La Justicia de Brasil activó la orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro luego de que quedara firme la condena a cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia. La resolución fue dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien también dispuso la cancelación de los pasaportes del ex diputado, que actualmente reside en Estados Unidos. La decisión se produjo después de que se agotaran las instancias de apelación. Moraes incorporó a Bolsonaro al registro de condenados con órdenes de detención pendientes y consideró que la sentencia ya no admite nuevos recursos. Por el momento, no se informó si las autoridades brasileñas iniciarán un procedimiento para solicitar su extradición. La condena y las restricciones políticas El fallo se originó en una causa por las gestiones que Eduardo Bolsonaro realizó desde Estados Unidos para presionar a las autoridades brasileñas en favor de su padre, Jair Bolsonaro, quien enfrentaba un proceso judicial por el intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022. La Primera Sala del Tribunal Supremo había condenado por unanimidad al ex diputado el 16 de junio de 2026. Dos semanas antes de la orden de arresto, el tribunal había rechazado la última apelación de la defensa y mantenido el régimen de cumplimiento inicialmente semiabierto. Además de la pena de prisión, Eduardo Bolsonaro recibió una inhabilitación política de ocho años, que le impide ocupar cargos públicos hasta 2038. Los abogados habían argumentado que el proceso constituía una persecución política. Sin embargo, con el rechazo de los últimos recursos, la sentencia adquirió la condición de cosa juzgada y quedó habilitada su ejecución. Las gestiones desde Estados Unidos El caso se vincula con la actividad que Eduardo Bolsonaro desarrolló desde comienzos de 2025, cuando se instaló en Estados Unidos y dejó su banca en la Cámara de Diputados. Desde allí buscó el respaldo de la administración de Donald Trump para cuestionar el proceso judicial contra su padre. A fines de julio de 2025, Washington sancionó al juez Alexandre de Moraes, al que acusó de ordenar detenciones arbitrarias que vulneraban los derechos humanos. Por su parte, Trump calificó el juicio contra Jair Bolsonaro como una “caza de brujas” y utilizó el proceso como argumento para imponer aranceles del 50% a buena parte de las importaciones brasileñas. En julio de 2025, Moraes también había ordenado congelar las cuentas y los bienes de Eduardo Bolsonaro ante la sospecha de que se utilizaban para financiar las gestiones destinadas a presionar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En septiembre de ese año, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado. La causa contra su hijo avanzó por separado y derivó en la sentencia que ahora quedó firme. Otros antecedentes judiciales La condena por coacción a la Justicia no es el único antecedente reciente de Eduardo Bolsonaro. En septiembre fue sentenciado a un año de prisión por difamar a la diputada Tabata Amaral. Además, fue destituido de su puesto como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo. Mientras permanezca fuera de Brasil, la ejecución de la orden tiene un alcance limitado. La cancelación de sus pasaportes restringe sus movimientos y la disposición judicial lo expone a ser detenido si regresa al territorio brasileño. La posibilidad de que se concrete una extradición, sin embargo, todavía no fue informada. La orden de detención se conoció en plena campaña electoral, cuando Flávio Bolsonaro, hermano del condenado, se prepara para disputar la segunda vuelta presidencial con Lula da Silva el 25 de octubre.
Fuente: A24 — Ver noticia original