Estela Chávez tiene más de 65 años, una jubilación mínima y seis hijos. Tiene también una casa en un barrio popular de San Fernando donde vive con una de sus nietas. Mariano Franco, su hijo menor, cuenta que solía trabajar en casas particulares, limpiando, como hacen tantas mujeres que terminan criando solas a sus hijos e hijas mientras la prole, a su vez, se cuida, se protege, asume tareas que deberían ser de personas adultas.
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Estela iba de una casa a la otra. En algunas le pagaban el viático, en otras lo tenía que descontar de su ingreso. El trabajo en casas particulares es una de las ocupaciones de las mujeres que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Pero el transporte se empezó a poner pesado como gasto, pesaba más que lo que podía llevar a su casa. Un día, Chávez dejó de trabajar. El cuerpo le pedía descanso y las ecuaciones no daban. Se jubiló con la moratoria, ese derecho al que pudo acceder antes de que venciera el plan. Ahora cobra la mínima.
Hace un mes que Estela no vuelve a la casa. Tampoco pudo ver a su nieta ni a ninguno de sus hijos porque está detenida en la Alcaidía N.º 15, en Chacarita, junto al Parque Los Andes. La acusan de un intento de hurto en un supermercado de cadena con nombre francés. Ni siquiera llegó a cruzar la línea de cajas. Las cámaras registraron cómo intentaba ocultar un corte de carne entre su ropa y los guardias de seguridad la apresaron en la fila de las cajas. Después llegó la policía y después el mes que lleva presa por intentar llevarse un pedazo de carne de un supermercado.
Mariano Franco es el hijo menor de Estela, uno de los que llega hasta la alcaidía una vez por semana para llevarse la ropa sucia de su mamá y dejarle otra limpia, algo de comida, objetos de higiene. No puede verla. Se supone que esa alcaidía aloja a mujeres en tránsito, hasta que se resuelva su situación procesal. La causa CCC 52837/2026 tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. La tentativa de hurto tiene una pena reducida y el Código Procesal Penal fija un plazo de diez días desde la indagatoria para resolver el procesamiento. Estela lleva un mes presa. Su causa se empantanó con otra similar de 2025, también por un presunto intento de llevarse comida de un supermercado. Es una de esas jubiladas que no llegan a fin de mes y tampoco se resignan a morir de hambre, esas personas que para el presidente no existen.
El hecho por el que se procesó a Estela Chávez sucedió el 8 de octubre de 2026. Recién el 26 de octubre, después de que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires hablara con el juzgado y con la defensa, se dictó la prisión preventiva. En su defensa interviene la Defensoría Pública Oficial N.º 15 ante los Juzgados en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Cinco días antes, el 21 de octubre, Estela había tenido una infección urinaria. Tuvo que comunicarse con su defensor, solicitar un traslado, conseguir que la llevaran y recién entonces conseguir un antibiótico. El 3 de noviembre también necesitó otra vez atención médica siguiendo todo el camino que había hecho antes porque las alcaidías no están preparadas para atender a las internas ¿No podría acaso una jubilada acceder a una prisión domiciliaria? Para colmo, el 31 de octubre en el juzgado repararon en que ni en 2025 ni en 2026 el hurto pudo consumarse. ¿Qué justifica que Estela siga detenida?
“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí, está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman, fuman adentro, está en una celda con otras cinco. La semana pasada se descompuso de nuevo y por suerte conseguimos que la saquen al médico”, dice Mariano, bachero, ayudante de cocina, que acaba de quedarse sin trabajo y manda su audio mientras deja currículums en todos lados. “Hago cualquier cosa, lo que sea”, insiste, afligido por la situación de su mamá y por su propia precariedad.
En un informe de 2025 sobre las condiciones de detención de las mujeres en las alcaidías de la Ciudad y las causas por las que estaban detenidas, el Mecanismo advirtió que había aumentado el número de alojadas en los dos lugares de detención habilitados y también la cantidad de días que pasaban en sitios preparados para que una persona permanezca allí entre 24 y 72 horas. En el informe también se describen las condiciones de las alcaidías, construidas por dentro con materiales precarios y sin infraestructura para sostener la vida cotidiana, por ejemplo para lavar y secar la ropa. La mitad de las mujeres relevadas pasó más de 20 días en alcaidías y se registraron detenciones de más de 180 días.
“Mi mamá ya pagó, no puede seguir quedando ahí adentro. Me prometieron que le iban a dar la libertad pero siguen pasando los días. Y además, hay gente con otras causas, mucho peores, que no está como ella, se ve todos los días”, se queja Mariano, preocupado por su madre a quien sólo puede dejarle un paquete por semana, con algún alimento y la ropa limpia. Los problemas de salud son habituales merced al encierro, la falta de sol y la falta de agua. Son preocupaciones que se expresan en el informe del Mecanismo. Consultado sobre el informe y las condiciones de las alcaidías, el ministerio de Seguridad no dio respuesta. Pero además de las condiciones, lo que cae como una piedra en el corazón del sistema de justicia es por qué está detenida Estela Chávez. Por qué un pedazo de carne vale más que su integridad física. Y sobre todo, por qué una jubilada necesita poner en juego su libertad para poder comer. ¿A quién le sirve el castigo? ¿De qué se trata la justicia?