Los diputados provinciales del Bloque Justicialista presentaron este viernes una denuncia penal ante la Justicia provincial y la federal contra el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, el ministro de Economía provincial, Alejandro Abraam, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Los acusan de haber creado una deuda de más de $446.000 millones sin autorización legislativa. En conferencia de prensa, los legisladores explicaron por qué consideran que la operación es ilegal.

“Un adelanto de coparticipación no es una deuda”, sostuvo el diputado Santiago Pérez Pons. “Nación adelanta fondos para cubrir una falta de caja y esa plata se devuelve en el mismo año. Una deuda es otra cosa: se paga en años futuros y compromete presupuestos que todavía no existen. Por eso el artículo 63 de la Constitución del Chaco exige una ley previa, votada por dos tercios de la Legislatura. El Gobierno tomó adelantos y los convirtió en deuda. Y esa ley nunca se votó”, afirmó.

 El diputado Santiago Pérez Pons, durante la conferencia en la que el bloque justicialista explicó la denuncia contra Zdero. 

Cómo se armó la deuda

Según el legislador, la maniobra se repitió dos veces. “En marzo de 2025 tomaron un adelanto de 120.000 millones y en diciembre firmaron un convenio con Nación que lo transformó en 76.010 millones de deuda, en cuotas hasta junio de 2027. En abril de 2026 hicieron lo mismo: un adelanto de 400.000 millones que, con el Decreto 1823 de agosto, pasó a ser deuda al 15% anual, con pagos en 2027 y 2028”, detalló.

“No lo decimos nosotros: lo dice el propio Gobierno”, remarcó Pérez Pons. Explicó que en el registro oficial de deuda pública de la provincia figura una deuda llamada “Convenio REOR – Nación”, que en diciembre de 2024 era cero, en diciembre de 2025 llegaba a 76.010 millones y en agosto de 2026 ya sumaba 446.259 millones. “Los números salen de sus propios registros”, agregó.

El diputado también llevó la cifra al bolsillo de los chaqueños: “Hoy cada chaqueño ya debe 390.000 pesos. Una familia tipo, más de un millón y medio. Y nadie lo votó”.

Además, cuestionó el argumento oficial del desendeudamiento. “Se cansaron de decir durante tres años que venían a pagar la deuda de la gestión anterior. La deuda no bajó: cambiaron de acreedor y tomaron más deuda sin autorización”, disparó. Según sus cálculos, medida en dólares para sacar el efecto de la inflación, la deuda total de la provincia pasó de US$369 millones en diciembre de 2023 a US$572 millones en agosto de 2026, un aumento del 55%: 203 millones de dólares más.

El impacto en 2027 y 2028

Sobre las consecuencias, Pérez Pons advirtió que en 2027 le retendrán al Chaco $336.465 millones de coparticipación. “Es plata que no va a estar para salarios, para salud ni para obra pública, y el Presupuesto 2027 ni siquiera se votó”, alertó. Y agregó que para 2028 quedarán otros $49.662 millones por pagar, cuando la actual gestión ya haya terminado. “Están hipotecando el futuro de los chaqueños”, resumió.

“Los decretos no cumplen con ninguno de los requisitos de la Constitución ni de la Ley de Administración Financiera. No existe ley previa que autorice esta operación. Por eso fuimos a la Justicia”, concluyó el legislador.

Fuente: Crónica — Ver noticia original