La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, una serie de modificaciones en el plan de facilidades de pago de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en un contexto marcado por el alto nivel de morosidad que afecta a la industria este año. El objetivo es facilitar el acceso de las pymes a este régimen de regularización de deudas frente a la “delicada situación económica” por la que transita el sector productivo.
El plan de facilidades de pago, reglamentado por la Resolución General 5924/2026, permite a los contribuyentes regularizar obligaciones fiscales vencidas mediante un esquema de cuotas en lugar de cancelar la totalidad del saldo de forma inmediata. Incluye obligaciones impositivas, de seguridad social y aduaneras, junto con intereses y, según el plan, multas. Actualmente, las pymes pueden saldar obligaciones ante la entidad fiscal vencidas al 31 de octubre de 2026 en hasta 18 cuotas, con un pago inicial del 5% y una tasa de financiación del 2,75% mensual.
La solicitud formal fue enviada al Palacio de Hacienda este viernes 6 de noviembre, con las firmas del presidente de la CAME, Ricardo Diab, y de la secretaria general, Beatriz Tourn. En el documento, la organización agradeció al funcionario por “la comprensión demostrada hacia la realidad del sector” y valoró la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y embargos, la que calificó como “una ayuda significativa para las micro, pequeñas y medianas empresas”.
A pesar de que la ARCA prevé condiciones especiales para los pequeños contribuyentes, la CAME consideró necesarios algunos ajustes al régimen para que “esta asistencia resulte plenamente efectiva y viable en el contexto actual”:
- Eliminar la exigencia del anticipo del 5% de la deuda consolidada: desde la Confederación señalaron que representa una “barrera de acceso para las empresas que atraviesan una situación de ahogo financiero, producto de la caída de la actividad económica”. A esto se suman los gastos adicionales por honorarios profesionales para lograr el levantamiento de embargos.
- Ampliar el plazo de financiamiento: reclamaron extender la cantidad de cuotas de 18 a 48, de acuerdo al gran volumen de deuda acumulada. Estimaron que el plazo actual resulta “insuficiente” para refinanciar la totalidad de las deudas en mora y establecer un esquema de pago acorde con la capacidad financiera de las empresas.
El pedido hizo hincapié en que está orientado específicamente a beneficiarios de las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con su Certificado MiPyME vigente. Se fundamentó por “la delicada situación económica por la que transita el sector productivo”, puesto que observó que “la falta de liquidez dificulta responder a exigencias de pago iniciales rígidas”. Y evaluó “imprescindible” adecuar estos marcos normativos para “preservar el entramado pyme y sostener la actividad económica”.
“Desde CAME consideramos fundamental que las herramientas de regularización fiscal contemplen la realidad económica del sector y establezcan condiciones accesibles que permitan a las pymes cumplir con sus obligaciones sin comprometer la continuidad de su actividad”, concluyeron a través del comunicado.
Fuente: La Nación — Ver noticia original