La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y ordenó una serie de medidas preliminares para investigar si el gobierno de Javier Milei encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos a través de la Argentina. La causa busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del dirigente brasileño.
Entre las medidas ordenadas, Capuchetti requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño.
El objetivo es establecer si existieron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre las medidas dispuestas por la Justicia de Brasil y si esa información estaba disponible para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro atravesó la frontera.
Por otra parte, la jueza solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los procedimientos de control migratorio aplicados durante los dos movimientos del dirigente: su ingreso a la Argentina por la frontera terrestre con Brasil y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú.
Flávio Bolsonaro y su familia aterrizó en Miami luego de despegar de Puerto Iguazú.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los movimientos del dirigente y su familia durante las horas que permanecieron en territorio argentino. Para eso, Capuchetti pidió información de las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina.
El requerimiento comprende los registros correspondientes al 27 de octubre de 2026 y hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre, período durante el cual Bolsonaro atravesó la frontera y se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú.
En tanto, la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú desestimó dos denuncias por el presunto ingreso irregular al país de Bolsonaro. La decisión fue adoptada por el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, quien consideró que no existió delito.
Según la presentación fiscal, Interpol informó que no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra el dirigente brasileño al momento del informe. La fiscalía sostuvo que Bolsonaro “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino”.
Fuente: Crónica — Ver noticia original