización que deberá pagar la heredera
La Justicia fijó una indemnización de $20.480.000, más intereses, por las consecuencias del accidente.
El monto contempla distintos conceptos: la incapacidad física, los gastos médicos y de traslado, los tratamientos de rehabilitación y psicológicos, y el daño moral.
De esta manera, aunque el propietario del dogo murió antes de que concluyera el proceso civil, el reclamo por las lesiones de la jubilada siguió adelante y terminó con una condena resarcitoria.
Fuente: Crónica — Ver noticia original