Desde La Rioja manifestaron su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 promovido por el presidente Javier Milei, al tiempo que remarcó que su freno en la Cámara de Diputados resulta fundamental para detener un proceso de desregulación que, según advirtió, impacta negativamente en diversos sectores del país.
“Hace ya tres años que Milei viene gobernando de la mano de una herramienta jurídica de precaria validez”, sostuvo la diputada nacional por La Rioja, Gabriela Pedrali, en diálogo con Radio La Torre. “Hay que frenar con estos atropellos“, expresó.
La Rioja cuestiona el DNU
Pedrali remarcó que el DNU debe ser rechazado por Diputados y que el debate tiene que ser la oportunidad para poner en claro las desregularizaciones vigentes. Entre los aspectos más críticos a debatir en el recinto, según la legisladora riojana, están las privatizaciones de empresas públicas, los cambios en la ley de alquileres, la liberalización de importaciones y la eliminación de límites a la venta de tierras a extranjeros.
Según la postura provincial, la apertura comercial golpeó de lleno a la producción local, provocando el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional. Además, Pedrali advirtió que el impacto del decreto ya se siente con el desfinanciamiento de la obra pública y el posible cierre de dependencias clave de organismos nacionales en La Rioja, tales como oficinas de ANSES, delegaciones del Correo y dependencias de Desarrollo Social.
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Por otra parte, la diputada riojana mantuvo la expectativa de reunir el quórum de 129 bancas para tratar el DNU. Un eventual rechazo forzaría al Ejecutivo a enviar cada proyecto al debate legislativo ordinario.
Proyecto de Soberanía Nacional
Por otra parte, durante este mes de octubre, otro representante provincial opinó sobre la políticas de Milei. En este caso de se trata del secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela, quien cuestionó el proyecto de Ley de Soberanía Nacional impulsado a nivel nacional que propone crear un Consejo de Seguridad Nacional bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
En diálogo con un medio local, advirtió que la iniciativa contiene disposiciones que podrían afectar garantías constitucionales y abrir la puerta a restricciones sobre derechos fundamentales en materia de libertad de expresión.
Brizuela diferenció dos aspectos del proyecto: por un lado, las medidas vinculadas con la protección y fiscalización de los recursos naturales, especialmente los relacionados con la pesca, los hidrocarburos y los territorios insulares; por otro, una serie de modificaciones legales que consideró preocupantes para el funcionamiento democrático.