La orden salió de la Casa Blanca en una noche de sábado y sacudió los cimientos del poder estadounidense. Richard Nixon, el hombre que había llegado a la presidencia prometiendo restaurar el orden y la autoridad, exigía que despidieran al fiscal que investigaba uno de los mayores escándalos políticos de la historia del país. Pero la primera negativa no lo detuvo, y tampoco la segunda.
El 20 de octubre de 1973, el presidente consiguió que Archibald Cox fuera apartado de la investigación de Watergate –el escándalo político que lo obligó a dimitir-, pero para lograrlo provocó las renuncias de dos de los principales funcionarios del Departamento de Justicia y desencadenó una crisis institucional que ya no podría controlar. Aquella jornada pasó a la historia como la Masacre del Sábado por la Noche.
El escándalo: cinco operarios espías
Para entender aquella noche hay que retroceder al 17 de junio de 1972. Esa madrugada, cinco operarios fueron detenidos mientras intentaban reparar equipos de vigilancia instalados en las oficinas del Comité Nacional Demócrata, en el complejo Watergate de Washington –conjunto de edificios del vecindario de Foggy Bottom-. La policía encontró herramientas, equipos fotográficos y dispositivos destinados a obtener información de los adversarios políticos del presidente.
En apariencia, se trataba de un episodio de espionaje electoral. Estados Unidos se encontraba en plena campaña presidencial y Nixon, que aspiraba a la reelección, buscaba consolidar su ventaja frente al candidato demócrata George McGovern. Sin embargo, los detenidos no eran simples delincuentes: algunos tenían vínculos con la campaña republicana y con personas que habían trabajado para el gobierno.
Entre ellos estaba James McCord, antiguo integrante de la CIA y responsable de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente. También Bernard Barker, Virgilio González, Eugenio Martínez y Frank Sturgis. Las investigaciones vincularon el operativo con una red que incluía a G. Gordon Liddy y E. Howard Hunt, dos hombres conectados con el entorno político de Nixon.
El 30 de agosto de dicho año, el presidente anunció públicamente que su asesor John Dean llevó a cabo una investigación interna y aseguró que nadie de la Casa Blanca estaba involucrado en el allanamiento. El mensaje buscaba cerrar el asunto antes de las elecciones de noviembre, en las que Nixon derrotó ampliamente a McGovern.
Pero el caso no desapareció. Las detenciones, los juicios y las declaraciones de los implicados revelaron una trama más amplia. La pregunta ya no era solamente quién ordenó entrar en las oficinas demócratas, sino quién financió la operación, conocía sus objetivos y estaba dispuesto a utilizar el poder presidencial para evitar que la verdad saliera a la luz.
El escándalo Watergate terminaría abarcando escuchas ilegales, utilización de organismos estatales con fines políticos, presiones constantes y un esfuerzo sistemático por controlar los daños. La investigación avanzaba hacia el círculo del presidente, y Nixon se enfrentaba a un problema más grave que el robo de documentos de una campaña rival.
La investigación llegó hasta la Casa Blanca
En febrero de 1973, el Senado creó una comisión especial para investigar las actividades relacionadas con la campaña presidencial de 1972. Las audiencias, transmitidas por televisión, llevaron el caso a los hogares de millones de estadounidenses. Las declaraciones de testigos y antiguos funcionarios evidenciaron que Watergate podía ser apenas una parte de una operación de encubrimiento más amplia.
En abril, el propio Nixon anunció la salida de varios de sus colaboradores más importantes, entre ellos Harry R. Haldeman y John Ehrlichman, dos de sus asesores más cercanos. John Dean, exconsejero de la Casa Blanca, también quedó en el centro de las sospechas. El presidente intentaba demostrar que estaba dispuesto a limpiar su administración, pero la pesquisa seguía avanzando.
El 25 de mayo de 1973 asumió como fiscal especial Archibald Cox, un abogado y profesor de Harvard que supo ocupar el cargo de procurador general durante la presidencia de John F. Kennedy. Su misión era investigar los delitos relacionados con Watergate con suficiente independencia como para que el proceso no quedara bajo el control directo de quienes podían estar involucrados.
Sin embargo, tenía un problema. Para conocer lo que realmente había ocurrido en la Casa Blanca necesitaba acceder a documentos y testimonios que el gobierno se resistía a entregar. Nixon sostenía que debía proteger la confidencialidad de sus conversaciones, mientras Cox consideraba que la investigación no podía avanzar si se le impedía examinar pruebas decisivas.
La disputa alcanzó un punto crítico cuando se conoció la existencia de un sistema secreto de grabación instalado en la Casa Blanca por orden del propio Nixon. Desde 1971, dispositivos automáticos registraron conversaciones en el Despacho Oval y otros espacios. El sistema fue concebido para conservar un registro de las reuniones, pero terminó convirtiéndose en una amenaza para el hombre que ordenó instalarlo.
El 16 de julio de 1973, Alexander Butterfield, antiguo funcionario de la Casa Blanca, reveló ante el comité del Senado que existían aquellas grabaciones. La noticia cambió la investigación: ya no dependía únicamente de declaraciones que podían ser discutidas o desmentidas. Existían registros de las conversaciones del presidente y sus colaboradores.
Cox entendió que las cintas permitirían reconstruir las decisiones tomadas en los momentos cruciales del escándalo y solicitó acceso a ellas. Nixon se negó y el enfrentamiento se convirtió en una batalla judicial que amenazó con comprometer la supervivencia de su presidencia.
Las cintas que Nixon no quería entregar
El presidente argumentaba que la confidencialidad de los diálogos era indispensable para el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Sostenía que si cualquier fiscal accedía a sus deliberaciones privadas, se debilitaría la capacidad de gobernar.
Por su parte, Cox entendía que ningún privilegio presidencial podía servir para bloquear una investigación criminal. Así planteada la polémica, tanto Cox como el comité del Senado solicitaron las cintas vinculadas con el caso. Nixon rechazó los requerimientos y el conflicto llegó a los tribunales. En octubre, una corte federal de apelaciones confirmó la obligación de entregar nueve grabaciones reclamadas.
La Casa Blanca intentó buscar una salida negociada. El 19 de octubre, Nixon propuso un acuerdo según el cual el senador demócrata John Stennis escucharía las cintas y prepararía resúmenes para el fiscal. La propuesta pretendía ofrecer una alternativa a la entrega directa de las grabaciones.
Pero el plan tenía un problema fundamental: Cox no podría examinar por sí mismo los registros ni verificar de manera independiente que los resúmenes fueran completos. Stennis, además, tenía problemas de audición y el procedimiento dejaba en manos de un tercero la selección de lo que se consideraría relevante para la investigación. Por eso el fiscal rechazó el acuerdo.
La negativa enfureció a Nixon. El presidente consideró que el fiscal desafió su autoridad y decidió que debía ser apartado. La discusión dejó de ser una disputa técnica sobre la entrega de documentos: se convirtió en un enfrentamiento directo entre el Poder Ejecutivo y un funcionario que se negaba a ceder ante sus exigencias.
La noche de las renuncias
El sábado 20 de octubre de 1973, Nixon ordenó al fiscal general Elliot Richardson que despidiera a Cox. Richardson había asumido el cargo en mayo y aceptó la responsabilidad de garantizar una investigación independiente. Durante el proceso de su confirmación ante el Senado, se comprometió a respetar la autonomía del fiscal especial.
Ante la orden presidencial se encontró frente a una decisión que podía comprometer su carrera y reputación. Cumplir significaba traicionar la garantía que ofreció al Congreso; negarse era desafiar al presidente al que formalmente respondía. Y eligió renunciar.
Nixon aceptó su dimisión y recurrió al segundo funcionario en la cadena de mando, el fiscal general adjunto William Ruckelshaus. También él se negó a despedir a Cox y presentó su renuncia. La Casa Blanca anunció su salida. El presidente estaba dispuesto a apartar a cualquiera que no obedeciera.
La responsabilidad recayó entonces en Robert Bork, procurador general de Estados Unidos, que asumió como fiscal general interino. A diferencia de Richardson y Ruckelshaus, aceptó cumplir la orden. Cox fue despedido y el gobierno anunció la abolición de la oficina del fiscal especial de Watergate.
El FBI selló las oficinas vinculadas con la investigación y el personal recibió instrucciones que restringían el acceso a los documentos. La operación fue interpretada como un intento de frenar el avance de las pesquisas y controlar la información que podía comprometer a la Casa Blanca.
En unas pocas horas, Nixon provocó la salida de dos altos funcionarios de Justicia y la destitución del hombre encargado de investigar el escándalo que lo amenazaba. La secuencia fue tan extraordinaria que los medios estadounidenses le dieron un nombre que quedaría para siempre asociado con el caso: La masacre del sábado por la noche.
La reacción imprevista y la renuncia del presidente
La destitución de Cox no cerró Watergate. Por el contrario, generó una reacción inmediata en el Congreso, en la prensa y entre amplios sectores de la opinión pública. Legisladores de ambos partidos expresaron preocupación por la decisión y empezaron a considerar la posibilidad de iniciar un proceso de destitución.
El episodio también debilitó el argumento de Nixon acerca de que no tenía nada que ocultar. Si las cintas no contenían pruebas comprometedoras, sus críticos se preguntaban, ¿por qué llegó al extremo de despedir al fiscal que reclamaba acceso a ellas?
La presión política fue tan intensa que el presidente debió retroceder. El 23 de octubre aceptó entregar algunas de las grabaciones, aunque la disputa por su contenido y por los límites del privilegio presidencial continuó durante meses.
En noviembre, Leon Jaworski fue nombrado nuevo fiscal especial. A diferencia de lo que Nixon esperó, el despido de Cox no terminó con la investigación. El caso continuó bajo una nueva dirección y con un Congreso cada vez más decidido a exigir explicaciones.
Las grabaciones se convertirían en un elemento decisivo. En una de ellas, registrada el 23 de junio de 1972, seis días después del allanamiento, Nixon conversaba con Haldeman sobre la posibilidad de que la CIA interviniera para limitar la investigación del FBI. El contenido de esa charla daba una evidencia contundente del intento de obstruir las pesquisas.
En julio de 1974, la Corte Suprema resolvió por unanimidad que Nixon debía entregar las grabaciones. El fallo estableció que el privilegio presidencial no podía utilizarse para impedir el acceso a pruebas relevantes en un proceso penal. La decisión representó una derrota histórica para el presidente y confirmó que el Poder Ejecutivo no estaba por encima de la ley.
Al mismo tiempo, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó artículos de juicio político contra Nixon por obstrucción de la investigación, abuso de poder y desacato a las citaciones del Congreso. La posibilidad de una destitución se volvió cada vez más concreta.
Así planteadas las cosas, el 8 de agosto de 1974, con el respaldo político prácticamente perdido y ante la perspectiva de ser removido del cargo, Nixon anunció que renunciaría. Al día siguiente dejó la presidencia y fue sucedido por Gerald Ford.
Fuente: Infobae — Ver noticia original