El oficialismo logró dar un paso clave en la Cámara baja al conseguir el dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante un debate de comisiones que estuvo lejos de ser pacífico y se vio marcado por cruces de la oposición frente a los cambios y la presunta injerencia de Estados Unidos.
Como bien se informó, en el plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, la iniciativa de La Libertad Avanza consiguió 60 firmas sobre un total de 104 legisladores presentes, apuntalada por los votos del PRO, la UCR y sectores aliados, con la mira puesta en llevar el texto al recinto el próximo 12 de noviembre.
La reunión -conducida por los referentes libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán- se desarrolló en un clima de marcada tensión y fuertes cuestionamientos por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quienes reprocharon el manejo de los tiempos y la falta de acceso anticipado al texto definitivo que incorporó las modificaciones negociadas con la Casa Rosada.
Video: el cruce en Diputados por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía
Un plenario caliente: cruces, chicanas y rechazo opositor
La oposición cruzó con dureza al oficialismo tanto por el contenido de la iniciativa como por la metodología implementada para acelerar su tratamiento, tras las modificaciones introducidas a raíz de las advertencias formuladas por Estados Unidos en torno a los intereses petroleros en las Islas Malvinas.
La diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, calificó el procedimiento de irregular y sentenció: “Es un dictamen entre gallos y medianoche”. En la misma línea, añadió: “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”.
Por su parte, el legislador Juan Marino recriminó que el oficialismo avanzara sin entregar copias impresas a los bloques: “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, al tiempo que exigió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando Juan Grabois interrogó directamente al presidente del plenario sobre las influencias extranjeras en el articulado: “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”, a lo que el diputado libertario salteño retrucó escuetamente: “No le puedo contestar”.
Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman cuestionó la dinámica legislativa: “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”, mientras que el socialista Esteban Paulón adelantó que su espacio presentó un dictamen de minoría y catalogó la propuesta del oficialismo como “invotable”.
Los ejes centrales del proyecto y los cambios negociados
El proyecto de ley prevé la creación de un régimen estricto de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, contemplando penas de prisión, multas en barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales para empresas infractoras.
Este apartado sufrió recortes tras las reuniones entre el presidente Javier Milei y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, para blindar a las compañías de ese país vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion (impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas en la Cuenca Malvinas).
Asimismo, el texto crea un Consejo de Seguridad Nacional e introduce modificaciones en la legislación de inteligencia. Tras las negociaciones conducidas por la diputada libertaria Silvana Giudici con los bloques dialoguistas, se estableció la prohibición expresa para que el organismo intervenga en seguridad interior (salvo excepciones operativas en infraestructuras críticas y protección marítima).
Además, se impulsa la creación una Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre medidas urgentes. Como dato político institucional, se excluyó de la conducción del Consejo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, en plena tensión con la Casa Rosada.
Finalmente, el artículo referido a la denominada “desinformación masiva” fue reemplazado por la figura de “campaña de injerencia extranjera”, manteniendo las penas de 5 a 12 años de prisión pero excluyendo expresamente al periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
Fuente: Crónica — Ver noticia original