El disciplinamiento social llegó en formato de pauperización por goteo de las condiciones materiales de la vida. Un informe del INDEC sobre el primer semestre reveló un empeoramiento generalizado en la calidad de vida: creció la indigencia habitacional, hay 118.000 personas más sin cloacas y casi medio millón de argentinos se quedaron sin cobertura médica privada tras tres años de ajuste.
Uno de los aspectos evaluados por el organismo oficial corresponde a la calidad de los materiales de las viviendas. Sobre un total de 30,1 millones de personas (el universo de la Encuesta Permanente de Hogares), el 78% vive en hogares con una calidad de los materiales considerada “suficiente”. Es el mismo guarismo que el resultado del primer semestre de 2025. La pauperización se aprecia al desarmar este indicador.
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En el caso de las personas que no se encuentran ni en la pobreza ni en la indigencia, un 4,6% vive en hogares con una calidad “insuficiente” en cuanto a los materiales de construcción; un año atrás, el guarismo era de un 4,3%. En el caso de las familias que sí están bajo condiciones de pobreza (medida por ingresos según la variación de la canasta básica total), un 14% habita hogares con una calidad de los materiales “insuficiente”, cuando un año atrás era del 12,4%.
Las personas bajo la línea de indigencia son los más golpeados: solamente un 51,5% de este universo tiene una calidad de materiales de sus hogares calificada de “suficiente” cuando un año atrás este indicador llegaba al 56,4%; los que tienen una calidad de los materiales “insuficiente” representaron el 26,2% de este sector, cuando un año atrás habían sido del 20%.
¿Cómo afectó la pobreza a la calidad de la vivienda en la Argentina?
Entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de este año hubo un incremento de la pobreza y la indigencia; la media en conjunto pasó de un 31,6% al 32,3%, pero no solo en su medición por ingresos. También incluyó una pauperización acelerada en las condiciones materiales de vida.
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Una de las mayores desinversiones del período Milei fue el recorte de obras públicas de AySA, entregada en privatización a un consorcio de empresarios locales y extranjeros bajo una estructura de financiamiento offshore. El negocio de Aguas y Saneamiento Argentinos pasó a ser financiero, con la autorización para el aumento de tarifas, posibilidad de corte del servicio por falta de pago y sin el establecimiento de obligaciones de magnitud –entiéndase inversiones– a cambio.
Al primer semestre de 2026, el 26,9% de los hogares no contaba con acceso a cloacas, cuando para el primer semestre de 2024 este guarismo se ubicaba en el 25,2%. En cantidad de personas, el 30,7% de la población carecía de acceso a cloacas, cuando un año atrás era del 30,6%. Esa leve variación porcentual abarcó a 118.000 personas más que de un año al otro pasaron a vivir en hogares sin cloacas.
En el caso de la red de gas, el 35,4% de los hogares no accede a este tipo de servicios, lo que afecta al 40,5% de la población. Un año atrás, el porcentaje de hogares sin red de gas era del 34,3%, afectando al 39,2% de la población.
Es decir, al primer semestre de este año había 3,6 millones de hogares sin red de gas (138.000 más que al primer semestre de 2025) con una afectación directa sobre 12.219.000 personas (513.000 más que un año atrás).
Éxodo del sistema privado: casi medio millón de personas perdieron su obra social o prepaga
La pauperización también se asocia con la destrucción de los puestos de trabajo registrados. Entre el sector privado, el sector público y las trabajadoras de casas particulares, en casi tres años de gestión de La Libertad Avanza se destruyeron 375.016 puestos de trabajo. Esto tiene un correlato en ingresos cada vez más bajos y un estrangulamiento del sistema público de salud (y un ataque indirecto hacia las obras sociales sindicales).
Si se considera el conjunto de la población, el 64,3% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, cuando un año atrás esa cobertura era del 66,5%. Esta variación de casi dos puntos porcentuales afectó a 486.000 personas que dejaron de tener este tipo de cobertura médica, junto a su núcleo familiar.
Esta expulsión vinculada a las condiciones laborales otrora definidas como de “calidad” tensionó al sistema público de salud, que pasó a atender al 35,5% de la población frente al 33,3% de hace un año. Esto equivale a 726.000 personas que tienen como único lugar de atención de salud al sistema público, atacado y desfinanciado por el mileísmo.