La oposición presentó en la Cámara de Diputados una serie de iniciativas para que funcionarios del Gobierno expliquen cómo fue el paso por la Argentina de Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial brasileño, y su posterior salida hacia Estados Unidos. Los pedidos apuntan al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de plantear interrogantes sobre una eventual intervención del asesor presidencial Santiago Caputo.
Los legisladores buscan determinar si funcionarios argentinos tuvieron conocimiento previo, colaboraron o facilitaron el desplazamiento internacional de Bolsonaro, quien, según los proyectos presentados, tenía restricciones judiciales impuestas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Desde Unión por la Patria (UxP) atribuyeron al Gobierno de Milei una presunta “complicidad” en la salida del dirigente.
Un pedido de interpelación con 91 preguntas para Quirno
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación al canciller con 91 preguntas para esclarecer lo ocurrido. El legislador cuestionó el ingreso de Bolsonaro por Misiones y la partida de un avión privado desde Puerto Iguazú esa misma noche.
“Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, sostuvo.
El proyecto busca establecer si hubo comunicaciones entre la Cancillería argentina y las autoridades brasileñas, así como determinar qué intervención tuvieron la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organismos nacionales.
También solicita precisiones sobre una eventual participación de Santiago Caputo y el papel de Baires Fly S.A., la empresa que operó el vuelo utilizado por Bolsonaro.
Entre los puntos que deberán aclararse figuran el ingreso del dirigente brasileño por el puente internacional Tancredo Neves, la organización del vuelo privado, las autorizaciones para el embarque y la posible utilización de recursos públicos.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió la interpelación de Quirno y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso. Coordinan y son cómplices de una fuga, y brindan asistencia operativa para concretarla (Migraciones, PSA, SIDE). No reconocen institucionalmente el resultado de una elección en un país integrante del Mercosur y socio estratégico de la Argentina, como Brasil”, afirmó.
Unión por la Patria apuntó contra Milei y reclamó normalizar la relación con Brasil
El bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, también impulsa pedidos de informes y de interpelación para conocer las circunstancias de la salida de Bolsonaro. El espacio responsabilizó políticamente al Gobierno de Milei y planteó que pudo haber existido complicidad oficial en el operativo.
Desde el punto de vista legislativo, el peronismo pidió que concurran al Congreso el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Además, la bancada reclamó que se normalice la relación bilateral con Brasil, que el Gobierno argentino reconozca el triunfo de Lula da Silva y que se retome el envío de embajadores a las respectivas sedes diplomáticas.
Cómo sigue el trámite de las interpelaciones
Los pedidos deberán ser tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. El cuerpo está integrado por 35 legisladores y cuenta con mayoría del oficialismo y sus aliados.
La comisión tiene como vicepresidente a Diego Giuliano, de Unión por la Patria; como vicepresidente segundo a Diógenes González, de la UCR; y como secretarios a Javier Sánchez Wrba, del PRO; Gisell Castelnuovo, de La Libertad Avanza; y Graciela Parola, de Unión por la Patria.
Si las iniciativas obtienen dictamen, deberán llegar al recinto para que la Cámara de Diputados resuelva si aprueba o rechaza las interpelaciones.
Los antecedentes recientes muestran las dificultades que enfrenta la oposición para conseguir que los funcionarios concurran. En 2025, la comisión trató proyectos de interpelación luego de que la Cámara aprobara emplazamientos, un mecanismo que obliga a una comisión a reunirse y dictaminar sobre un asunto.
A partir de ese procedimiento se aprobaron las interpelaciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, en el marco del caso de la criptomoneda $Libra, solo Francos concurrió a responder preguntas, mientras que los otros funcionarios se ausentaron.
El 9 de octubre de 2025, Diputados también aprobó la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ninguno de los dos asistió.
Denuncias penales contra funcionarios del Gobierno
La ofensiva opositora también avanzó por la vía judicial. El diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra Javier Milei, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Santiago Caputo.
“(Javier Milei) si sabía y fue parte del operativo, acaba de ayudar a un acusado en la justicia a pro fugarse. El Presidente sigue atentando contra el vínculo diplomático con nuestro principal socio y hermano regional”, sostuvo.
En su presentación, Paulón afirmó que Bolsonaro salió del país en un avión privado perteneciente a un empresario que, según señaló, mantiene vínculos con sectores del oficialismo y fue mencionado en investigaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad y el exdiputado José Luis Espert.
La exlibertaria Marcela Pagano también presentó una denuncia penal y solicitó preservar pruebas vinculadas con el desplazamiento del dirigente brasileño.
“Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, planteó.
Pagano pidió preservar las grabaciones de las cámaras del puente internacional y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter. Además, reclamó que se investiguen posibles delitos de tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles”, concluyó.
Fuente: TN — Ver noticia original