El Gobierno iniciará este martes la defensa a su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir que se ordenen medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
Las audiencias se extenderán hasta el miércoles y será la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
La comitiva oficial estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la integran el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, que actuará como agente; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.
La defensa suma además a tres especialistas internacionales. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal, que representó al país en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó liberar el buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.
Según el cronograma oficial, el martes la Argentina hablará de 10 a 13 y el Reino Unido de 15 a 18. El miércoles habrá una segunda ronda con repreguntas: la delegación argentina irá de 10.30 a 12 y la británica de 17.30 a 19. Las exposiciones serán en inglés o francés y se podrán seguir por streaming en el sitio del Tribunal.
El pedido forma parte del arbitraje que el Gobierno inició contra el Reino Unido el pasado 28 de septiembre dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Como el tribunal arbitral todavía no está constituido, el 13 de octubre la Argentina recurrió a Hamburgo para solicitar que se prevenga el inicio o la continuación de la extracción de hidrocarburos en la plataforma continental, que el Reino Unido se abstenga de agravar la disputa y que deje de impedir que el país cumpla con su obligación de proteger el medio marino.
El argumento central, según el Gobierno, es que la explotación inminente generaría un hecho consumado irreversible y un daño irreparable a los derechos argentinos, por lo que el reclamo no puede esperar los tiempos habituales de conformación del tribunal arbitral. Las empresas proyectan comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.
Tras las audiencias, el Gobierno estima que el Tribunal dictará su orden en un plazo de entre dos y cuatro semanas, es decir, hacia la segunda mitad de noviembre o comienzos de diciembre. El antecedente que mencionan es el de la fragata Libertad, retenida en Ghana. En aquel episodio, la Argentina pidió medidas el 14 de noviembre de 2012, los jueces escucharon a las partes el 29 y 30, y el buque fue liberado el 15 de diciembre. Aclaran, sin embargo, que ese caso no fija un plazo obligatorio.
Según explicaron fuentes oficiales, en el Ejecutivo evalúan tres escenarios. El primero es que el Tribunal acepte todo el planteo y ordene cesar la actividad. En ese caso, según afirmó el Gobierno, el Reino Unido ya se comprometió a acatar la orden, lo que detendría la explotación hasta que se resuelva el arbitraje.
El segundo es una decisión intermedia, con algunos pedidos aceptados y otros no. El tercero es que rechace la solicitud por falta de condiciones de urgencia o de jurisdicción prima facie. En ese supuesto no habría medidas, pero el arbitraje continuaría y la Argentina podría volver a pedir cautelares cuando el tribunal arbitral esté constituido. El Gobierno remarcó que ningún resultado implicaría darle validez legal a la actividad británica.
En la previa, en la Casa Rosada transmitieron optimismo sobre la audiencia, pero admitieron que la decisión depende de los magistrados y que el resultado no está garantizado. También aseguraron que mantendrán la ofensiva jurídica sin importar el fallo.
La estrategia oficial incluye otros frentes. Desde la cadena nacional que encabezó el Presidente en septiembre, el Gobierno envió más de 180 notas de desaliento a empresas vinculadas a Sea Lion y a los proyectos de exploración en la zona disputada, a sus proveedores de servicios, a licenciatarias de permisos de pesca y a los países de origen de esas compañías. Además inició 60 procedimientos sancionatorios -aunque en Balcarce 50 reconocen que todavía no se aplicaron penalidades definitivas- y presentó denuncias penales contra empresas y personas involucradas. Entre ellas, abrió procedimientos sancionatorios y penales contra la compañía Thales UK Limited por vuelos no autorizados en el espacio aéreo soberano con destino a las islas.
Ese esquema se completa con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a sustituir la Ley 26.659 y crearía el Sistema de Seguridad Nacional. Según el Gobierno, tiene tres pilares: castigar la explotación ilegítima de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos y la plataforma continental; generar incentivos para que los involucrados abandonen esa conducta, y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
La iniciativa ya tiene dictamen en Diputados, pero persisten diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques aliados, en particular por las atribuciones y el control parlamentario del Consejo de Seguridad Nacional que contempla. A eso se suman la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, para reforzar la presencia en la Antártida y el control del Atlántico Sur, y la profundización de los reclamos diplomáticos históricos ante los organismos de Naciones Unidas.
Fuente: TN — Ver noticia original