La utilización de avionetas para transportar cocaína no fue una novedad en la trayectoria criminal de Esteban Lindor Alvarado. La ruta aérea que ahora aparece en la nueva investigación federal tiene un antecedente en el negocio familiar: su madre se dedicaba al contrabando de cigarrillos desde Paraguay y utilizaba pequeñas aeronaves para ingresar la mercadería. Según reconstruyó Rodrigo Ortigala, antiguo integrante del entorno de Alvarado y testigo en el juicio que terminó con su condena a prisión perpetua, el jefe narco aprovechó aquellos contactos y aquella logística para ingresar al negocio de la droga. La actividad que había comenzado con el traslado de cigarrillos terminó convertida en una estructura para el tráfico de cocaína. Esa experiencia previa ayuda a explicar el conocimiento de las rutas paraguayas y los contactos que Alvarado conservó durante décadas. La nueva acusación de la Justicia federal describe cómo ese esquema volvió a funcionar con una estructura familiar: Esteban impartía las órdenes desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y su hijo Santino Valentín Alvarado se ocupaba de ejecutarlas fuera de la cárcel. Los fiscales Diego Iglesias, Matías Scilabra, Diego Velasco y Juan Argibay Molina sostienen que ambos participaron de dos operaciones aéreas para trasladar cocaína desde Bolivia, con intervención de proveedores y operadores radicados en Paraguay.
El primer episodio ocurrió en marzo de 2024 y terminó con el secuestro de 433,850 kilos de cocaína en territorio paraguayo. De acuerdo con la imputación, Esteban Alvarado había adquirido el cargamento y organizado su traslado desde la cárcel, mediante instrucciones a personas de su confianza. Santino, por su parte, mantenía con su padre las comunicaciones sobre los elementos que debían ingresar desde Paraguay y participaba de la coordinación extramuros.
La operación quedó frustrada el 10 de marzo de 2024, cuando las autoridades paraguayas interceptaron una avioneta Cessna 206 en una pista no habilitada de la compañía Tristán Salazar, en el distrito de San Juan Bautista, departamento de Misiones. La aeronave había partido de Bolivia y llevaba diez bolsas con cocaína. El pesaje definitivo estableció 433,850 kilos. La matrícula original era CP-2494, aunque el avión exhibía la identificación CP-1188.
La investigación también incorporó una conversación del 27 de marzo de ese año entre padre e hijo. En ese intercambio se refirieron a los elementos que debían traer desde Paraguay mediante expresiones como «lentes», «puertas de auto», «gomas» y «repuestos usados». Para los fiscales, esas palabras formaban parte de un lenguaje en clave destinado a ocultar el contenido de las comunicaciones.
La pérdida del cargamento abrió paso a una segunda operación, esta vez por unos 300 kilos de cocaína. La acusación sostiene que Esteban Alvarado, Santino y María Fernanda Rojas participaron de un acuerdo para recibir la droga proveniente de Bolivia y destinada a la organización de Rosario. El transporte debía realizarse por rutas aéreas no autorizadas y con aterrizajes en pistas clandestinas del territorio argentino.
En esta segunda maniobra aparece Brian Walter Bilbao como responsable de la recepción y el traslado de la mercadería en el país, mientras que Jorge Adalid Granier Ruiz y su hijo Jean Carlo Alexis Granier Molina intervinieron en la provisión y coordinación del transporte. Esteban exigía el cumplimiento de la operación desde Ezeiza y Santino aguardaba la llegada de la cocaína fuera del penal.
La acusación reconstruye también cómo se resolvió el pago. María Fernanda Rojas fue señalada como la encargada de entregar el dinero a Bilbao en la zona de Mendoza y Guatemala, en Rosario. El 21 de abril de 2024, padre e hijo mantuvieron una conversación sobre la operación mediante referencias figuradas a una compraventa de vehículos. Al día siguiente, Bilbao reclamó información sobre la entrega y recibió como respuesta que el compromiso se cumpliría el miércoles. La fecha prevista coincidió con el 24 de abril.
La investigación sostiene que ese segundo cargamento llegó a destino y que la organización debió resolver su reposición después del secuestro de la primera partida. Así, las dos operaciones aparecen conectadas por una misma estructura de mando, con Alvarado como jefe desde la cárcel y Santino como responsable de sostener el funcionamiento en el exterior.
La imputación no se limita a los vuelos internacionales. Describe una organización que también abastecía puntos de venta minorista de cocaína y marihuana, negociaba armas y municiones y utilizaba una flota de vehículos para sus desplazamientos y operaciones. En ese esquema, Santino tenía a su cargo la conducción operativa, distribuía tareas, financiaba compras de estupefacientes y rendía cuentas a su padre.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original