La atención médica en Honduras continúa afectada por una crisis que suma 39 días, mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a consultas y otros servicios hospitalarios. En medio de este escenario, el Gobierno advirtió que podría aplicar las disposiciones legales correspondientes si persiste la interrupción de labores por parte del gremio médico. El viceministro de Trabajo, Daniel Discua, fijó el viernes como plazo para avanzar en la resolución de los pagos pendientes y pidió a los profesionales de la salud retomar la atención a los pacientes mientras continúan las conversaciones con las autoridades. El funcionario reconoció que el derecho a huelga está contemplado en la Constitución de la República, pero señaló que su ejercicio está sujeto a regulaciones específicas cuando involucra servicios públicos esenciales, como la salud y el transporte. Discua cuestionó que médicos que ya recibieron sus salarios continúen participando en las medidas de presión en solidaridad con compañeros que todavía esperan sus remuneraciones. Según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Trabajo, el sistema sanitario hondureño cuenta con aproximadamente 6,900 médicos, de los cuales unos 5,300 tienen plazas permanentes y, de acuerdo con el funcionario, están al día con sus salarios y beneficios. A este grupo se suman alrededor de 1,600 profesionales contratados o que trabajan bajo la modalidad de interinato. De ellos, aproximadamente 1,000 ya habrían recibido sus pagos. Con base en estos datos, Discua sostuvo que cerca del 90 % de las planillas médicas está al día, mientras que los atrasos salariales afectan a una parte del personal contratado. El conflicto se mantiene debido a los reclamos de los trabajadores que todavía no reciben sus remuneraciones y a las medidas adoptadas por el gremio para exigir una solución. Sin embargo, el Gobierno sostiene que se encuentra buscando alternativas administrativas para cumplir con los pagos y normalizar los servicios. Entre las causas de los retrasos, el viceministro mencionó dificultades administrativas, problemas relacionados con las cuentas bancarias de algunos trabajadores y nombramientos efectuados durante la gestión de anteriores autoridades. Discua aseguró que el Gobierno no ha negado el derecho de los médicos a recibir sus salarios y afirmó que las conversaciones continuarán con el objetivo de atender los compromisos pendientes. ¿Qué acciones legales podría aplicar el Gobierno? El representante de la Secretaría de Trabajo explicó que la institución no puede iniciar de oficio un procedimiento contra los médicos por las medidas adoptadas, sino que necesita una solicitud de parte interesada. Asimismo, indicó que el Código del Trabajo establece disposiciones para determinar la legalidad o ilegalidad de una huelga, según el cumplimiento de los requisitos correspondientes. En el caso de las asambleas informativas convocadas por los profesionales de la salud, Discua señaló que existe una discusión jurídica, debido a que los médicos sostienen que no se encuentran en huelga. El funcionario afirmó que uno de los requisitos esenciales para declarar una huelga es haber agotado previamente la vía del diálogo. Según su versión, las conversaciones con los representantes del sector continúan, por lo que considera que ese proceso no se ha agotado. La advertencia del Gobierno dependerá de cómo evolucione el conflicto y de los procedimientos que puedan promoverse conforme a la legislación vigente. Discua señaló que, si persiste la suspensión de los servicios, el Estado procederá de acuerdo con la ley. También manifestó preocupación por la posibilidad de que las acciones respondan a intereses políticos y no únicamente a las demandas laborales de los trabajadores. Esta interpretación fue planteada por el funcionario en medio de las negociaciones. Discua aclaró que una eventual audiencia de descargo contra los médicos corresponde directamente a la Secretaría de Salud, por ser la institución que mantiene la relación laboral con el personal sanitario. En ese escenario, la Secretaría de Trabajo podría participar en calidad de acompañante, siempre que la institución responsable lo solicite. El viceministro insistió en que los principales afectados por la interrupción de los servicios son los pacientes, quienes dependen de los hospitales y centros asistenciales públicos para recibir consultas, tratamientos y atención médica. Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades del Colegio Médico de Honduras para que dialoguen con sus agremiados y contribuyan a encontrar una salida al conflicto.
Fuente: Infobae — Ver noticia original