Melilla, 7 oct (EFE).- Rebeca de Juan, la primera bombera de Melilla, ha presentado una querella para denunciar presuntas irregularidades en el proceso selectivo en el que obtuvo su plaza en 2018 y que ahora ha sido anulada en un proceso judicial que ha terminado en el Tribunal Supremo, que ordena repetir las pruebas psicotécnicas.
La querella por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias contra dos integrantes del Cuerpo de Bomberos, uno de ellos la jefa y, a su vez, presidenta del tribunal de oposiciones, ha sido admitida por un juzgado de Melilla en este procedimiento judicial, el tercero que vive en este proceso de empleo público de la Ciudad Autónoma.
Según el auto de admisión, al que ha tenido acceso EFE, los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa” y acuerda la incoación de diligencias previas para su investigación.
El juez ha llamado a declarar como testigos a otros dos funcionarios, miembros del tribunal de oposiciones, y a las psicólogas que realizaron las pruebas psicotécnicas que deberán repetirse por sentencia judicial como “testigos directas de las irregularidades y de las presiones que se cometieron durante el proceso de oposición”.
El juzgado ha reclamado a la Ciudad Autónoma de Melilla el expediente íntegro del proceso selectivo celebrado en 2018, con 10 plazas para acceder al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEIS), y ha pedido a De Juan que aporte grabaciones de audio que ha realizado.
En declaraciones a EFE, Rebeca de Juan ha denunciado que esas presuntas presiones y actuaciones durante la oposición en las que obtuvo la plaza tenían como objetivo “favorecer a otro aspirante” que no superó la oposición y que, junto a otros cuatro, presentó una primera denuncia, que derivó en 2020 en un procedimiento penal en el que la Justicia no les dio la razón.
En cambio, en un segundo procedimiento judicial por vía contencioso-administrativa que ahora ha quedado zanjado en el Supremo, la Justicia ha determinado que los cinco aspirantes declarados no aptos, junto a De Juan, que sí obtuvo plaza, deben repetir la prueba psicotécnica.
En esta prueba, durante la oposición en 2018, el tribunal acordó rebajar el baremo a propuesta de las psicólogas, pues “los resultados obtenidos habían sido bastante inferiores a los esperados” y solo habrían sido superadas por dos de los 25 candidatos, según refleja la sentencia en el primer procedimiento judicial.
De Juan ha afirmado no entender que el segundo proceso judicial haya seguido adelante y no se haya paralizado con el tercero que hay actualmente abierto tras su querella, penal, con el que pretende que salga “toda la verdad a la luz”, frente a una sentencia que ha considerado “viciada” por “falta de información”, razón que también le impidió personarse como parte interesada, lo que se une al hecho de que tampoco intervino la Ciudad Autónoma.
Ha dicho sentirse “víctima de los bomberos, de la Justicia, que ha actuado de forma subjetiva, y de la Administración, que lo está tapando porque lo sabe todo y ha decidido no recurrir a la sentencia”, para no darle su apoyo “pese a tener un informe positivo” hacia ella de los servicios jurídicos.
Según De Juan, tuvo que empezar a grabar conversaciones al ver cómo los compañeros a los que acudió a pedir ayuda “miraban a otro lado” y “tapaban” la situación en la que se ha visto, con su plaza en riesgo tras ocho años trabajando como bombera, lo que le ha provocado depresión y ansiedad que le impiden acudir al Parque de Bomberos. EFE
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