El Gobierno deterioró los ingresos de los integrantes de las FFAA, llevó a su obra social a una crisis financiera y ahora avanza sobre sus trabajadores, sus servicios y su patrimonio. La defensa nacional no puede sostenerse sobre el ajuste a quienes tienen la responsabilidad de garantizarla. Milei proclama un supuesto compromiso con las Fuerzas Armadas, pero sus decisiones muestran una realidad muy distinta. Desde diciembre de 2023, los integrantes de las Fuerzas Armadas acumulan una pérdida salarial en torno al 28% de su poder adquisitivo. A ese deterioro se suma la crisis de su obra social, que cerró 2023 con superávit y que, luego de dos años bajo la conducción de Luis Petri en el Ministerio de Defensa, terminó acumulando un pasivo estimado en más de 200.000 millones de pesos. Su sucesor, el teniente general Carlos Presti, lejos de encarar una reconstrucción, profundiza un desguace que amenaza puestos de trabajo, prestaciones médicas y patrimonio público.
El ajuste sobre las Fuerzas Armadas tiene dos caras de una misma moneda. Salarios que pierden frente a la inflación y una cobertura de salud que se deteriora. No se puede hablar de jerarquización militar mientras quienes visten el uniforme pierden una parte sustancial de sus ingresos, enfrentan dificultades para sostener a sus familias y encuentran cada vez más obstáculos para acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones médicas. El reconocimiento a las Fuerzas Armadas no se demuestra con discursos ni ceremonias, sino con decisiones concretas que dignifiquen su tarea y su rol central en la defensa de la soberanía.
El 5 de febrero, mediante el DNU 88/2026, el Gobierno dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y creó la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). En su artículo 7°, el decreto estableció la transferencia total de los activos y del personal a la nueva entidad. Nueve meses después, aquella garantía fue modificada y lo que se presentó como una reorganización destinada a asegurar la continuidad de las prestaciones muestra las características de un proceso de desmantelamiento.
El 28 de octubre, otro decreto de Milei sustituyó aquel artículo. Ahora la OSFA incorporará únicamente al personal que considere necesario de acuerdo con sus necesidades operativas. El Gobierno justifica esta decisión en la reducción de la población beneficiaria. Pero esa disminución no apareció sorpresivamente en octubre, fue consecuencia directa de la decisión adoptada en febrero, cuando el propio Gobierno separó a Gendarmería y Prefectura en otra obra social. Lo que hoy se presenta como una circunstancia que obliga a reducir personal era una consecuencia perfectamente previsible de su propia reforma. No hay improvisación que pueda justificar semejante contradicción.
El vaciamiento avanzó por etapas. Primero, una estructura aprobada en agosto que prescindió de las áreas de Turismo y Farmacia. Después, una resolución de septiembre del ministro Presti que reasignó a las Fuerzas inmuebles donde funcionan dependencias de la obra social, sin resolver adecuadamente la situación de sus trabajadores. Finalmente, el decreto de octubre que dejó sin efecto la garantía de transferencia integral del personal. Cada decisión restringe las capacidades que la anterior decía preservar. El resultado es una obra social cada vez más reducida, con menos trabajadores, menos servicios propios y crecientes interrogantes sobre su patrimonio.
Según denuncian las organizaciones sindicales, de los aproximadamente 2.450 trabajadores del IOSFA, el Gobierno pretende conservar apenas 1.000. Más de 1.400 puestos de trabajo quedarían comprometidos, con incertidumbre sobre la continuidad laboral y las notificaciones previstas para las próximas semanas. Hay situaciones críticas en Rosario, Santa Fe, La Plata, Punta Alta, Puerto Belgrano, Misiones y Mendoza. Muchos de estos trabajadores llevan entre 15 y 20 años cumpliendo funciones permanentes. No son números de una planilla: son familias, trayectorias laborales y conocimientos indispensables para sostener un sistema de salud de alcance nacional. Hasta ahora, tampoco se han explicado públicamente los criterios concretos que determinarán quién continúa y quién queda afuera.
Un trabajador menos en una obra social puede significar un turno que no se otorga, una autorización que se demora o un afiliado que no encuentra respuesta. El cierre dispuesto de las farmacias propias y la baja de sus habilitaciones sanitarias constituyen otro golpe a una red de atención de la que dependen más de 320.000 beneficiarios. A esto se suma la reducción prevista de delegaciones, de 24 a 13, y el cierre de centros médicos propios. En muchas localidades del interior, donde las alternativas de atención son escasas, cerrar una delegación no es simplificar una estructura administrativa: es alejar a la familia militar de su derecho a la salud.
El Gobierno anunció en octubre la cancelación de deudas con prestadores. Sin embargo, trabajadores y afiliados continúan denunciando cirugías suspendidas por falta de insumos en el Hospital Militar Central y en Campo de Mayo, además de dificultades para acceder a medicación oncológica. Estas denuncias requieren respuestas inmediatas. Si los pagos fueron realizados, ¿por qué no se normalizaron las prestaciones? ¿Qué deudas permanecen pendientes? ¿Quién garantiza la continuidad de los tratamientos? La salud de los militares, de los retirados y de sus familias no puede quedar atrapada entre anuncios oficiales y una realidad cotidiana que los contradice.
Salarios deteriorados y una crisis que amenaza la defensa nacional
La situación es todavía más grave cuando se observa el deterioro de los salarios. Una pérdida cercana al 28% del poder adquisitivo significa que, por cada 100 pesos de capacidad de compra que tenía un militar al inicio de la gestión, hoy conserva aproximadamente 72. La caída afecta particularmente a los grados inferiores, donde los ingresos resultan insuficientes para afrontar las necesidades de una familia. Incluso se han multiplicado las dificultades para cumplir con obligaciones financieras y la necesidad de buscar ingresos complementarios. Es una contradicción profunda: se les exige a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas disponibilidad, disciplina y compromiso permanente, mientras el Estado menoscaba sus condiciones materiales de vida.
La combinación de salarios depreciados y prestaciones médicas debilitadas afecta también la capacidad operativa de la defensa nacional. No hay política de defensa consistente si se descuida a quienes deben garantizarla. La formación de un militar requiere años de inversión pública, capacitación y experiencia. Cada profesional que abandona la institución por falta de perspectivas salariales representa una pérdida difícil de reemplazar. La soberanía se defiende con hombres y mujeres capacitados, adecuadamente remunerados y respaldados por un sistema de protección social que funcione.
Luis Petri y sus funcionarios deben responder por el deterioro financiero ocurrido durante sus dos años al frente de Defensa. Carlos Presti, en lugar de revertir esa situación, avanza con decisiones que reducen la estructura de la obra social y ponen en riesgo su capacidad de atención. Resulta especialmente contradictorio que sea precisamente un teniente general del Ejército, el primer militar en conducir el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia, quien impulse medidas de semejante impacto sobre la comunidad militar. Su pertenencia a las Fuerzas Armadas debería traducirse en una comprensión más profunda de las necesidades de quienes las integran, no en la aceptación de un ajuste que lesiona sus derechos.
Hay, además, otro capítulo que exige explicaciones: el destino de los bienes. El decreto fundacional establece mecanismos para la restitución de inmuebles a las jurisdicciones que los aportaron, mientras Defensa ha informado que se encuentra en estudio la transferencia de hoteles y centros recreativos. Sin embargo, también se conoció la revisión de la situación jurídica de 44 inmuebles, entre hoteles, delegaciones, farmacias y establecimientos recreativos, con posible intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El Gobierno debe transparentar cada decisión antes de avanzar sobre un patrimonio construido para servir a generaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas.
Primero se perjudicaron las finanzas, después se redujeron las prestaciones, más tarde se avanzó sobre el personal y ahora se revisa el destino de los bienes. La secuencia desnuda la voluntad del generar las condiciones para que la crisis impuesta termine siendo utilizada para justificar el retiro del Estado y abrir camino a la privatización de servicios y activos. No puede aceptarse que los problemas generados o profundizados durante una gestión se conviertan en el argumento para liquidar las capacidades públicas que deberían recuperarse. Una crisis financiera se enfrenta con responsabilidad, transparencia y buena administración, no desmantelando la institución que debe garantizar derechos. No pueden quedar impunes sus responsables.
Mientras tanto, la falta de respuestas también se expresa en el Congreso de la Nación. En la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados permanecen sin tratamiento al menos 19 proyectos presentados este año, vinculados con la situación de la obra social militar. Hemos reclamado que comparezcan los funcionarios responsables para explicar el origen de la deuda, el deterioro de las prestaciones, las decisiones sobre el personal y el destino del patrimonio. El oficialismo y sus aliados no pueden seguir impidiendo que el Congreso ejerza sus facultades de control. Es urgente constituir una comisión investigadora que permita esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades de la gestión del actual diputado Luis Petri y examinar las decisiones que actualmente adopta Carlos Presti.
La Argentina necesita Fuerzas Armadas modernas, profesionales, ya plenamente integradas a nuestra democracia. Pero esa aspiración resulta incompatible con una política que reduce sus salarios reales, debilita su sistema de salud y compromete los recursos destinados al bienestar de sus integrantes. La defensa nacional requiere planificación, inversión sostenida y una política de Estado que trascienda a los gobiernos. También exige respeto por quienes eligieron dedicar su vida al servicio de la Nación.
La cobertura de salud de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas es una obligación del Estado, no una concesión. Sus trabajadores no son un gasto prescindible, sino parte esencial de la garantía de ese derecho. Y los militares no pueden seguir siendo objeto de homenajes discursivos mientras sus condiciones de vida se perjudican. No hay defensa nacional posible si el Estado abandona a quienes tienen la responsabilidad de defenderla.
Por Nicolás Trotta, diputado por la Provincia de Buenos Aires e integrante de la comisión de Defensa
Fuente: Ámbito — Ver noticia original