José Luis Espert apeló su procesamiento por lavado de activos en relación a una transferencia de USD 200.000 proveniente de una firma asociada a Federico “Fred” Machado. También pidió que se deje sin efecto la prohibición de salida del país y el embargo de mil millones de pesos.
A su vez, pidió su sobreseimiento al sostener que la resolución del juez de San Isidro, Lino Mirabelli, se apoya en un delito precedente aún no probado, incorpora hechos de otra causa y le impone medidas que considera sin fundamento.
El economista sostuvo que el procesamiento se concentró en una transferencia recibida desde Estados Unidos, la aplicación de esos fondos a dos automóviles y la contabilidad de su firma Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituyó con su esposa en 2019.
La defensa, a cargo de Claudio Lamela, cuestionó que el juzgado haya calificado esa operación como lavado de dinero pese a que el exhorto enviado a Estados Unidos para determinar el origen de los activos todavía no recibió respuesta.
Asimismo, indicó que el fallo descartó que “un fideicomiso de la costa y un vehículo pagado a fines de 2024” estuvieran vinculados con los fondos investigados. También afirmó que el juez reconoció que no hay razones para cuestionar su idoneidad profesional para prestar el servicio de consultoría contratado.
Explicó que la resolución también contempló que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia podrían corresponder a una cuestión impositiva. El dirigente remarcó que esa eventual sospecha pertenece a la vía administrativa y no configura, a su entender, una maniobra de lavado.
La defensa
El ex candidato libertario sostuvo que no hubo ocultamiento porque la transferencia bancaria llegó a una cuenta a su nombre, los vehículos fueron adquiridos mediante operaciones registradas y la sociedad tenía domicilio en su vivienda. También señaló que los salarios de la empresa fueron declarados ante el fisco.
Sobre el acuerdo de consultoría, indicó que no fue exhibido ante bancos, registros ni organismos durante cinco años. Afirmó que “un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado”.
Además, negó que Machado hubiera recibido dinero de regreso y señaló que los fondos permanecieron en su cuenta, se utilizaron a su nombre y tributaron impuestos. En ese punto, Espert remarcó que “un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”.
El dirigente de la LLA reprochó que el juez considerara que debía conocer actividades ilícitas de Machado a partir de conversaciones de abril de 2021, posteriores a la transferencia bajo investigación. En su presentación, contrapuso ese criterio con los vínculos que, según enumeró, Machado mantuvo con la Armada Argentina, la UIF, la IGJ, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA.
En esa línea, mencionó que empresarios, deportistas, figuras públicas y dirigentes políticos tuvieron trato con Machado o viajaron en sus aviones. “¿Debo ser clarividente yo?”, preguntó al referirse al estándar que, según afirmó, utilizó el juez para atribuirle conocimiento.
Sobre Varianza, Espert señaló que la empresa nunca facturó a Machado ni a sociedades relacionadas con él y que tampoco recibió fondos de la operación. Agregó que el auto calificó su intervención como “de escasa relevancia”.
Antecedentes
La causa tuvo origen en el vínculo que, durante la campaña presidencial de 2019, mantuvieron el economista y exdiputado José Luis Espert y Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos. Actualmente, Machado continúa detenido. En aquel armado político, el empresario aportó recursos logísticos, incluido el uso de aeronaves.
La pesquisa judicial puso el foco en una transferencia de USD 200.000 recibida por Espert en enero de 2020 en una cuenta bancaria del exterior. El envío provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma que, según la investigación, formaba parte de la estructura comercial empleada por Machado.
Para justificar la procedencia de ese dinero, Espert presentó un contrato de consultoría por USD 1 millón con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., servicio que no llegó a brindar.
El fiscal Fernando Domínguez y el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli evaluaron ese acuerdo como una posible maniobra destinada a justificar el ingreso de fondos.
Según respondió Espert, el acuerdo existió, los USD 200.000 fueron un anticipo no reintegrable y él desconocía el presunto origen ilícito de los fondos.
Fuente: Infobae — Ver noticia original